EE.UU.: cuando los políticos deciden encerrar a los ciudadanos, pero a ellos no les aplica

Leyna Bradley tiene 21 años de edad, y se desempeña como mesera en el restaurante Tradesman, en la ciudad de Philadelphia, una de las ciudades principales de los Estados Unidos cuyas autoridades prohibieron, recientemente, la apertura de espacios cerrados en restaurantes, en un esfuerzo tendiente a morigerar la diseminación del coronavirus.

La maniobra definida por la ciudad, sin embargo, no ha arribado sin compartir consecuencias. Bradley, una estudiante que se ha visto obligada a trabajar mientras cursa estudios universitarios, advierte: 'La deuda comenzará a agrandarse un poco, y definitivamente será estresante el hecho de no saber cuál será la próxima fuente de ingresos de uno'.

Alexandra Mattias, otra empleada del rubro de la gastronomía en la ciudad, expresó preocupaciones similares: 'Básicamente, soy madre soltera, y éste es un ingreso regular para mí, y no solamente para mí, sino para muchas personas. Es algo cruel quitarles esto, especialmente durante la época de las Fiestas'.

Dadas estas medidas extremas tomadas por la ciudad, uno pensaría que la última cosa que harían los políticos y funcionarios locales sería, precisamente, visitar restaurantes en persona.

Pero se equivocaría el lector.

Menos de cuatro meses atrás, Jim Kenney, alcalde de Philadelphia, fue obligado a pedir disculpas, por viajar al estado de Maryland para visitar uno de sus restaurantes favoritos, puertas adentro -a pesar de que él mismo había prohibido a sus conciudadanos hacer lo propio.

Lo cual conduce a la pregunta: si la situación de la salud pública fuese realmente tan preocupante como para exigir la clausura de los restaurantes en Philadelphia, entonces ¿por qué su alcalde decidió abandonar la ciudad para salir a cenar?

Infortunadamente, estos episodios de comportamiento basado en la hipocresía de parte del liderato político del país, se han vuelto hoy demasiado comunes desde que se conoció la respuesta nacional al inicio de la pandemia en la primavera.

Todos hemos leído relatos acerca de gobernadores organizando cenas y fiestas en restaurantes de California en medio de las cuarentenas (en los EE.UU., lockdowns), o bien episodios en donde ciertos intendentes alientan al público a quedarse en sus casas, para luego ser sorprendidos en algún viaje.

Ahora, nos hemos enterado de que los expertos líderes del país en lo que respecta a la salud no son inmunes frente a esta conducta hipócrita. La Dra. Deborah Birx, figura prominente en la fuerza especial contra el coronavirus organizada por el presidente Donald Trump, reveló hace poco que viajó a Delaware 24 horas antes del Día de Acción de Gracias, para pasar tiempo con más de una generación de su propia familia, visitando ella distintos domicilios.

¿Cuál sería el problema? Birx la había ordenado a los ciudadanos estadounidenses que limitaran su celebración del Día de Acción de Gracias, solo visitando a los miembros más cercanos a sus domicilios.

El evento adquirió particular interés, dado que, si acaso alguien debiera seguir al detalle los lineamientos de salud pública, pues entonces esas personas deberían ser los funcionarios del área; ¿o no es así?

Ciertamente, estas historias han puesto la sangre del público en los EE.UU. en estado de ebullición, y con razón. En general, los funcionarios despliegan un abierto y desaprensivo desinterés por los mandatos y exigencias que ellos mismos ordenan reforzar mientras que, al mismo tiempo, se muestran indolentes frente a las dificultades y padecimientos de aquellas personas -los ciudadanos- que sufren a partir de esas decisiones. Muchas de ellas carecen de las conexiones políticas o de los recursos financieros para lidiar con las consecuencias de cuarentenas o confinamientos caprichosos y arbitrarios.

No debe haber margen para el error: muchas de esas restricciones han probado ser devastadoras. En su oportunidad, Kay C. James, la presidente del think tank estadounidense The Heritage Foundation en Washington, D.C., tuvo toda la razón, al escribir -a comienzos de este mes: 'Definir la clausura de estados enteros sólo empeorará el alcance de la devastación económica, así como también la salud y el bienestar de personas que antes eran sanas. La respuesta para derrotar al coronavirus no puede limitarse a elegir entre nuestra salud o nuestra economía'. 

Conforme millones de estadounidenses sufren hoy a consecuencia de la reducción de sus ingresos o la pérdida de sus respectivos empleos, es crítico que cada ciudadano tome por responsables a los funcionarios a nivel local, estatal y federal por estos actos de hipocresía.

Mientras tanto, muchos periodistas en todo el país han desempeñado un rol destacado, a la hora de exponer a esos funcionarios. Sin embargo, siempre es posible hacer más.

Esta es la razón por la cual hemos dado a conocer un nuevo proyecto, intitulado 'COVID y corrupción: funcionarios que rompen sus propias reglas', un rastreo interactivo de documentos que informan sobre casos en donde funcionarios públicos violan las mismas reglas que ellos deciden imponer sobre la ciudadanía.

Estados Unidos es una nación de leyes. Se trata de una nación gobernada por el estado de Derecho y por el respeto de los derechos de las personas. El respeto por el estado de derecho no involucra solamente a aquellos aspectos vinculados a los derechos constitucionales -la libertad de expresión, el libre ejercicio del propio culto, libertad frente a persecución y confiscaiones ilegales, y el resto-, sino que también involucra cuestiones más mundanas, es decir, aquellos aspectos que hacen a nuestras vidas todos los días -y que solemos dar por sentados. Por ejemplo, el derecho a ganarse el propio sustento, el de liderar una empresa, o el de dedicarse a alguna fe religiosa en particular.

Cuando los funcionarios gubernamentales y los políticos limitan, de manera arbitraria, nuestra capacidad de vivir y para proveer a nuestras familias, eso ya es suficientemente malo. Cuando se aprovechan de esas limitaciones para beneficiarse a sí mismos, o para nutrir su propia conveniencia, empeora la magnitud del problema.

Esto prueba que el estado de derecho, esto es, el tratamiento igualitario de todos ante la ley, no les interesa. Y esto debería alimentar nuestras preocupaciones.

Cuando nuestros líderes se creen por encima de la ley -y actúan en consecuencia-, nuestro sistema ya no puede funcionar; y nuestra confianza en las instituciones no puede sobrevivir. Semejante comportamiento de parte de nuestros líderes es inaceptable, e impropia para quien preste juramento en el servicio público.

Aquellos que han jurado resguardar y proteger las leyes y los mandatos de su país, de su estado o de su ciudad, deberán ser tomados por responsables cuando, de manera tan flagrante, reniegan de aquella promesa.

Sin importar su partido ni su ideología, los líderes políticos del país deberán ser obligados a ofrecer respuestas por sus acciones, toda vez que violan la confianza pública. Por fortuna, nosotros, el pueblo, contamos con la capacidad para hacer que esa responsabilidad se vuelva patente, alzando nuestras voces -y amparándonos en el voto.

Artículo original, en inglés