Los Kirchner, bordeando la peligrosa frontera del compromiso de la seguridad nacional y el delito de Traición. La deleznable "asociación estratégica" con la Venezuela de Hugo Chávez Frías. El marco geopolítico

Las primeras planas de los medios nacionales hoy se ocupan principalmente de seguir concienzudamente los eventos derivados de la nueva confrontación del Gobierno contra los sectores agropecuarios, la "inseguridad" urbana y suburbana y los efectos devastadores de las malas políticas oficialistas de cara a la economía. Es una realidad incontestable que el agenda setting mediático persigue el objetivo de satisfacer la demanda de un mercado de noticias tan particular como el argentino, siempre tan pendiente de las últimas novedades económicas a nivel macro, las oscilaciones del tipo de cambio y la manera en que las normativas oficiales impactan sobre el "día a día" y el estilo de vida de los ciudadanos. Ya sea que los tropiezos gubernamentales en estos terrenos puedan catalogarse de equivocaciones imprevistas o de una estrategia cuidadosamente ejecutada con fines propagandistas, también es dable presuponer que las "malas noticias" económicas y sociales podrían constituir una suerte de cortina de humo para que otras cuestiones -verdaderamente importantes y que permiten ilustrar un cuadro global- pasen abiertamente desapercibidas. El matrimonio patagónico -como se ha visto en estos últimos años- ha recurrido a una suerte de "asociación estratégica" con la República Bolivariana de Venezuela, en donde parece que la Argentina ha cosechado pocas o ninguna ventaja. El primer dato que se conoce es la compra, por parte de Venezuela, de deuda argentina. Empréstitos que han resultado groseramente onerosos si se tiene en cuenta que el Fondo Monetario Internacional podía haber puesto ese dinero a disposición a tasas sensiblemente más bajas. A modo de golpe de efecto propagandista, Néstor Carlos Kirchner ha recurrido a Hugo Chávez. Esta táctica era consistente con el objetivo de deshacerse de los "molestos" monitoreos del FMI y que tanto perjuicio le hubieran ocasionado a su Administración en su relación con sectores locales fuertemente ideologizados, y que hoy constituyen el disminuído núcleo duro de apoyo político. Ni lerdo ni perezoso, Hugo Chávez supo ver una oportunidad dorada en la necesidad argentina de fondos frescos. Eran los tiempos del petróleo caro, y la PDVSA chavista vio un resquicio para ingresar al subexplotado mercado del oro negro argentino. La intención inicial fue promocionada como una iniciativa tendiente a generar competencia, quebrando el oligopolio total imperante a nivel local. La consecuencia -se intentó declamar- hubiera sido una sensible baja en los precios finales que los argentinos pagan por los combustibles. Sin embargo, algunos años después, se sabe que la intención de Chávez era la de expulsar a la brasileña Petrobras, para quedarse -con ayuda del matrimonio presidencial- con la mayor tajada de la explotación petrolera local. Con una YPF disminuída y ya en poder de los socios de Kirchner, PDVSA podría no solo poner pie en la Argentina, sino dictar abiertamente las políticas energéticas locales. El plan ideado por los patagónicos incluía la expulsión de la petrolera angloholandesa Shell, cuyas ganancias en el país son irrisorias desde 2003. Sus incontables bocas de expendio se rematarían a precios irrisorios, y PDVSA (representada por ENARSA) se quedaría con esos activos. Sin embargo -y por fortuna-, nada de ello ocurrió. A pesar de la embestida oficialista, y que incluyera ataques contra estaciones de servicio de Shell de la mano de piqueteros mandados a dedo por Balcarce 50, la distribuidora europea decidió mantenerse firme y optó por no retirarse del mercado local. Ingleses y holandeses resistieron la presión, jugando contra el tiempo. Los precios del barril de petróleo Brent cayeron estrepitosamente, y hoy las finanzas caraqueñas están jaqueadas, porque Hugo Chávez nunca se preocupó por sustituir medianamente aquellos ingentes ingresos. Solo los utilizó como herramienta de propaganda política, no solo a nivel local sino también regional. Por otro lado, el tándem Kirchner-Chávez perdió el efecto sorpresa. Nunca está de más recordar que la Corona Británica mantiene un importante capital accionario en Shell y que los servicios de inteligencia extranjeros -a la postre- siempre operan en beneficio de las corporaciones de los países de origen. La trama del petróleo argentino, finalmente, era mucho más compleja de lo que podía entreverse en un principio. A diferencia de la Argentina, que carece de políticas de proyección internacional, las naciones desarrolladas vuelcan todos sus recursos -incluídos los de defensa e inteligencia- a la hora de defender sus intereses. Esta realidad se vuelve mucho más evidente de cara a la cuestión energética, factor que es y continuará siendo el gatillo de numerosos conflictos bélicos a nivel planetario. En el caso puntual del petróleo, y ya fuera que el objetivo primordial de la Administración kirchnerista fuera solo permitir el ingreso de un nuevo competidor a nivel local, o perseguir la meta de implementar sociedades económicas para favorecer a amigos o socios del poder, resulta incontestable que la Venezuela de Hugo Chávez aparece como un enemigo no declarado de los intereses nacionales. El premier venezolano aprovecha la inocencia o ambiciones de la dirigencia argentina para mover sus piezas en el tablero regional. Como corolario, un puñado de reputados analistas y estudiosos de la geopolítica se permiten la pregunta: ¿podría caberle a Néstor Kirchner y su señora esposa, la Presidente, ser juzgados? A este respecto, vale la inserción del artículo 225 del Código Penal Argentino, concerniente a los delitos que comprometen la seguridad de la Nación: Art. 225. - Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que, encargado por el gobierno argentino de una negociación con un estado extranjero, la condujere de un modo perjudicial a la Nación, apartándose de sus instrucciones. Figura luego la cuestión subyacente del perjuicio que ya le ha ocasionado el kirchnerismo a la Argentina en el concierto internacional, a partir de esta asociación -que el propio ex presidente ha calificado de "estratégica"- con Venezuela. Aún después de haber concluído su mandato George Bush y llegado el demócrata Barack Obama al edificio de Avenida Pennsylvania al 1600, las consideraciones relativas a la seguridad nacional que normalmente dicta el Pentágono no han desaparecido ni mucho menos se han amortiguado. Transcurridos y finiquitados los tiempos de campaña y las primarias americanas, Obama abandonó en forma abrupta sus discursos conciliadores y retomó la senda intervencionista de sus predecesores del Partido Republicano. La marcha atrás de cara al cierre de Guantánamo, sumada a la nueva política de Washington para incrementar la presencia en Afganistán permiten entrever que la tan mentada Pax Americana sigue vigente. Las directivas para el acometimiento de asesinatos selectivos por parte de equipos de la CIA continúan su senda de éxito, y no se vislumbra cambio alguno. Escenario previo y no ya circunstancial que permite confirmar y corroborar la prerrogativa washingtoniana relativa al nuevo "Eje del Mal". Los avatares de la carta militar se han visto frenados temporalmente, pero ello no ha sido consecuencia de un refinamiento "a la europea" de las políticas de Barack Obama. Por el contrario, la causa ha sido puramente económica, y tiene que ver con la crisis financiera internacional que ya comienza a menguar. El imperativo categórico del "Eje del Mal" volverá a los encabezados en poco tiempo más. El tan trillado Eje -se sabe- está integrado, en la visión americanista, por estados parias de la talla de Corea del Norte e Irán, en un primer escalón. Venezuela ha hecho los méritos para anotarse en la sección VIP de aquella calificación unilateral. Lo logró, pero no a partir de los discursos antiyanquis de Hugo Chávez, sino luego de permitir el ingreso de navíos rusos para la ejecución de maniobras en su Mar Caribe. Por otro lado, el presidente venezolano ha cerrado acuerdos con Moscú para la adquisición de aviones de combate de última generación, dotados con la aviónica más moderna y armamento que lo colocará en el podio de las fuerzas militares sudamericanas. Caracas no solo ha comprometido al subcontinente en una nueva carrera armamentista de proporciones -pues Brasil y Colombia ahora necesitarán renovar el material de sus fuerzas-, sino que también opera clandestina pero diligentemente para socavar las democracias regionales. Ya lo ha hecho en el pauperizado Ecuador de Rafael Correa y -más recientemente- en Honduras. En ambos casos, se ocupó de brindar financiamiento para las campañas presidenciales de los candidatos de aquellos países. Correa resultó ganador. Zelaya también. No salió airoso en Perú, tras financiar al contendiente Ollanta Moisés Humala Tasso; pero incrementó su influencia en la Nicaragua del ex líder guerrillero Ortega. Desde aquella nación -fronterizo con Honduras-, los adeptos de Chávez continúan brindando apoyo logístico para la infiltración de Tegucigalpa que -hasta la salida de Zelaya- se había convertido en un paraíso de alto vuelo para los narcotraficantes. En ese deleznable negociado, las fuerzas armadas venezolanas están groseramente comprometidas, por supuesto gracias a la estrecha colaboración de Miraflores con la guerrilla de las FARC. La cuestión de la cocaína boliviana también ha llevado a Hugo Chávez Frías a enredarse afectuosamente con Evo Morales, cuyo gobierno no solo es financiado por Caracas sino que ha sido oportunamente convencido para la instalación de bases militares venezolanas en territorio boliviano. En Ecuador existe idéntica iniciativa. Pero el líder venezolano ha montado un inverosímil espectáculo para criticar la llegada de estadounidenses en Colombia, cuando todo parece indicar que Alvaro Uribe solo piensa en disuadir a Caracas, habida cuenta de que no desea involucrarse en onerosos gastos militares. En la Argentina, el bolivarianismo financia a grupos revolucionarios y subversivos, que tienen la forma de piqueteros y agrupaciones en defensa de los "derechos humanos". Muchas de ellas han sido responsables de la puesta de artefactos explosivos de relojería en cajeros automáticos, a poco tiempo de la llegada de Néstor Kirchner al poder. En una oportunidad, un empleado de vigilancia resultó muerto por una detonación. Desde el Ministerio del Interior -en aquel momento conducido por Aníbal Fernández- nadie respondió sobre el asunto. Precisamente, todavía está pendiente la sugestiva cuestión de la voluminosa partida de pasaportes argentinos en blanco que -de acuerdo a una denuncia del bien informado sitio web Seprin.com-, la Cartera de Interior remitió a Venezuela por expreso pedido del presidente de aquel país. Material que, de acuerdo a fuentes reservadas, ha terminado en manos de guerrilleros de FARC. A partir de las "relaciones peligrosas" con lo peor de la América del Sur, la Argentina -de acuerdo a papers de fuentes de inteligencia extranjeras- conforma ya una suerte de Eje del Mal latinoamericano, conjuntamente con Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y -hasta hace poco- Honduras. Una situación histórica para el país que, en el peor de los casos, se ha mantenido neutral de cara a las estrategias planetarias de las grandes potencias. Este involucramiento con las naciones peor administradas de Sudamérica ha dado lugar a una asociación inevitable en los foros internacionales: la Argentina -a partir de su relación con Hugo Chávez- se ha cruzado a la vereda de la ilegalidad y la clandestinidad, aprobando indirectamente el tráfico de estupefacientes a gran escala, la guerrilla y el derrocamiento de gobiernos democráticos. En Israel, la lectura es que los dirigentes argentinos no han aprendido mucho de los episodios de la Embajada de Israel y AMIA. Desde allí se ha hecho un especial seguimiento de la liberación de culpa y cargos de terroristas, medida de la que ha echado mano la Corte Suprema de Justicia, y en referencia al guerrillero de ETA "Josu" Lariz Iriondo y el chileno Galvarino Apablaza Guerra -alias "Comandante Salvador", y cofundador del Frente Patriótico Manuel Rodríguez-. Desde luego, analistas estadounidenses e israelíes también han comenzado a prestar atención sobre las funestas declaraciones de determinados funcionarios argentinos de primera y segunda línea, que abiertamente apoyan al imprevisible régimen del iraní Mahmoud Ahmadinejad. Habida cuenta de la configuración globalista que el Pentágono hace a la hora de clasificar a los países en "buenos" y "malos", y más allá de poner el foco en lo correcto o inmoral de aquella categorización, corresponde preguntarse sobre si el matrimonio presidencial acaso ha puesto a la Argentina en un inquieto ojo de tormenta que pueda derivar, en el mediano plazo, en una situación de agresión externa. Agravada por el status actual de conmoción interior que ya ha tomado color en la forma de cortes y piquetes, por parte de grupos de distinta orientación política-ideológica y/o económica. En lo que respecta a la cuestión externa, viene a la mente lo descripto por el artículo 219, también referente a los Delitos que comprometen la paz y dignidad de la Nación: Art. 219. Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que por actos materiales hostiles no aprobados por el Gobierno Nacional, diere motivos al peligro de una declaración de guerra contra la Nación, expusiere a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes o alterare las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero. Si de dichos actos resultaren hostilidades o la guerra, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión. Y, por supuesto, también es ampliamente conocido el problema de desfinanciamiento y la inocultable parálisis cuidadosamente planificada de las Fuerzas Armadas argentinas que la Ministro de Defensa Nilda Garré ha ejecutado, con la venia del kirchnerismo. Sobre el tema, El Ojo Digital ya se ha extendido convenientemente. Ya algunos ciudadanos y abogados se han ocupado de presentar denuncias por cargo de Traición y similares contra el matrimonio presidencial. Cargos que, según lo consultado con referentes del arco político opositor, se sumarán a las ásperas cuestiones de incumplimiento de deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito. Aún cuando sea cierto que la Presidente Cristina Fernández de Kirchner ordenara modificar los rotores del helicóptero presidencial porque "le desarman el peinado", existen cuestiones en rigor más relevantes para el quehacer nacional que normalmente la prensa deja de cubrir, debido a factores puramente mercadológicos. Legisladores, abogados o ambos, es dable rescatar que gran parte del análisis quedará también en manos del lector. Siempre hay una copia del Código Penal Argentino al alcance de la mano. Por Matias Ruiz, para El Ojo Digital Internacionales. Email : elojodigital.com -arroba- gmail.com.