Los piqueteros armados y el RENAR de Aníbal Fernández y Néstor Kirchner: Yo acuso

Me refiero puntualmente al Registro Nacional de Armas (RENAR). Por esos años se encontraba bajo la égida del Ministerio de Defensa de la Nación, como lo había estado desde su creación en el año 1975. En aquellos momentos, no defendía a su entonces director Don José Genaro Báez -peronista, sindicalista, el hombre que había organizado el Registro Nacional de Propiedad Automotor, y "menemista declarado"-. Era y fue el hombre que había reordenado al organismo de registro y control de armas de fuego en manos de civiles desde el periodo del año 1990 al 2000, convirtiéndolo en un Registro modelo en el mundo occidental, que además no le costaba al erario público ni un solo peso y se autoabastecía financieramente, mediante un ente cooperador recaudador (creado por la Ley 23.979/93), correctamente administrado por la gente de AICACYP (Asociación Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca). Todo esto logró que -durante el periodo mencionado (1991 al 2000)- los empleados del RENAR fueran los mejores pagos de toda la administración nacional. Por cierto, el registro cumplía cabalmente con la misión para la que fuera creado: registraba, controlaba y asistía a la Justicia y las Fuerzas de Seguridad en la detección de armas ilegales o sin registrar. En aquellos tiempos, quien suscribe defendía como legítimo usuario de armas legales registrado, el sistema implementado por la administración de don José G. Báez, que llevó a la modernización del ente registral de armas y explosivos, sin imaginarme que lo que se vendría sería mucho peor. En aquellas épocas, escribía lo que leerán a continuación, ante comentarios malintencionados y falaces respecto al funcionamiento del ente registral: Este ataque al RENAR y a todo el sistema registral no es, ni más ni menos, que la punta del iceberg de una campaña de desarme, planificada por políticos progresistas que aprovechan la coyuntura de recambio de autoridades para enquistarse en los gobiernos como figuras aliadas de las administraciones nacionales y provinciales. Describo lo acontecido durante el período comprendido entre 2000 y 2002, bajo el gobierno de la Alianza radical y "progresista". Y hago referencia específica a los personajes que la administración Kirchner se ocupaba de posicionar, desde esa instancia, en organismos claves como el RENAR. Nosotros sabemos, sin temor a error, que mucho de este elemento pregona una clara postura para lograr el DESARME definitivo de los usuarios civiles. Para comenzar, nada mejor que atacar a la persona que puso en marcha una reorganización clara y transparente del RENAR, logrando hoy que este organismo -modelo de la administración pública nacional- sea tomado como ejemplo en la materia por organismos internacionales como las Naciones Unidas, que recomienda a otros países los lineamientos impuestos en nuestro país en materia de control de armas y explosivos. Y que además no le cuesta al estado "un solo peso, pues es mantenido por los legítimos usuarios de armas legales". Ellos, mediante el pago de aranceles establecidos por Ley y administrados por el Ente cooperador del RENAR, Ley No. 23979, han logrado poner en marcha un organismo que realmente cumple con la ley de control de armas y usuarios. Habiendo logrado reducir a su mínima expresión, durante el periodo 1990 al 99, el mercado negro y el tráfico ilícito de armas. Quitándole a la delincuencia, al mismo tiempo, las posibilidades de armarse y rearmarse. En otras naciones se dio inicio a la legislación desde las bases del problema. En cambio, en nuestro país -y de la mano directriz del Sr. José Genaro Báez aplicando en forma racional la Ley Nacional de Armas y explosivos, y las leyes posteriores y decretos necesarios- el esfuerzo se encaminó al fuerte incremento de la actividad criminal y produjo un efecto de shock en la misma, pues el RENAR provee a la Justicia los elementos de juicio legales y técnicos necesarios para que los magistrados determinen con precisión, quión o qué se encuentra fuera de la ley. Esta actividad no finaliza con la labor de apoyo a la administración de justicia; el RENAR también es el encargado de destruir las armas que antes se hallaban en poder de delincuentes. Así se hizo en 2003, ocasión en que fueron destruidas cinco mil armas obtenidas de diferentes procedimientos policiales y judiciales de todo el país. Estas armas -derivadas del tráfico ilegal y del accionar de la delincuencia- fueron sometidas al más eficiente método de destrucción del mundo: el proceso de incineración a 1.600 grados Celsius y la aplicación de chorro de plasma. El resultado es la inutilización completa de las armas, ya que no quedan partes que puedan ser reutilizadas, como cuando ocurre con la implementación de otros métodos, más tradicionales. Pero el ataque del que hago mención no tiene solamente como objetivo al RENAR o a su Director: es contra TODOS los usuarios legales de armas. ¿Por qué contra todos? Porque si los requisitos para obtener nuestra condición de legítimos usuarios de armas son deficientes, según ellos, esto daría lugar en un caso hipotético, a que sigan avanzado en nuestra contra y se revean nuestras condiciones legales. Hasta podrían llegar a prohibírsenos la tenencia y uso de armas como sucedió en Inglaterra. En el Reino Unido, se fracasó en el intento de disminuir la criminalidad e inseguridad, dado que durante el periodo de prohibición de tenencia de armas por parte de los civiles, la inseguridad creció en un intolerable 37%. Entre otras consideraciones también supe informar: Tenemos que hacerle entender que NOSOTROS asistimos en el respeto del artículo 21 de la Constitución Nacional, acorde las normas vigentes en la materia, en cuanto a la obligación de armarse en defensa de la Patria y de dicha Carta Magna, que respetamos y haremos respetar los derechos esenciales de los usuarios de armas, garantizados por las leyes argentinas: 20429, 23979, 24492, 25086, sus Decretos Reglamentarios, Resoluciones del Ministerio de Defensa y Disposiciones del Registro Nacional de Armas, y las que resultaren o se dictaren "concordantes" con las mismas. Que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras ellos, los DESARMISTAS, avanzan sobre nuestros derechos. Que defenderemos, con todos los medios legales y los que estén a nuestro alcance, no solo al RENAR y su actual sistema registral. También defenderemos nuestros derechos, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes que supimos conseguir. Desgraciadamente, la falta de unidad exhibida por los usuarios legales de armas, comerciantes -minoristas, importadores y mayoristas distribuidores-, sumados a industriales, dirigentes institucionales de clubes y federaciones, hizo que día a día fuéramos perdiendo, uno a uno, derechos adquiridos y, para colmo de males, el organismo pasó a depender del Ministro Aníbal Fernández. Primero, bajo el alcance del Ministerio del Interior y, luego de ser nombrado Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, se llevó el RENAR a ese ministerio. Hoy, sigue bajo la dirección del Dr. Andrés Matías Meiszner -ex intendente de la ciudad de Quilmes, "patria chica" de Aníbal Fernández, de la que fue también intendente en la década del noventa-. Esta gestión casi le cuesta al hoy Jefe del Gabinete de Ministros su libertad, dado que fue acusado de apropiarse de 22 millones de pesos (convertibles uno a uno con el dólar estadounidense). Durante su gestión, Aníbal Fernández fue procesado y "milagrosamente", su expediente fue cajoneado hasta que expiraron los tiempos legales. Quien esto escribe, fue informado por su cercano José Oreja que la orden para cajonear la causa se originó en la Secretaria General de la Presidencia de la Administración Menem. En aquel tiempo, Fernández era menemista acérrimo, pero a posteriori se cobijaría bajo el ala del entonces Gobernador de Buenos Aires, don Eduardo Duhalde. Aníbal fue Diputado Nacional, y en el corto período presidencial del mencionado ex gobernador (2002-2003) ofició de Ministro del Interior y está sindicado, junto al hoy Diputado electo por Unión-Pro Alfredo Atanasof (Jefe de Gabinete de Ministros del período 2002-2003) como el autor de la orden de "represión" contra piqueteros en Avellaneda. Acción que culminó en el deceso de los activistas Darío Santillán y Maximiliano Kostecki. Pero retomemos la cuestión del RENAR. De 840 mil legítimos usuarios registrados hacia el año 2003, hoy solo quedan menos de 500 mil. Me he sabido preguntar, ¿qué sucedió con el resto? ¿Acaso se esfumaron? Por cierto, al trabar la comercialización de armas legales, agregando requisito sobre requisito, cambiar las condiciones de obtención de la credencial de legítimo usuario de armas, tornándolas más onerosas y complicadas -pero no por eso mejores que la que regían anteriormente-, el RENAR se volvió deficitario, mientras que su personal creció hasta en un 200% (todos "ñoquis", de la especie orginal). Se desplazó al personal idóneo y con cabal conocimiento de la operatoria registral, pues no cuadraban con las ideas de la Administración kirchnerista. Se volvía difícil comprender los porqué de esta planificada destrucción de un organismo que fuera un modelo de gestión. ¿Cuál era el objeto de desarmar a la población civil? Al "desvanecerse" los usuarios, comenzaron a exhibir problemas las instituciones dedicadas al tiro y caza deportivos, muchas cerraron sus puertas. Los comerciantes legales cambiaron de rubro. Se multiplicaron las denominadas "cuevas" que regentean tanto el mercado negro de venta de armas como el contrabando. Estas no solo se localizan en los asentamientos ilegales o villas miserias y proveen a la delincuencia con mejor armamento que el que usan nuestras Fuerzas de Seguridad. También las hay en pleno microcentro porteño y muy cerca del edificio donde funciona el RENAR. Y, créase o no, también existen algunas muy cercanas al Departamento Central de la Policía Federal. Todo lo positivo que se había logrado desde 1975 -fecha de la puesta en marcha del organismo registral-, con sus altos y bajos, pero que en el año 2003 era ejemplo hasta para las Naciones Unidas (que recomendaban el modelo a otros países que aún no habían solucionado el problema registral y la tenencia de armas en poder de civiles) fue a parar al basurero. Los organismos internacionales relacionados sugerían la implementación del sistema argentino, o bien el canadiense, los dos con mejores y más altos estándares en su oportunidad. Llegué a la conclusión, finalmente, de que el objetivo no coincidía solamente con desarmar a los civiles, sino que el otro fin, aunque oculto, perseguía lograr el control absoluto del RENAR para iniciar una suerte de "descontrol". Desde hace tiempo se viene reportando el ingreso ilegal de armas remitidas por el gobierno bolivariano de Hugo Chávez Frías. Estas ingresan a través de la porosa frontera boliviana o lo hacen directamente por vía aérea. Se dice que son extraídas en ambulancias del aeropuerto de Ezeiza, en un sistema muy similar, sino idéntico, al que utilizaron los guerrilleros que embistieron contra el cuartel del Ejército de La Tablada, a finales de los años ochenta. El armamento mencionado coincide con fusiles AK-101, AK 102-2 y AK-103. Este último se presenta en calibre 5.56 -munición más fácil de obtener y que es utilizada por los fusiles americanos de asalto de la familia M-16; el calibre original 7,62 x 39 no es fabricado en forma masiva en el mercado occidental-. Todas las armas mencionadas descienden del famoso fusil AK-47 ruso, arma emblemática de casi todos los movimientos revolucionarios fundamentalistas o de extrema izquierda en el orden internacional. Existe una denuncia que se tramitó oportunamente ante la Jueza en lo Criminal y Correccional de San Isidro, la Doctora Sandra Arroyo Delgado, a quien se le proporcionó la nómina detallada de piqueteros kirchneristas a quienes se les otorgó la tenencia de esas armas automáticas (tenencia que, vale recordar, está estrictamente prohibida por el Decreto 64/95 y cuyo texto se publicara íntegramente en un artículo anterior de El Ojo Digital). A aquella denuncia, y a los informes de las fuerzas de seguridad, se le suma otra nueva y de carácter penal, que ha sido en extremo documentada y que se presentó ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo de la Doctora María Romilda Servini de Cubría, Secretaria Nro. 2. La denuncia que llegó a las oficinas de la magistrada Servini de Cubría advierte que, al menos 500 Jefes y Jefas de Hogar -que figuran en el padrón de piqueteros beneficiados por el ministerio de Trabajo- han recibido más credenciales de tenencia y portación de armas de guerra por parte del RENAR, en las últimas semanas.[*1 y *2] Es en esta instancia cuando se comienza a percibir la Pata de la sota, igual que como cuando se orejean las barajas en el juego del Truco. Precisamente, en ese divertimento, tan argentino, abunda la mentira. Igual que en este gobierno. En la Administración Kirchner, sobresalen operadores silenciosos y otros no tanto que -con la mentira como recurrente herramienta de comunicación- niegan la existencia de "campos de entrenamiento" en Salta y Jujuy. Allí, un contingente de 600 piqueteros aproximadamente, pertenecientes a la organización indigenista Tupac Amaru se adiestran en forma periódica, dirigidos por la tristemente célebre Comandante Milagro Sala. Existe, de igual forma, información fidedigna que refiere que piqueteros del conurbano bonaerense, pertenecientes a "organizaciones sociales" kirchneristas viajan en grupos hacia zonas donde reciben entrenamiento especial incluso de parte de instructores extranjeros. Se recomienda, a este respecto, seguir con detenimiento la probable visita del "Comandante" Hugo Chávez a la provincia mesopotámica de Entre Ríos. Los mentirosos de siempre ocultan el déficit con que el Gobierno cerrará el ejercicio del presente año de 2009, mucho mayor de los 12.000 millones de dólares que declaran ante la tribuna, y muy a pesar de haberse quedado con los fondos provenientes de las AFJP. Muy a pesar de las retenciones cobradas al campo y las exportaciones. Del manejo irregular de los fondos del ANSES y del PAMI. Del manejo de la información sobre las reservas declaradas por el Banco Central de la República. Estas personas nos ocultan los verdaderos índices de crecimiento de la inseguridad y criminalidad; nos ocultan la verdadera inflación que ha sumido, con su incremento durante estos casi dos años de (des)gobierno de la presidente "Cristina Primera", a la clase media en la pobreza. Se cuentan hoy más pobres e indigentes que en el año 2003, sin importar lo que informen Guillermo Moreno y sus secuaces del INDEC. Y, dado que mienten descaradamente en todo, desde luego que también falsean la realidad frente a esta cuestión del RENAR y las licencias de tenencia y portación obsequiadas impunemente a piqueteros y "luchadores sociales". Al respecto de esta áspera cuestión, debe decirse que, si se la compara con el resto de las desgracias que está padeciendo la mayor parte de la sociedad argentina, se vuelve un tema para nada menor en importancia. Hoy, la Argentina se retrotrae -como prisionera de una máquina del tiempo- hacia décadas pasadas que bien supieron teñirlo todo de sangre. Para los menores de cuarenta, que no las vivieron, y que no padecieron el terrorismo criminal de una izquierda irracional y de una derecha vengativa que azotaron a nuestro país, me gustaría insistir que no es mi intención exagerar. La información que he decidido volcar aquí forma parte de un plan que, ejecutado con precisión y de manera ininterrumpida, terminará en un caos de consecuencias inimaginables. Es dable considerar que este plan bien puede haber sido pergeñado desde finales de los años sesenta, pasando por los "años de plomo" de los setenta. Ahora bien; aunque los moradores de la Casa Rosada se esfuercen en denunciar -"una vez más", dicen- que existen grupos con intenciones golpistas (hoy "destituyentes" es el concepto de moda), no puede extraerse otra conclusión que la que refuerza el concepto de que ellos mismos son los ideólogos de este clima. Desde sus encumbradas posiciones, manufacturan y regentean el caos. No se trataba solamente de incautarle a los civiles indefensos la posibilidad de responder ante la delincuencia. La idea era echar mano del RENAR. Quedarse con el control, para luego administrar el "descontrol". A los efectos de rematar la presente nota, me permito citar las palabras de Émile Zola (*3): Yo acuso. Acuso a Néstor Carlos Kirchner, a Cristina Fernández Wilhelm de Kirchner. A todos sus Ministros -los actuales y los que desfilaron por la función pública-. A los Secretarios de Estado. A los miembros de los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas. A las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales. A todos los gobernadores. A todos los legisladores nacionales y provinciales que colaboraron con esta etapa, tan incontestablemente infame para el país, desde el 25 de mayo de 2003 a la fecha. A los "dirigentes sociales", funcionales a los gobiernos de las personas mencionadas. A los D Elía, los Pérsico, los Depetri, las Milagro Sala. A Hugo Moyano... Y a todos aquellos que se beneficiaron durante este nefasto período; nefasto, por sobre todo, para la Nación y el Pueblo argentino. En definitiva, acuso a todo aquello que se da en llamar kirchnerismo. Los acuso de mentirosos, falaces y Traidores a la Patria. Como dijera Zola en la ciudad de París, el 13 de enero de 1898... En cuanto a las personas a quienes acuso, debo decir que ni las conozco ni las he visto nunca, ni siento particularmente por ellas rencor ni odio. Las considero como entidades, como espíritus de maleficencia social. Y el acto que realizo aquí, no es más que un medio revolucionario para activar la explosión de la Verdad y de la Justicia. Sólo un sentimiento me mueve, sólo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la Humanidad, que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Por Gabriel Martin, para El Ojo Digital Política. E-mail: gabriel (arroba) martin.net.ar. Referencias 1. http://www.bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=24250 2. http://www.seprin.com/portal/notas/piqueteros_armados.htm 3. Escritor francés, considerado como el padre y el mayor representante del naturalismo. En 1898, Zola se implicó en el caso Dreyfus y publicó en el diario L Aurore su famoso Yo acuso (Carta al Presidente de la República), lo que hizo que el proceso de revisión del caso de injusticia tuviera un brusco giro.