Miembros del Congreso y funcionarios del Gobierno, salpicados por los sobresueldos

Luego de que hace 14 días María Julia Alsogaray hizo pública una carta dando detalles y confirmando que durante la era menemista los funcionarios cobraban sobresueldos, el debate en torno del uso que se da a los fondos reservados en el Estado se ubicó en el centro de la escena política nacional. Confesiones y desmentidas rodean la investigación que realiza la Justicia Federal para determinar si durante la década en que gobernó Carlos Saúl Menem se pagaron sobresueldos con fondos del Estado que no estaban asignados para ese fin. Lo que el juez federal Jorge Ballestero investiga es si el riojano y sus ex funcionarios malversaron fondos públicos y si se enriquecieron ilícitamente con esa práctica. Pero el escándalo alcanzó al actual Gobierno, al Congreso, y hasta rozó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso, en las últimas semanas, la lupa de la sociedad se posó sobre los gastos del Estado, para indagar cómo y en qué se utilizan determinadas partidas. Roberto Martínez Medina, que fue secretario del ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, entregó a la Justicia un escrito en el que daba fe de que en la Corte también se distribuían sobresueldos. “Nunca hubo, ni los hay”, desmintió el presidente del Tribunal Supremo, Guillermo Fayt. En ese marco, la denuncia que el grupo Talcahuano -hoy a punto de disolverse-, integrado por diputados alineados con el presidente Néstor Kirchner, formuló en 2002 sobre pagos irregulares a los legisladores nacionales volvió a reavivarse. Esta vez fue Humberto Roggero -principal denunciado y titular de la bancada del PJ en ese momento- quien salió en defensa del Parlamento y negó que los diputados hayan cobrado dinero extra. “Las leyes secretas van a ser derogadas por el Congreso”, afirmó. En medio de la polémica, el Gobierno y la oposición continuaron ayer cruzando acusaciones. Elisa Carrió (ARI) y Ricardo López Murphy (Recrear) volvieron a apuntar contra el Poder Ejecutivo por la continuidad de las leyes secretas que permiten que existan los gastos reservados. “Por mí que investiguen todo lo que quieran; no tengo nada que ocultar”, respondió el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, frente a las acusaciones de la oposición, que advirtió que cuando era superintendente de Seguros de Menem también cobraba sobresueldos. López Murphy manifestó que le resulta anormal que un ministro del actual Gobierno cobre $ 3.000 cuando funcionarios de menor jerarquía cobran 12 veces más. “Más que mirar lo que ocurría en la década del 90, hay que resolver el problema de hoy”, dijo. Carrió, por su parte, acusó a Menem de capitanear una matriz de corrupción que, reiteró, continúa con el actual Gobierno. Por otra parte, tanto el jefe de Gabinete como su par del interior, Aníbal Fernández, volvieron a rechazar la derogación de las normas secretas que permiten gastos reservados específicamente en temas de seguridad e inteligencia. En medio de toda esta polémica, la ONG Poder Ciudadano -que la semana pasada instaló frente al Congreso de la Nación una “lupa gigante”, como símbolo de la búsqueda de transparencia- aseguró que hechos como estos son los que ubican a la Argentina como uno de los países más corruptos del mundo en los rankings que elaboran organizaciones internacionales. Según explicó a LA GACETA Laura Alonso, integrante del Programa de Transparencia de la organización no gubernamental, la sociedad percibe que hay un Gobierno corrupto y que hay instituciones que deben ser modificadas. “Esa percepción de que hay una falta de transparencia cambiaría si se desmantela todo el sistema supuestamente legal que permite la existencia de los fondos reservados, además de que vayan a la cárcel quienes pagaron y cobraron los sobresueldos. Se podría creer que en la actualidad nadie cobra sobresueldos, pero persisten decretos secretos y fondos reservados que quitan garantías a la sociedad. Eso impide que cambie el sistema y hace a un poder político corrupto y sospechado”, detalló la especialista. A este respecto, es igualmente interesante observar el comportamiento mediático de algunos miembros del Congreso. El ejemplo de Jorge Yoma es uno de los más notables, otrora diametralmente opuesto al Gobierno del Presidente Kirchner y hoy transformado "como por arte de magia" en acérrimo defensor. Idéntica situación se percibe en el Diputado Jorge Argüello. Cabe preguntarse cómo es posible dar continuidad a la democracia, si permanentemente se incrementa la percepción de la ciudadanía al respecto de los manejos exageradamente discrecionales de fondos públicos que la dirigencia política y de los gobiernos llevan adelante? Tal vez una de las raíces principales del problema consiste en que es siempre el mismo Congreso el encargado de investigar este tipo de situaciones. Tal situación equivale a enviar al zorro a investigar el gallinero. LA LEY SECRETA Y EL ESCANDALO • La ley secreta que justificaría los fondos reservados es la 18.302, sancionada en 1969, durante el gobierno de Juan Carlos Onganía. Los gobiernos que siguieron al de Onganía hicieron uso de esa norma. • El espíritu de esa ley era disponer de fondos para usar cuando estuviera en peligro la seguridad del Estado. • El ex presidente Raúl Alfonsín restringió los gastos a sólo dos áreas: Presidencia de la Nación y la SIDE. • Su sucesor, Carlos Menem, extendió el uso de esos fondos a otras áreas, como Defensa, Interior y Cancillería. La Justicia hoy investiga, justamente, el uso que se dio a esas partidas durante la década menemista. • Todo estalló con las declaraciones de Roberto Martínez Medina, ex secretario de Raúl Granillo Ocampo, ministro de Justicia de Menem, que afirmó que todos los funcionarios recibían sobresueldos. La revelación la hizo al declarar en el juicio por enriquecimiento ilícito contra Alsogaray. • Ricardo Cossio, ex titular de la DGI, y Santiago Lozano, ex subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior, corroboraron los dichos de Martínez Medina. Otros siete ex funcionarios también admitieron haber recibido sobresueldos. • Ricardo Monner Sans presentó una denuncia penal por malversación de caudales públicos el 23 de abril de 2004, luego de conocer la declaración de Martínez Medina. •La polémica se reavivó el mes pasado, tras la publicación de una carta de Alsogaray en la que confirmó y dio detalles sobre cómo se pagaban los extras. • Monner Sans hizo otra presentación, y el juez Jorge Ballestero, que está al frente de la causa, ordenó la indagatoria de más ex ministros, que declararán la semana próxima. Domingo Cavallo (Economía), Oscar Camilión (Defensa) y Raúl Granillo Ocampo (Justicia) deberán dar explicaciones ante el magistrado.