La inacción del Gobierno de Kirchner y el negro panorama para octubre

Los activistas nucleados en la opositora Unidad Piquetera, que mantienen un campamento en Plaza de Mayo, realizaron ayer nuevas movilizaciones para reclamar un aumento en los planes sociales y preparan para hoy al mediodía un corte parcial al estratégico Puente Pueyrredón. El Gobierno, por su parte, cuestionó la protesta en duros términos y el Ministro del Interior, Aníbal Fernández, sostuvo que los manifestantes "no son piqueteros sino militantes de izquierda". Por la mañana, una parte de los piqueteros que acampan frente a la Casa Rosada se movilizó hasta el Palacio de Justicia para reclamar a la Corte Suprema el desprocesamiento y liberación de los activistas y el cumplimiento del decreto 595, que creó el Plan para Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Durante la movilización de ayer, los piqueteros también solicitaron una audiencia con el ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni. Desde ayer, los piqueteros acampan en Plaza de Mayo -se mantendrán hasta el viernes a la tarde- para exigirle al Gobierno el aumento del subsidio que cobran. Son 150 pesos que exigen que se eleve a 350 pesos. La protesta es motorizada por la CCC, el MTD Aníbal Verón, el Bloque Piquetero, el Frente Darío Santillón y el MST Teresa Vive, entre otras agrupaciones, que se reunieron en un frente denominado Unidad Piquetera. "El Gobierno no quiere dialogar y no hace más que provocarnos no nos dejan instalar los baños químicos en Plaza de Mayo, que son los que utilizamos en los programas de construcción de viviendas", se quejan los activistas. Ardura señaló que esos baños estaban en uno de los camiones que en la víspera secuestró la Policía Federal y aún no se los restituyó. Por la tarde, un grupo de piqueteros fue al Hospital Garrahan para expresar su solidaridad con el reclamo de aumento salarial que mantienen los trabajadores no médicos del centro asistencial que amenaza la salud de cientos de pequeños internados alli. Mientras tanto, las muestras de rechazo de la ciudadanía a los piqueteros continúan en aumento, no sólo por la obstaculización del tránsito sino también por el estado en que queda la vía pública luego de su ocupación. En la actualidad, el apoyo social a los grupos piqueteros se ha tornado en furia, que lentamente se traslada hacia la inacción del Gobierno del Presidente Kirchner. El primer mandatario, temeroso ante la posibilidad que una represión de piqueteros se salga de control, ordenó desde el comienzo de su gestión la adopción de una política pasiva de laissez faire ante el piqueterismo y las protestas violentas. Pero tal estrategia hoy se percibe como extrema pasividad por parte de la ciudadanía, y tal escenario contribuye negativamente a las expectativas oficiales para las elecciones. Se percibe que el Presidente sufre del "síndrome electoralista" de nunca haber sido plebiscitado en ninguna elección, y por ende la actual Administración cae en la duda ante el problema piquetero y los relacionados con la inseguridad. Tal actitud se contradice violentamente con la permanente maniobra propagandística de Néstor Kirchner y sus obsecuentes funcionarios, al respecto de que "el 80% de la población apoya fuertemente al Presidente". Por estas horas, muchos se preguntan, si acaso esa aseveración fuera cierta, ¿no debería el Presidente tomar al toro piquetero por las astas y terminar con el problema de una vez por todas, encarcelando con prisión efectiva a sus promotores? ¿Acaso el apoyo de la población que el mismo Presidente promociona es virtual? Y mejor no detenerse a preguntar a la ciudadanía qué opina de la actitud oficial de no intervenir en el problema del Hospital Garrahan, cuya toma está decididamente en manos de terroristas, con la consecuencia más directa de la posibilidad certera de muertes de infantes que no pueden contar con un cuidado básico de su salud. La segunda deducción lógica del enunciado anterior, también llevaría a pensar que el Gobierno debería literalmente "arrasar" en las elecciones de octubre, dados los elevadísimos índices de apoyo popular. Una victoria pírrica o agónica a nivel nacional sólo despejará las nubes que ocultan una obvia verdad : que la elevada aprobación de la ciudadanía al Presidente Kirchner ha sido fraguada desde un comienzo. Tal vez ya sea demasiado tarde para evitar un escenario electoral negro para el oficialismo. Ya hay demasiados temas oscuros que penden sobre la actual Administración, cual espada de Damocles, y que la sociedad percibe con claridad, a saber : * La violencia descontrolada, ejercida por grupos piqueteros y por los gremialistas que siguen como hipnotizados al patético dinosaurio Hugo Moyano, * El regreso de la inflación, que se anotará un millón de nuevos pobres -100% kirchneristas- para antes de fin de año * La inseguridad galopante, que en ningún momento ha disminuído y que cada día se cobra más vidas de ciudadanos inocentes en todo el país, aunque de manera especialmente violenta en Capital Federal y el Conurbano Bonaerense * La desaparición de los fondos de la provincia de Santa Cruz, de la que nada ha aclarado el Gobierno -como si no le correspondiera hacerlo-, y el grave delito que este acto implica, no sólo por la elevada cifra involucrada, sino por el hecho de que tales fondos se encuentran en el exterior a nombre de "personas" y no del estado provincial o nacional * La impunidad con que se manejan los "amigos" del Presidente, con el piquetero oficialista Luis D Elía a la cabeza -toma de comisaría y bloqueo a petroleras mediante- * La inocultable presencia de una mano negra del Gobierno de Kirchner y sus funcionarios en el caso del tráfico de drogas en Southern Winds hacia España y el caso de los policías federales salteños sorprendidos con cocaína en el patrullero -sin olvidar las oscuras maniobras oficiales que desplazaron a la cúpula policial de Campana, zona fundamental para el tráfico de estupefacientes con destino de exportación- * El falso discurso anti-FMI, que cae por su propio peso cuando se verifica que el actual Gobierno ha pagado más que durante la Administración Menem * El estado de permanente agresión contra instituciones fundacionales de la República, como las Fuerzas Armadas y de Seguridad y la Iglesia * Las movidas permanentes de funcionarios del Gobierno -Alberto Fernández y Aníbal Fernández- expresándose con vehemencia contra la libertad de expresión, y la política oficial permanente de compra de voluntades en la prensa oral y escrita, bajo amenaza de suspensión de las pautas de publicidad oficial mediante * La, a estas alturas, inocultable relación de una gran mayoría de funcionarios del Gobierno actual con agrupaciones terroristas que masacraron ciudadanos y que intentaron derribar a la democracia argentina en los años 70 * En la misma línea con el punto anterior, el apoyo notorio de la actual Administración para con el terrorismo internacional, expresado a través de las órdenes impartidas a la Corte Suprema adicta para que exonerara de culpa y cargo a miembros de ETA y del terrorismo chileno; sumándose a este punto los intentos por otorgar asilo a terroristas de las colombianas FARC. En definitiva, son demasiados temas -y harto importantes-, como para que el electorado los deje pasar. Temas que arrojan luz sobre la calaña de los funcionarios que actualmente tienen el poder en sus manos en la Argentina.