Las relaciones bilaterales hispano-argentinas y el terrorismo etarra

Más allá de las consideraciones estrictamente legales del fallo del juez federal Claudio Bonadío, en las que no entraré, pese a tener algunos puntos cuestionables, vinculados a la prescripción de los delitos de ter rorismo, la decisión judicial suscitó algunas reacciones políticas y mediáticas a ambos lados del Atlántico. A partir de esta constatación, la duda que surge es cómo estos acontecimientos pueden repercutir sobre las relaciones bilaterales hispano-argentinas. A la vista de experiencias pasadas, del peso que el fenómeno del terrorismo tiene en la opinión pública española y de la existencia del pacto antiterrorista firmado por los dos principales partidos (el PSOE y el PP) todo hace prever que el impacto será negativo, aunque ambas partes se empeñen en que el tema no trascienda demasiado y en dar una imagen de cierta normalidad. El fallo se hizo público pocos días después de que el ministro de Exteriores argentino, Rafael Bielsa, pasara por Madrid. Tras la reunión con su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, en la delegación argentina se vivía un clima de optimismo, especialmente porque España volvía a definir como “estratégica” su relación con Argentina. Las relaciones bilaterales han sido tradicionalmente óptimas y no fue por casualidad que el primer destino elegido por las empresas españolas y por el propio gobierno de Madrid para el desembarco de inversiones directas en América Latina fuera Argentina. El ambiente se enrareció a partir de la crisis económica y política del país sudamericano, que provocó la salida del poder del presidente Fernando de la Rúa y que supuso no sólo la declaración del default sino también el incumplimiento de los contratos con las empresas de servicios privatizadas, lo que afectó negativamente a muchas compañías españolas. La primera visita del presidente Néstor Kirchner a España, a mediados de julio de 2003, se saldó con un duro encuentro con los empresarios españoles, que fueron seriamente reprendidos por el apoyo prestado al menemismo en los años pasados. Si bien, en un posterior viaje privado la relación entre el presidente y los principales empresarios españoles se suavizó, nunca llegó a normalizarse totalmente, a tal punto que la relación bilateral fue afecta da por algunos puntos de fricción. En su vertiente económica-empresarial, la agenda hispano-argentina ha estado condicionada por el default, la posterior devaluación y pesificación de las deudas (con sus repercusiones sobre el sistema financiero) y el incumplimiento de los contratos, consecuencia de la sanción de la Ley de Emergencia Económica, de principios de 2002. Las demandas argentinas para que España mediara ante el FMI y otros organismos internacionales fueron generalmente atendidas por el gobierno español, que se convirtió en un importante defensor de los intereses argentinos en dichos foros. La presencia del ex ministro de Economía de España, Rodrigo Rato, como director del FMI facilitará, que no favorecerá, la comunicación con Argentina. Rato es un profundo conocedor de la situación económica del país sudamericano y no necesita que nadie lo ponga al tanto de lo que allí ocurre. Al mismo tiempo que el gobierno español respaldaba a la Argentina en sus negociaciones con los organismos multilaterales y con sus acreedores, mantenía una dura negociación por la situación de sus empresas, muchas de las cuales habían solicitado la mediación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI). A fines de 2003 había 24 reclamaciones ante el CIADI y otros treinta que estaban en la etapa de gestiones amistosas previstas en los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones (TBI) (ver “La seguridad jurídica y las inversiones extranjeras en América Latina. El caso argentino”, http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/77.asp). Actualmente se estima que el número de denuncias presentadas ante el CIADI llega a la cincuentena, aunque una de las exige ncias del gobierno argentino en la renegociación de los contratos es que se retiren las reclamaciones ante el CIADI. La crisis energética tensó las relaciones con algunas empresas del sector (gas, petróleo y electricidad), que alcanzaron su clímax con la denuncia del presidente Kirchner contra Repsol-YPF y con los ataques sufridos por la sede principal de la empresa en Buenos Aires de la mano de determinados grupos piqueteros. La acción de estos grupos, que cuando no atacan directamente coaccionan de forma permanente a las empresas, con distintos pedidos (financiación de comedores, entrega de bombonas de gas, etc.), a cambio de “protección” tampoco ayuda demasiado. Por otra parte, la creación de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), impulsada por el gobierno y que está teniendo serios problemas de financiación, no ha servido para distender el enfrentamiento con las empresas del sector. En otras áreas, los puntos en conflicto pasan por la situación de los cerca de 80.000 inmigrantes argentinos (hay quienes hablan del doble) que se calcula se encuentran en España en situación irregular (“sin papeles”) o por la ausencia del presidente Kirchner a la boda del príncipe Felipe. En el primer caso, las autoridades argentinas intentan obtener del gobierno español un trato de favor para sus connacionales, a partir del recibido en su momento por los cientos de miles de inmigrantes españoles que llegaron a la Argentina en los siglos XIX y XX. Para ello, y como consecuencia de la reunión Bielsa-Moratinos se decidió crear un Grupo de Trabajo para estudiar la cuestión. También se acordó que el presidente Rodríguez Zapatero viaje a Buenos Aires en la segunda quincena del próximo mes de septiembre. En determinados círculos de Argentina se vivió con preocupación el acercamiento del entonces presidente Aznar a Brasil (se habló de una “alianza estratégica” y de potenciar las inversiones españolas), especialmente en lo que se refiere a la comprensión mostrada ante la tradicional reivindicación brasil eña de contar con un sitio permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por último, resta por ver el desempeño del nuevo embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, un nombramiento político del presidente Kirchner, en reemplazo del duhaldista Abel Parentini Posse, que según algunas fuentes habría perdido toda la confianza presidencial. La propuesta de Bettini generó serias resistencias en la oposición argentina, que manejó diversos argumentos, desde la posesión de la doble nacionalidad, española y argentina, a la que renunció horas antes de que su nombramiento fuera aceptado por el Senado, a su condición de alto ejecutivo de Aerolíneas Argentinas, cuando la empresa de bandera era gestionada por Iberia. También se lo acusó de intentos de corrupción a favor de empresas españolas y de ser socio de Felipe González. Es precisamente la gran amistad que mantiene con el ex presidente del gobierno español, como las buenas relaciones con el PSOE, lo que llevó al presidente Kirchner a proponer su nombramiento, con la esperanza de que Bettini sea el hombre que le abra las puertas necesarias. El caso Lariz Iriondo El terrorismo y la posibilidad de que militantes de ETA busquen amparo en la Argentina es otro de los temas presentes en la agenda. En este sentido, el fallo del juez Bonadío ha motivado una gran inquietud en diversos servicios de inteligencia, especialmente regionales, de que Argentina se convierta en un nuevo refugio de ETA. Por eso será importante en el futuro próximo analizar las reacciones al respecto del gobierno argentino. En lo que al juicio de extradición se refiere habría que comenzar señalando que antes del mismo, los círculos próximos al terrorismo etarra en Buenos Aires se habían puesto la venda delante de la herida. En ese sentido, la repulsa contra los magistrados Garzón y Bonadío era total. El caso de Garzón no merece grandes comentarios, tras haberse convertido en la bestia negra de la izquierda nacionalista vasca. Sobre Bonadío habría que realizar algunas aclaraciones. Se trata de un juez federal nombrado en su momento por Carlos Menem y respaldado por Carlos Corach, de quien había sido segundo en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Corach fue ministro del Interior y era una de las piezas claves de la estructura menemista. Estos datos son claves para quienes vinculan a Bonadío con la corrupción de la justicia durante el gobierno de Menem. Se señala que dos de las piezas claves en este sentido eran la Suprema Corte de Justicia y los jueces federales. En el haber de Bonadío también se habla de su vinculación con casos sonados de corrupción, así como con un controvertido proceso en el que ordenó simultáneamente la detención de militares acusados de torturadores durante la dictadura militar y de algunos dirigentes montoneros, lo que le valió la repulsa de ciertos sectores de la izquierda argentina. Llama la atención que el mismo juez Garzón que en su día fue todo un referente para los grupos vinculados a los derechos humanos, por su papel en el caso Pinochet y en su intento de juzgar a los torturadores argentinos, se ha convertido posteriormente en un demonio por su decidida participación en la lucha judicial contra el terrorismo etarra, y su entorno, Batasuna incluida. Y el juez Bonadío, acusado de corrupto y de perseguidor de montoneros es ahora la encarnación de la justicia, tras proclamar no sólo la liberación de Lariz Iriondo, sino también que en España se tortura y se persigue a los “luchadores” vascos. Se ve aquí un criterio bastante instrumental de la justicia: es justa en tanto nos da la razón y se convierte en cómplice del poder cuando nos la niega. En los días previos al juicio se había calentado convenientemente el ambiente y es muy probable que el juez Bonadío se haya dejado influenciar por este clima. Artículos en prensa, especialmente en el matutino porteño Página 12, a cargo del escritor Osvaldo Bayer, y una manifestación en la Plaza del Congreso, frente al Parlamento, organizada por la Coordinadora por la Libertad de los Pres os Políticos y el Grupo de Amigos y Familiares de Lariz Iriondo, al cual se sumaron algunos grupos piqueteros (como el Movimiento Barrios de Pie, el Movimiento Teresa Rodríguez o la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón) y el Partido Comunista e Izquierda Unida, la Organización Libres del Pueblo, la Corriente Patria Libre, las Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Detenidos-Desaparecidos, HIJOS y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. En todas partes sonaban las mismas consignas contra el colonialismo español, perseguidor del pueblo vasco, que intentaban demostrar el lamentable estado de las cárceles españolas, centros de tortura y de vulneración de los más elementales derechos humanos y políticos de los “luchadores” vascos. Se trataba, evidentemente, de un escamoteo más de la realidad, reflejado claramente en la respuesta de Lariz Iriondo a una periodista del diario La Nación, que le había preguntado su opinión sobre los métodos de ETA. Pues bien, tras dudar un poco Lariz contestó: “¿A qué se refiere con los métodos de ETA? ETA es una organización política que lleva 50 años. Es una organización armada que está luchando por una solución política, por eso hizo una tregua”. Si el fallo del juez Bonadío se hubiera limitado a considerar que los delitos por los que se reclama a Lariz (asesinato frustrado, estragos y pertenencia a banda terrorista) están prescritos y son improcedentes o a lo que él entiende que son “inconsistencias” en el pedido de extradición del juez Garzón, todo se hubiera podido mantener dentro del campo teórico de los tecnicismos legales o de la independencia del poder judicial. El problema se complica cuando el juez decidió incursionar directamente en el terreno político, amenazando aún más la estabilidad de las relaciones bilaterales. En este sentido, la lectura atenta del fallo es un cúmulo irritante de sorpresas. Dice el juez que Jesús María Lariz Iriondo es “de nombre Josu en lengua vasca” y tiene “nacionalidad española por imposición legal”. En el apartado sobre la declaración de Lariz Iriondo ya se predefine claramente el sesgo de la sentencia. Dice el juez que el acusado “se definió como un preso político vasco” y que comenzó realizando “una descripción histórica referida a cómo el Estado Español ha impedido al pueblo del país vasco ejercer su derecho a la autodeterminación, con especiales referencias a la restricción del uso de su lengua y a la actividad de los GAL… Relató que los ciudadanos vascos ven restringidos sus derechos en los procesos penales a los cuales son sometidos en relación a demás ciudadanos, en virtud de su origen… Se explayó sobre la persecución que él mismo ha sufrido de parte del Gobierno Español, la que consideró que se debe exclusivamente a su condición de vasco, negando haber sido miembro de ETA... En todo momento insistió en calificar como político el conflicto existente entre el Gobierno Español y el pueblo vasco, haciendo referencia cerca del final de su declaración al caso de la clausura del único diario en idioma vasco, como una prueba más de la persecución de la que son objeto”. Tras su huida de España Lariz se fue a vivir al “país vasco Francés” (sic), que no a Francia. Esa misma confusión se observará en varias partes de la sentencia , especialmente en la parte resolutiva, cuando en lugar de hablar del Reino de España, como hizo otras veces, menciona una y otra vez al “Estado Español”, siguiendo la terminología utilizada por ETA y su entorno. Finalmente, según el juez Bonadío, Lariz “realizó un expreso pedido al Suscripto en el sentido de demandar imparcialidad en la resolución del caso”, aunque por lo que se desprende de la sentencia y sus considerandos, el sesgo adoptado por el magistrado ha sido claro a la hora de tomar partido frente “al conflicto vasco”. Si bien el juez Bonadío abundó en “todas las inconsistencias que nos muestra el pedido de extradición” de Baltasar Garzón, en ningún momento cuestionó los presupuestos esgrimidos por Lariz y su abogado defensor. La postura del fiscal fue clave en la resolución del proceso. Este optó por señalar que los delitos de asesinato frustrado y pertenencia a banda terrorista habían prescrito según la legislación argentina y que sólo estaba vigente el de estragos, al estar presente en el pedido de extradición a Uruguay de 1992, aunque para el juez Bonadío no hay ninguna documentación sumarial que acredite dicho pedido, más allá de lo manifestado por el fiscal y el abogado defensor. El fiscal también señaló que para aplicar la calificación de estragos, España debería usar el anterior Código Penal, “más benigno” que el actual. A partir de aquí el fiscal se extralimita al incorporar a su alegato una serie de precisiones ajenas a la realidad española y que parten de la premisa de que en España se tortura. Según el alegato fiscal “España debía asegurar fehacientemente la indemnidad física, psíquica y socio ambiental del requerido, para que la Argentina no incurra en ilegalidad… Dicho de otra manera, para neutralizar el peligro de tortura y evitar así la responsabilidad internacional en que incurriría nuestro país en el marco… del artículo 3 de la ley 23.338, aprobatoria de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (el que integra la Constitución Nacional en los términos del artículo 75 inciso 22), cuando dice que 1) Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. 2) A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos”. Según el fiscal: “La extradición no procederá cuando existan motivos fundados para suponer que el requerido pueda ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (Art. 8, inciso e) de la ley 24.767). En esta línea también incursionó el abogado defensor de Lariz, Eduardo Soares, que aludió a “la naturaleza del conflicto vasco/español que origina una persecución política”. Mencionó el tratado de extradición hispano argentino, que descarta su aplicación a delitos políticos, a la existencia de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o al peligro de tortura. Soares también incorporó manifestaciones de organismos internacionales como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, las recomendaciones del Relator Especial sobre la Cuestión de la Tortura de Naciones Unidas, Theo van Boven y Amnistía Internacional, para concluir que “es imposible que España pueda asegurar la garantía de respeto a la integridad física de Lariz Iriondo”. Que semejantes argumentos sean utilizados por el abogado defensor no debe extrañar a nadie. Lo que llama la atención es que un juez federal argentino, al que se le supone un determinado nivel de información, se haga eco de semejantes argumentos, si bien descartó tratar como delitos políticos a los de terrorismo. En su resolución, el juez solicitó que el gobierno argentino, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores requiera “como condición previa a disponer la remisión del Requerido a la custodia del Estado Español [sic]” una serie de “garantías inequívocas para Jesús María Lariz Iriondo”, contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención contra la Tortura o en el Tratado Bilateral de Extradición. De este modo, “El Estado Español respetará las garantías de procedimiento reconocidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Asimismo, el “Estado Español”, siguiendo las recomendaciones al 60° periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos (ONU), del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura Theo van Boven (informe de la visita a España de octubre de 2003) deberá garantizar que Lariz Iri ondo: “no permanecerá en régimen de incomunicación”; podrá acceder en todo momento “a un abogado de su confianza, incluyendo el derecho de consultarlo en absolutas condiciones de privacidad”; podrá ser examinado en todo momento “por un médico de su confianza, en la inteligencia de que ese examen podría hacerse en presencia de un médico forense designado por el Estado español”; podrá “informar a sus familiares el hecho por el cual se lo juzga y lugar de su detención”, prestando “absoluta y debida consideración al mantenimiento de las relaciones sociales entre Jesús María Lariz Iriondo, sus familiares y demás vínculos afectivos, sociales y culturales”; y “que todos los interrogatorios que se le realicen comenzarán con la identificación de las personas presentes y serán grabados en cinta de video, que en dicha grabación se incluya la identificación de todos los presentes, quedando expresamente prohibido cubrir los ojos con vendas o la cabeza con capuchas”. Conclusiones: Según el diario argentino La Nación: “Además de rechazar la extradición, el fallo de Bonadío abonó las denuncias sobre el maltrato que se les da en España a los dirigentes del separatismo vasco”. Ante semejantes barbaridades se echa en falta la palabra del gobierno argentino. No para desautorizar un fallo judicial, sino para mostrar su confianza en la justicia española. Sin embargo, en el campo de las relaciones bilaterales últimamente se oyen clamorosos silencios argentinos, como el producido durante la injustificable ausencia del presidente Kirchner a la boda del príncipe Felipe; o sonoros exabruptos, como el del mismo presidente en su primera visita a España, en julio de 2003. Sería bueno que el gobierno argentino comenzara a darse cuenta de que una relación, y más una relación entre dos países, se construye con gestos de ambas partes. Recientemente pasó por Madrid el canciller argentino Rafael Bielsa, que se entrevistó con su homólogo Miguel Ángel Moratinos. Una vez más la reunión sirvió para recordar los pedidos argentinos: trat o de excepción para los inmigrantes argentinos, incluidos los sin papeles (retribución lógica del recibido por los españoles que llegaban al Río de la Plata en épocas anteriores); apoyo de las reivindicaciones argentinas en el FMI y presión sobre las empresas españolas en sus reivindicaciones al gobierno argentino por el incumplimiento de los contratos. Más allá de la importancia de estas reivindicaciones, los dirigentes argentinos deberían tomar nota que nada de lo que se hace, o se deja de hacer en el terreno de las relaciones internacionales termina siendo gratis. Por eso llama poderosamente la atención la respuesta dada por el canciller Bielsa a una pregunta de un periodista de El País relativo al acercamiento del presidente Kirchner a Chávez y Castro. Bielsa no contestó directamente la pregunta pero sí dijo que “Argentina ha comprendido que tiene mucho más que ver con lo que le es contiguo: la región” y que “La opción estratégica es la integración regional”. Si bien el gobierno argentino tiene un alto nivel de exigencia hacia España, parece que no termina de tener claro cuánto está dispuesto a dar para que las relaciones funcionen satisfactoriamente para ambas partes.