Operación Rápido y Furioso: crece el escándalo

En la noche del 15 de diciembre de 2010, el agente de la Patrulla de Fronteras de Estados Unidos Brian Terry murió a causa de los disparos efectuados por un arma de asalto no registrada que, de manera deliberada, fue puesta en manos de los señores de la droga mexicanos por altos cargos de Estados Unidos mediante la Operación Rápido y Furioso. Desde entonces, la familia Terry y americanos de toda la nación se han preguntado cómo pudo haber sucedido esto.

Y desde entonces, el procurador general Eric Holder ha puesto trabas al Congreso en sus intentos por encontrar respuestas a lo sucedido. Ayer, el presidente Obama se unió a esta iniciativa de poner trabas, haciendo valer el privilegio ejecutivo sobre muchos de los documentos acerca de la operación, los cuales el Congreso ha ordenado que se entreguen pero que aún no han sido recibidos.

El privilegio ejecutivo es legítimo cuando se invoca apropiadamente. Pero incluso entonces, la Corte Suprema ha mantenido que no tiene carácter absoluto. El Departamento de Justicia (DOJ) debe proporcionar una razón convincente para cada afirmación del privilegio. Y proteger una mala conducta nunca ha sido una razón calificativa.

El experto legal de la Fundación Heritage y antiguo asesor del Departamento de Justicia Todd Graziano explica que:

En primer lugar, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en el caso de Estados Unidos contra Nixon (1974) que el privilegio ejecutivo no se puede invocar  en absoluto si la finalidad es proteger una mala conducta. Los tribunales dictaminaron que la pretendida invocación del presidente Nixon del privilegio ejecutivo fue ilegítima, en parte, por esa razón. Existen razones para sospechar que ese podría ser el caso del encubrimiento y la iniciativa de poner trabas en el asunto la Operación Rápido y Furioso. El Congreso necesita llegar al fondo de la cuestión para impedir una invocación ilegal del privilegio ejecutivo y otros abusos de poder. Eso requerirá de un listado de los documentos no desvelados y una explicación de por qué cada uno de ellos está cubierto por el privilegio ejecutivo e incluso habrá más cuestiones.

Le corresponde ahora al Congreso el establecer el razonamiento específico para el privilegio ejecutivo en cada documento no desvelado. Incluso en el improbable caso de que se determine que esta fue una invocación apropiada del privilegio ejecutivo, la administración aún no se ha librado de informar al Congreso de lo que sabe.

Graziano explica además que:

El presidente es requerido cuando se invoca el privilegio ejecutivo a que intente satisfacer de alguna manera las necesidades de información legítima de los otros poderes del Estado. Por ejemplo, no daña al poder ejecutivo el que el presidente renuncie de manera selectiva al privilegio ejecutivo en la mayoría de las ocasiones, incluso si le daña políticamente al exponer un terrible fracaso de su acción política o una mala conducta entre su personal. La historia de las relaciones entre el ejecutivo y el Congreso está repleta de acuerdos y dispensas del privilegio. En contraste con las dispensas voluntarias del privilegio, el Caso Watergate demuestra que unas invocaciones del privilegio equivocadas pueden dañar gravemente al cargo de la presidencia cuando el Congreso y los tribunales imponen nuevos frenos al criterio o al poder del presidente (algunos acertadamente y otros no).

El presidente Obama se encuentra ahora con el escándalo de la Operación Rápido y Furioso. A él le corresponde por completo el decidir si quiere estar a la altura de las promesas de transparencia que hizo hace cuatro años o desplegar un velo de silencio que haría sonrojarse al presidente Richard Nixon. Si las trabas continúan y no se renuncia al privilegio, les corresponderá al pueblo americano y a los medios de comunicación exigir el razonamiento para este encubrimiento.

También es hora de que los medios de comunicación empiecen a informar de forma responsable sobre este escándalo. Durante más de 16 meses, sólo un puñado de reporteros ha investigado los hechos y buscado respuestas de manera apropiada. La mayoría de los miembros de los medios de comunicación nacionales ni siquiera reconocerían la existencia del escándalo. Según se informa, el programa Nightly News de la NBC emitió su primera noticia sobre el escándalo justo el pasado jueves.

Los medios de comunicación nacionales deben seguir ahora el paso de sus colegas las reporteras Sharyl Attkisson de la CBS o Katie Pavlich de Townhall e investigar los hechos y detalles específicos de la operación y la involucración de la administración. Attkisson, como quizás Ud. recuerde, fue increpada y reprendida con dureza en octubre por el vocero de la Casa Blanca Eric Schultz por hacer preguntas sobre la operación Rápido y Furioso.

Pero es que se deben pedir respuestas. ¿Cuándo fue informado por primera vez el presidente Obama sobre esta operación? Dados sus anteriores testimonios conflictivos, ¿cuándo se vio involucrado de verdad el procurador general Eric Holder? ¿Exactamente qué sabía y cuándo lo supo?

A pesar del hecho de que México no fue puesto al corriente por la administración Obama, esto sigue siendo una operación internacional. Si la secretario de Estado Hillary Clinton debe aprobar el oleoducto Keystone, ¿no se le consultaría también acerca de esta operación transfronteriza?

Los progresistas intentarán y pretenderán que está operación que comenzó a mediados de 2009 esté conectada con la administración del anterior presidente George W. Bush. Los medios de comunicación deberían rebatir esa falsa afirmación. La Operación Receptor Abierto de 2006 no se pareció ni remotamente a Rápido y Furioso, como Andrew McCarthy, de la revista National Review, ha examinado hábilmente. México ayudó  a coordinarlo y hubo un envío controlado y que se puede rastrear. Incluso Holder admitió en su testimonio que no se pueden “equiparar los dos [casos]“.

También oiremos que esto es “política de año de elecciones”. El problema con ese estribillo es que esta investigación se ha estado desarrollando desde principios de 2011, bastante antes de que empezara la campaña. Las evasivas del procurador general Holder han sido las que han ralentizado este proceso hasta acercarnos al día de las elecciones.

Si no fuese por la válvula de escape de los medios de comunicación conservadores, los blogueros, unos pocos reporteros obstinados y la firmeza del presidente del Comité de Reformas del Gobierno de la Cámara de Representantes Darrell Issa (R-CA), este problemático escándalo habría sido sepultado hace mucho tiempo.

Un valiente agente de fronteras americano está muerto. Al menos 200 mexicanos han sido asesinados con estas armas. La violencia de la droga en la frontera sigue sin disminuir. Y ahora, el presidente Obama está intentando ocultar la realidad de lo que sucedió. Así que esta es una oportunidad para que el Congreso y los medios de comunicación exijan transparencia.

La versión en inglés de este artículo está en Heritage.org.

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