El presidente Néstor Kirchner suspenderá un decreto por el que autorizó la realización de acciones de intercepción de las comunicaciones de todo tipo que puedan realizar los ciudadanos en Argentina.

La decisión que Kirchner concretará cuando regrese al país desde Alemania tiene por objeto suspender los efectos del decreto 1536 del año anterior, informó el jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, en rueda de prensa en la Casa Rosada.

El decreto fue firmado por Kirchner con el objetivo de "combatir el delito y servir al esquema de seguridad colectivo de la Nación", junto con los ministros del Interior, Aníbal Fernández, y de Planificación Federal, Julio De Vido, así como Alberto Fernández.

A través de sus disposiciones, se obliga por ley a los proveedores de Internet a almacenar durante 10 años información de sus clientes, incluso, en lo concerniente a los contenidos de sus mensajes electrónicos o conversaciones telefónicas.

Fernández aseguró que el presidente Kirchner lo llamó telefónicamente "desde Berlín" para ordenarle que "redacte un decreto que derogue la medida" que puso en vigencia semanas atrás.

El decreto 1536 que continuará en plena vigencia hasta que se dé a conocer el nuevo que lo derogue o suspenda en su ejecución y efectos, prevé que la información que se ordena interceptar se archive durante 10 años en la Secretaría de Inteligencia del país.

Fernández explicó que lo que "inspiró" la redacción de la cuestionada norma que Kirchner derogará "cundo regrese al país la semana próxima" fue que el Estado contara con herramientas que le permitan rápidamente localizar información para el combate a la delincuencia.

No obstante, voces de la oposición se esforzaron en incluir este intento entre ciertos patrones de conducta antidemocráticos del Presidente, entre los cuales ya contabilizaban supuestos métodos de presión a través de grupos piqueteros "afines", los llamados a "boicot" contra empresas extranjeras, y el pedido de castigo para el militar Pedro Mercado -tras la publicación de una carta de lectores en La Nación, crítica del Presidente-.

Ante el supuesto comportamiento, la oposición ha expresado su preocupación al respecto de que si el Presidente Kirchner lograre una amplia aceptación en las elecciones de octubre, tal escenario podría derivar en nuevos intentos de amordazar la libertad de expresión y otras "tácticas".

Otros han ido aún más lejos, y denunciaron como sospechoso el secuestro del hijo del fiscal Jorge Taiano en Recoleta -acontecido dos semanas atrás-. El fundamento reside en que el fiscal tenía sólo un día hábil para presentar una apelación para continuar la investigación sobre la declaración jurada del Presidente Kirchner y la Primera Dama, Cristina Fernández. Tal apelación finalmente no fue presentada por él, a pesar de que oportunamente había señalado que "las declaraciones juradas del Presidente Néstor Kirchner y su esposa no cierran".