POLITICA: SERIO TROPIEZO DEL MINISTRO DEL INTERIOR

Caso Skanska : Aníbal Fernández ataca al juez López Biscayart y se gana pedidos múltiples de juicio político

Aníbal Fernández lo hizo de nuevo. El, denominado por muchos, "Ministro de la Inseguridad de la Nación", protagoniza otro triste capítulo y presiona abiertamente al juez Javier López Biscayart, uno de los letrados que tiene la causa Skanska a su cargo. Biscayart había ordenado el traslado del preso Adrián López -reo que conoce los detalles del esquema de corrupción kirchnerista en Planificación-, pero Fernández intentó bloquear el traslado, además de atacar por carta al juez en términos amenazantes. La oposición ya se prepara para intentar llevar al Ministro del Interior a juicio político.

21 de Julio de 2010
Las instituciones no funcionan como debieran en tiempos de Néstor Kirchner. Irónico, que los protagonistas actuales de la dirigencia se hayan convertido en críticos acérrimos del tratamiento menemista dado a los jueces en los 90, cuando en realidad son verdaderos maestros en extorsionar y atacar al poder judicial. Con todo, Javier López Biscayart pertenece a ese mundillo de extrañas, ocasionales excepciones en materia de letrados que no deciden arrodillarse en forma automática a la autoridad política. En tiempos de Kirchner, los casos de presión a jueces ya se cuentan por decenas, aunque se dejan traslucir solo los casos más célebres, por ejemplo, el caso del juez Jorge Urso, quien tenía a su cargo investigar la cuestión de los fondos "desaparecidos" de Santa Cruz. Fue presionado con la posibilidad del juicio político y finalmente se declaró incompetente. El impresentable juez Norberto Oyarbide es otro caso emblemático. El "letrado de Spartacus" fue mantenido en su cargo con el único objetivo de ser un juez títere que acatara cualquier orden enviada desde el poder ejecutivo. Es el juez ideal para muchos políticos kirchneristas, pues es fácilmente extorsionable. Las fotos de Oyarbide en Spartacus -incluyendo videos que exhiben su performance en medio de "fiestas grupales"- están en manos de personajes oscuros que pululan siempre por los pasillos del poder. Cualquiera puede "apretar" a jueces. Hasta Aníbal Fernández lo hace. Fernández viene a ser el paradigma de la desvergüenza de la política argentina. En tiempos en que era intendente de Quilmes, sus desaguisados con el erario público fueron monumentales, e investigaciones serias lo han relacionado con el tráfico de cocaína en aquella región del conurbano. Aparentemente, manejaba el negocio, ayudado por una escuadra selecta de barrasbravas y violentos de todo tamaño y color. Hoy por hoy, su heredero en el puesto es Sergio Villordo, quien antes fuera su chofer. Fernández estuvo prófugo de la justicia, una vez que los descalabros en el municipio quilmeño comenzaron a investigarse, y cabe prestar atención a las palabras seguras de Guillermo Cherashny, quien sentenció que Fernández se escondía, mientras era prófugo, en la casa de un reconocido narcotraficante local. Hoy, el Ministro del Interior -ex acérrimo menemista y hoy acérrimo kirchnerista- la emprendió contra el juez Javier López Biscayart, un letrado que debe pagar el precio mediático de oponerse a las órdenes del Ejecutivo. Biscayart ordenó trasladar al preso más famoso del país por estos días, Adrián López, dado que su permanencia en el penal de Marcos Paz podría comprometer su seguridad física. En pocas palabras, le ha llegado el rumor de que podrían borrarlo del mapa. Pero, ¿quién es este personaje, que de súbito se ha vuelto tan importante para la política y la Justicia argentinas? López es un "arrepentido", un engranaje y partícipe necesario del sistema que se había organizado desde el Ministerio de Planificación -cuyo titular es el Ministro Julio de Vido-, a los efectos de triangular dineros negros que se recibían en forma de retornos o "coimas" de parte de empresas que querían establecerse en el país. El problema para de Vido y Néstor Kirchner comenzó cuando la empresa sueca Skanska contactó a los medios para revelar que se le habían solicitado gruesos retornos para obtener una licitación pública. Surgió el nombre de Adrián López como titular de empresas fantasma que liberaban facturación apócrifa, con el objetivo de blanquear las coimas. Los nervios de Julio de Vido se crisparon, al igual que los del Secretario de Transporte, Ricardo Jaime. El sacudón llegó hasta la propia Casa Rosada. Citando material investigativo de Guillermo Cherashny, López -el reo- fue tentado por miembros del Gobierno Nacional para que no revelara nada de lo que sabe al respecto de la operatoria coimera. Sintiéndose humillado por la "oferta" recibida, López se decidió a contactar a la Justicia y contarlo todo. A partir de aquí, la situación comienza a complicarse para el Gobierno Nacional, particularmente Julio de Vido, y también para el preso, que fue alertado de que intentarían matarlo. Es así como López solicita su traslado a dependencias de la Policía Federal, y Aníbal Fernández -en su carácter de Ministro del Interior- desautoriza la orden de traslado, dictada por el juez Biscayart. El juez se impone y logra acudir al reclamo de López, quien termina en la "baulera", término como se describe a la prisión para contraventores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en cercanía de Tribunales. Aníbal Fernández le responde por carta, y utilizando duros términos que tienen ribete de amenaza, pues abiertamente lo presiona con la posibilidad de juicio político, por haberse extralimitado en sus funciones y sobrepasar las del Ministerio del Interior para el caso. Pero el fuego llegó a los pies de Aníbal Fernández. Los términos utilizados para dirigirse a Biscayart fueron excesivamente duros, y la amenaza se lee con toda claridad en aquellas líneas. Todo indica que Fernández enfocó su furia contra Biscayart debido a que el juez está a cargo del caso Skanska. Es correcto cuando Joaquín Morales Solá sostiene que el ministro no procedió en soledad. Es obvio que recibió instrucciones del Presidente; de otro modo, el modus operandi no hubiera sido tan vehemente. Tal vez la única crítica que El Ojo Digital realiza sobre Morales Solá es su incomprensible admiración de la figura de Elisa Carrió, a quien expresa en forma permanente su inocultable amor platónico, aunque esto es otro tema. El objetivo del gobierno, utilizando la figura del Ministro del Interior, no es otro que eliminar todo accionar de la Justicia en relación a Skanska y a otros casos relacionados con ejemplos de corrupción monumental en la Administración Kirchner. El proceder del Presidente y sus acólitos, cuando menos, es idéntico al utilizado en dos décadas en la provincia de Santa Cruz. Javier López Biscayart declaró esta semana que desde el Gobierno Nacional se lo presiona con el accionar de "escraches" de parte de grupos de derechos humanos. Aunque todo el mundo sabe que la presión de tales organizaciones no tiene efecto alguno en la opinión pública, y mucho menos en las clases medias porteñas. Pero este tipo de presión es ciertamente grave. Tiene mucho de propaganda nazi y de tácticas al mejor estilo Goebbels. Tal es el proceder de muchos ministros en la época del kirchnerato, sistema de gobierno que, además de la propaganda, también tiene en común un odio declarado -aunque por lo bajo- contra la comunidad judía. Con todo, las declaraciones de Biscayart dejan en claro un punto interesante. Si Fernández lo amenazó con posibles escraches, esto significa que los grupos de derechos humanos están manipulados, como mínimo, por el Ministerio del Interior y por altos representantes en el Gobierno Nacional, a los efectos de utilizarlos contra opositores políticos, y ahora, jueces. En conclusión, el pedido de juicio político que Elisa Carrió y dignatarios de la oposición han reclamado contra Aníbal Fernández está más que justificado. Fernández debe abandonar el gobierno lo antes posible, y sin recibir premio alguno, como un posible puesto de embajador en el extranjero, según rezaba un fuerte rumor de hace algunos meses atrás. Aníbal Fernández se ha quedado sin respuestas. Ya ha perdido todo dominio del lenguaje y, frente a las acusaciones de la oposición, ha reaccionado con tartamudeos y casi sollozando. Recurrió a medidas verbales desesperadas y a recursos inaceptables, como cuando dijo que, "hay que apoyar al Presidente pues tiene un 70% de popularidad". Mentiras para ocultar más mentiras. Finalmente, un juicio político a Aníbal Fernández, sería de gran interés y hasta comerciable. Hay muchas preguntas para hacerle al Ministro, empezando por la cuestión de Southern Winds y el tráfico de drogas; el caso de los policías federales que volcaron su vehículo con kilos de cocaína en el baúl -lo que siguió a extraños procederes de parte del ministro-; si acaso utiliza recursos de seguridad del Estado para situaciones personales; si es él quien instruye a miembros rezagados de la Secretaría de Inteligencia del Estado para atacar opositores, pinchar teléfonos y hasta hackear sitios web en donde no se habla de su persona en términos que le agraden; etc. Pero sobre todo, sería interesante preguntarle qué ha pasado con el testigo Julio López, de quien se dice, aparecerá una semana antes de las elecciones de octubre para intentar dar un vuelco en el creciente rechazo que el Presidente Néstor Kirchner comienza a tener en las encuestas. ¿Está escondido Julio López en Venezuela -como dicen desde Seprin.com o en alguna playa cubana, como sentencia con firmeza Jorge Asís-, esperando por un regreso triunfal? ¿Cómo reaccionaría el Presidente si determinados medios, una vez "aparecido" López, comienzan a ventilar que ya se conocían los detalles de la falsa operación desde hace muchos meses? ¿Tendrá eco en la opinión pública, o reaccionará en forma categórica, como cuando se orquestó la aparición de Luis Gerez -autosecuestro que ya se ha olvidado en los medios-? Como fuera, la táctica de presión de parte de miembros del Gobierno Nacional contra la Justicia ya es harto conocida : presionar con la falsa excusa de los derechos humanos -que, supuestamente, le ha brindado réditos políticos al Presidente- a cambio de obtener sentencias o investigaciones favorables. De momento, la expulsión de Aníbal Fernández es requerida por una gran mayoría de la opinión pública. Es el primer paso hacia la purificación de las instituciones en la Argentina.
El Ojo Digital Política