En medio del caos, un desafío: poner a buen resguardo las calles de Estados Unidos

Cualquier persona que haya trabajado en el cuidado de la seguridad urbana y suburbana frente al accionar del terrorismo, de huracanas o plagas, comprende la magnitud del desafío que hoy tienen enfrente funcionarios locales, policías, y ciudadanos en los Estados Unidos de América.

En tiempos recientes, Estados Unidos jamás ha visto nada semejante. Precisamos contar con líderes fuertes e íntegros, a efectos de sobrellevar la situación.

Lo más difícil a la hora de hacer frente a las dificultades se vincula con la complejidad de lo que está sucediendo en las calles del país. Entremezclados en los tumultos, hay manifestantes, saqueadores y delincuentes, todos ellos, junto a agitadores que proceden con intencionalidad.

Cada uno de ellos exige una respuesta diferente.

Las personas tienen derecho a protestar. Y eso no está sujeto a debate. Sin embargo, si desean inclinarse por la desobediencia civil, también es su elección. Los individuos que ejercitan desobediencia civil no están por encima de la ley. Si incurren en esa actitud conscientemente, entonces deben estar dispuestos a lidiar con las consecuencias de sus acciones, a consciencia -este es el caso cuando son arrestados por invadir propiedad ajena, o por quebrantar el toque de queda.

El hacer frente a manifestaciones ciudadanas es parte de la responsabilidad de los agentes del orden, a la hora de garantizar la seguridad pública. Washington, D.C., por ejemplo, tuvo su Marcha del Millón en 1995, y la ciudad transitó ese evento sin inconvenientes.

El problema es que no sería éste el único desafío que hoy enfrentan los centros urbanos en los Estados Unidos.

Alrededor de las manifestaciones, se han registrado episodios de violencia, incendio intencional, desórdenes, saqueos, palizas selectivas e incluso homicidios. Este nivel de turbulencia es inaceptable.

El proceder contra la violencia no deshonra ni minimiza el derecho a la protesta, en modo alguno. No hay causa ni argumento que justifique el ejercicio de actos violentos contra ciudadanos inocentes.

Incendiar la tienda de la esquina, destruir las vidas y la cotidianeidad que hace a los comercios tutelados por inmigrantes o integrantes de minorías, al tiempo que se aterroriza a sus comunidades, nada tiene de honorable.

Los funcionarios públicos deben recurrir a todos los recursos disponibles, a efectos de resguardar la seguridad de los ciudadanos. En tal concierto, deviene en más que apropiado y correcto echar mano de activos estatales y federales, para que esos funcionarios suplementen el trabajo de sus fuerzas de policía locales -entre los recursos federales mencionados, estos pueden provenir del Departamento de Justicia, el FBI o el Departamento de Seguridad Interior, así como también la asistencia militar para autoridades civiles.

La violencia en Washington, D.C. cedió, apenas se decidió movilizar a la Guardia Nacional. El temor frente a la protesta política no es una excusa aceptable para anteponerse a actos de violencia inexcusables e indefendibles. 

Asimismo, no sólo se ha observado a agitadores que fogonean y organizan manifestaciones; muchos también orquestan episodios de violencia, para sembrar turbulencia política. Estas acciones se emparentan directa y abiertamente con el terrorismo.

Tanto el FBI como el Departamento de Seguridad Interior ya han planteado preocupaciones. Al momento, la evidencia de la referida actividad es incompleta, pero involucra la arenga a perpetrar actos violentos por actores extranjeros en el ciberespacio, y lo propio sucede con organizaciones de orden doméstico -oriundos de todo el espectro político.

Detectar, investigar y aislar estas amenazas es fundamental y significativo, más allá de la réplica inmediata que se debe anteponer a la tubulencia. Ahora mismo, un sistema de violencia organizada amenaza con impunidad al mismísimo tejido societario en los Estados Unidos.

A efectos de lidiar en simultáneo con estos desafíos en todo el país, exige líderes competentes y portadores de firme carácter -que sepan trabajar mancomunadamente.

El liderato político deberá estar a la altura de las circunstancias, a la hora de imponerse a la crisis surgida de las protestas, y también deberá lidiar con las preocupaciones vinculadas a la salud pública que emergen de multitudes agolpadas en el espacio público (en lo que respecta al COVID-19).

El presidente, por su parte, tiene razón. Alcaldes y gobernadores deberán echar mano de todos los recursos disponibles a efectos de impedir el avance de la violencia en cada comunidad.

Las fuerzas armadas estadounidenses, incluyendo a la Guardia Nacional, pueden proporcionar activos bien entrenados, responsables, legales y apropiados para la crisis, a pedido de las autoridades locales y estatales. El gobierno federal no deberá interponerse en ese esfuerzo, ni intentar tutelarlo.

Al mismo tiempo, el gobierno federal necesita liderar la respuesta frente al problema planteado por los agitadores profesionales.

Funcionarios federales, estatales y de la comunidad de inteligencia deberán poner a disposición sus mejores esfuerzos y recursos.

El presidente acertó al designar a Antifa como una organización terrorista de orden doméstico. La medida ayudará a que las fuerzas del orden detecten a los malhechores que no portan otro interés que herir a los ciudadanos de los Estados Unidos.

El señalamiento y la política deberán quedar al margen, conforme el país cuenta con la totalidad de las herramientas necesarias para brindarnos, a todos nosotros, la seguridad que merecemos. Es hora de hacer a un lado la retórica, para comenzar a proteger a nuestras comunidades y hogares.

Artículo original, en inglés