POLITICA: NUEVA OLEADA DE ACUSACIONES POR EL CASO SOUTHERN WINDS

Carrió : "el Gobierno protegió a funcionarios traficantes"

Otra vez Elisa Carrió, líder de ARI, emitió duras declaraciones contra la Administración Kirchner. Ahora sostiene que la remoción de la cúpula de la Fuerza Aérea fue una cortina de humo. El objetivo : favorecer a funcionarios "amigos" que tienen relación con el tráfico de estupefacientes. Examinamos los interrogantes sin resolución del caso.

21 de Julio de 2010
La Líder del ARI, Elisa Carrió, acusó hoy al Gobierno de "proteger" a ciertos funcionarios que "son cómplices" y tuvieron algún grado de participación en el contrabando de drogas de España a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Para Carrió, la responsabilidad del Gobierno en la maniobra es "absoluta y total", pero también hizo hincapié en las "responsabilidades penales de quienes el Gobierno protege", ya que existe un "encubrimiento feroz". "El Gobierno sobreactuó sobre la Fuerza Aérea y esos tiene que ver con un encubrimiento para algunos lugares", indicó Carrió, quien apuntó contra el secretario de Transportes, Ricardo Jaime, quien "se manejaba como dueño de Southern Winds". Para la ex diputada, Jaime estaba encargado del "manejo y control" de la compañía aérea, por lo que le "resulta imposible" que con ese nivel de protagonismo el funcionario no le haya informado al presidente Néstor Kirchner y al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido -con quienes está "íntimamente vinculado"- de la existencia del contrabando. Carrió también mencionó al director General de Aduana, Ricardo Etchegaray, quien -a su criterio- tuvo que estar al tanto de la maniobra, porque la policía aduanera "fue notificada por la Fiscalía en noviembre", y sin embargo nadie avisó al Gobierno. "Hay que buscar lo que se encubre, la semana pasada nadie sabía nada, y hoy saben todos, incluso la Policía Federal. Es imposible que no se sepa cuando se incautan 60 kilos de cocaína en un aeropuerto", los cuales son ámbitos "chicos y se vive en un microclima", enfatizó la líder del ARI. Para Carrió, el Gobierno "sobreactuó" con el descabezamiento de la Fuerza Aérea "para deslindar y esconder la complicidad de sectores de Gobierno por lo menos en el encubrimiento del hecho". "La matriz mafiosa continúa, el poder trafica, el que controla la seguridad controla la droga, y ahora hay una pelea brutal para ver quién controla Ezeiza. No para controlar, porque la respuesta es quién controla el negocio", concluyó. Carrió podrá hacer uso de un discurso duro, y hasta se podría sospechar que su estrategia es obtener rédito político de las denuncias. Pero se le debe reconocer que tiene razón cuando insinúa que la verdad con respecto al caso Southern Winds difícilmente se conozca. La líder del ARI apunta principalmente al embajador argentino en España, Juan Carlos Bettini. Bettini ha sido sindicado, tanto por Carrió como por otros referentes de la oposición, como lobbysta de empresas españolas como Repsol YPF y Telefónica de España. Sus antecedentes al servicio de empresas españolas está comprobado, y es apropiado sospechar de tal nombramiento. El resto de las sospechas recaen en la flamante Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), ya que era imposible que el organismo no estuviera al tanto de lo sucedido en Southern Winds. El aeropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza) posee el sistema electrónico más sofisticado del mundo en materia de detección de drogas y explosivos. Adquirido en Israel, tal sistema ostenta un grado de infalibilidad tal, que su operador jamás hubiera podido ignorar los contenidos de las maletas que se cargaban en Southern. Cabe preguntarse entonces, quién "apagó" deliberadamente el sistema para que no funcionara en las fechas claves que las valijas se cargaron en las aeronaves, y qué sucedió con los videos "extraviados" correspondientes a las fechas en que el material se embarcó. Tales interrogantes no pueden descartarse fácilmente. Su sola existencia implica cierto nivel de encubrimiento y está en las manos de la actual Administración favorecer al proceder de la Justicia en el caso. No obstante, es ciertamente prematuro culpar al Presidente de tener algún grado de responsabilidad sobre el hecho. La falta de información o la desinformación han tomado ya cierto protagonismo entre los funcionarios que oportunamente se encargaban de informarlo. Y hay varios ejemplos para citar, siendo uno de ellos el caso de las cintas grabadas de la AMIA que, finalmente, nunca existieron.
El Ojo Digital