España: Sangre, sudor y lágrimas
A la vuelta del verano, la economía española se encuentra en una posición dramática. No se han resuelto ni encauzado sus problemas internos y la agudización de la crisis de deuda europea, así como la incapacidad de darle una solución ponen en riesgo la propia supervivencia del euro. Este panorama se ve agravado por la amenaza de recesión que se cierne sobre Europa.
Así pues, el Partido Popular (PP) deberá hacer frente a la peor coyuntura económico-financiera de la España contemporánea en un entorno internacional de pesadilla. En este contexto, el cambio de gobierno es la “última” oportunidad para evitar la hecatombe de la economía nacional y también un elemento básico para frenar la desestabilización de la Eurozona procedente de la periferia. Desde esta perspectiva, el gabinete Rajoy tendrá un voto de confianza. Ahora bien, su duración dependerá de la profundidad y velocidad con la que ponga en marcha las medidas necesarias para estabilizar la economía y poner los cimientos de la recuperación.
El cuadro que heredará el gabinete entrante tendrá los siguientes rasgos: un déficit público del orden del 7,5 por 100, un punto y medio superior al proyectado por el gobierno; unas comunidades autónomas sin capacidad de hacer frente tanto a su endeudamiento como a sus gastos de funcionamiento y sin capacidad de obtener fondos en el mercado; un sistema financiero que no ha limpiado sus balances y no ha logrado ni logrará obtener recursos del sector privado para sanearse y capitalizarse; una tasa de paro en los contornos del 21 por 100 de la población activa y sin un horizonte de disminución en el corto plazo, y una casi segura recesión, haga lo que haga el gobierno, en 2012. En suma, el diagnóstico es el de una economía al borde del colapso y con la imperiosa necesidad de recibir un tratamiento de choque para evitarle.
Ante este panorama, está todo por hacer. Esto significa que el PP deberá adoptar de manera simultánea tres acciones básicas: primera, un plan de reducción del binomio déficit-deuda centrado en el recorte del gasto público, no en la subida de impuestos que llevé la ratio déficit público-PIB al 4,4 por 100 en 2013; segunda, un programa de saneamiento y reestructuración del sistema financiero para restaurar el canal del crédito, lo que exigirá dedicar un importante caudal de recursos públicos a esa tarea; tercera, un paquete de reformas estructurales, incluida la del mercado laboral, para impulsar la competitividad y sentar las bases del crecimiento. Sin ese conjunto de políticas no hay esperanza alguna de superar o, peor, de evitar una profundización de la crisis y, en último extremo, de eliminar el riesgo de bancarrota. España está ya en tiempo de descuento.
En circunstancias “normales”, una estrategia macro y microeconómica de esa naturaleza se traduciría en una rápida mejora de las expectativas de las familias, de las empresas y de los inversores, en un descenso de la prima de riesgo y en una reactivación sostenida del consumo, de la inversión privada y de los flujos de capital exterior recibidos por la economía española. En un entorno como el actual, el principal interrogante es si el shock de confianza provocado por el cambio de gobierno y su programa de estabilización será suficiente para abrir los mercados financieros internacionales a la economía nacional. Este es un test fundamental ya que la reactivación del crédito interno será débil ante la necesidad de sanear los balances de las cajas y de los bancos y ante un panorama de bajo crecimiento en los próximos dos años que generará tensiones adicionales en los balances de las instituciones crediticias. La respuesta a ese interrogante es un ejercicio de política-ficción porque depende en gran parte de una variable incontrolable, la evolución de la economía global y, sobre toda, de la europea.
En cualquier caso, España necesitará financiación externa para acometer algunas de las grandes reformas pendientes, por ejemplo, sanear las entidades crediticias y sortear el default de unas varias o muchas autonomías y corporaciones locales. Esto significa que quizá sea inevitable solicitar la asistencia de los organismos multinacionales, léase FMI o Unión Europea, para impedir que la falta de liquidez estrangule la economía española y haga imposible culminar con éxito el proceso de ajuste fiscal y estructural.
Sin duda, la tarea no es sencilla y sus resultados tangibles no son automáticos. En el mejor de los casos, la economía española tiene ante sí un período de débil crecimiento, consecuencia inevitable de la errónea política económica desplegada por el socialismo. Ahora bien, una estrategia como la apuntada es el único camino hacia la superación de la crisis. No hay otra alternativa a un churchiliano “sangre, sudor y lagrimas”, eso sí, con la seguridad de que esa terapia permitirá el retorno al crecimiento y a la creación de empleo.