Un enfoque distinto sobre la realidad argentina y mundial Martes 11 de
abril de 2006
SOCIEDAD | LA VIDA EN CONDICIONES INFRAHUMANAS Y DELINCUENCIA
El problema de la inmigración ilegal en la Argentina
A pesar de sus diferencias políticas, los presidentes de los países limítrofes han tenido siempre algo en común : se han asegurado que la Argentina no deporte a sus conciudadanos, sin importar los gravísimos antecedentes penales que estos ostentan.
Es sabido que la generalización jamás es buena, pues a todas luces es claro que muchos inmigrantes ilegales vienen a la Argentina buscando mejores horizontes para su calidad de vida. Esta tendencia no se ha modificado, pues, a pesar de las perpetuas crisis económicas que sufre nuestro país, el flujo de inmigrantes peruanos, chilenos, paraguayos, uruguayos y ecuatorianos hacia la Argentina no ha disminuído.
Son precisamente los inmigrantes ilegales peruanos los que el humor social porteño tiende a etiquetar como los más peligrosos. Puntualmente, los barrios de San Telmo y Constitución se caracterizan por tener una gran cantidad de propiedades tomadas o usurpadas, y quienes llevan adelante esta táctica son, en su mayoría, personas originarias del Perú.
El problema de estos barrios no son ya los violentos cuidacoches que provienen de aquel país. Son sus conciudadanos que han constituído verdaderas mafias que -convirtiendo las propiedades tomadas en auténticos aguantaderos de delincuentes- comercializan drogas y monopolizan actividades como el robo de automotores, asaltos violentos contra ciudadanos en la vía pública y punguismo.
Esta categoría ciertamente deleznable de inmigración ilegal se ha aprovechado de la benevolencia de las sucesivas administraciones democráticas de la Argentina, pues en nuestro país, ningún ciudadano extranjero puede ser procesado si no posee un documento nacional de identidad. El procedimiento policial ante un ilícito consiste en retener por pocas horas al inmigrante que cometió el delito, identificarlo y luego notificar al Departamento de Migraciones. Pero Migraciones rara vez deporta ciudadanos ilegales. Normalmente, esta repartición pública elabora un acta y el delincuente es liberado al poco tiempo. Por supuesto, reincide en su actividad y jamás recibe el castigo correspondiente por parte del sistema penal local.
A los efectos de nombrar un caso puntual, los presidentes del Perú se han hecho eco de esta realidad, y en cada encuentro entre mandatarios, esta cuestión es la primera en la agenda para los incaicos. Los políticos peruanos se han asegurado siempre que lo peor de sus ciudadanos siga viviendo en la Argentina. El efecto de una devolución masiva de ciudadanos peruanos a su país, por parte de autoridades argentinas, lógicamente conllevaría un incremento importante en las mediciones de desempleo, crimen y pobreza en el país vecino. Y esta es una estadística que los funcionarios del Perú no están dispuestos a enfrentar en sus propias urnas.
La Argentina no está hoy en condiciones de encargarse de los problemas económicos de cientos de miles de inmigrantes ilegales de países limítrofes, pero igualmente lo hace.
El primer enfoque que los funcionarios argentinos de Migraciones deberían utilizar, es el de llevar un registro coherente de cada inmigrante que pisa suelo argentino, para así poder realizar un monitoreo constante de sus actividades. Si de su quehacer resulta que la actividad delictiva es su preferencia, debería corresponderle la inmediata deportación, sin otorgar segundas oportunidades.
Si, por el contrario, el inmigrante tiene los mejores deseos de trabajar y llevar una vida digna en la Argentina, pues entonces corresponde a las autoridades nacionales garantizarle los derechos adecuados, protegerlo de oscuros intereses económicos que se benefician de la explotación de mano de obra barata, y brindarle la posibilidad de, en un término perentorio de algunos años, acceder al beneficio de la ciudadanía o residencia.
Fuente:
El Ojo Digital Sociedad
