Argentina: la desocupación confirma el feroz ajuste implementado contra el sector privado

La típica pregunta que formulan quienes se oponen al ajuste sintetiza: ¿y qué hacemos con la gente que queda desocupada del sector público, si se reforma el estado? Obviamente, cuando se habla de reformar el Estado, no se hace referencia únicamente al sector público nacional, sino que ello también involucra reformar los estados provinciales y municipales.

Los datos de desocupación del segundo trimestre de 2018 que recientemente informara INDEC consignan que la desocupación ha alcanzado el 9,6%, casi un punto más que en el segundo trimestre de 2017.

Ahora, bien; si el Estado no realiza ajustes sobre el empleo en ninguno de sus andariveles, entonces cae de suyo que el ajuste recae sobre el sector privado. Conforme es sabido, todos los meses pasan a buscar un cheque por la ventanilla del Estado algo más de 21 millones de personas, 17 millones entre jubilados, pensionados, AUH, planes sociales de todo tipo, pensiones no contributivas, etcéteras. Empleados en relación de dependencia en el sector privado existen, en blanco, solo 6,2 millones, de acuerdo a la información que brinda la Secretaría de Trabajo.

Si a los empleados en relación de dependencia del sector privado le sumamos autónomos, monotributistas, monotributistas sociales (dato de por sí poco confiable, porque el monotributo social comporta un negocio para venderle al Estado sin ingresar en procesos licitatorios) y los empleados en casas particulares, se arriba a un total de 9,1 millones de personas que se desempeñan en el sector privado.

Insisto: los 406 mil monotributistas sociales inflan artificialmente los empleados en el sector privado. Aún así, el hecho de que 9 millones mantengan a 21 millones, no cierra.

El problema fundamental, entonces, explicita que el sector privado no crea puestos de trabajo desde hace tiempo. Comparándose el mes de junio del presente año con el mes de enero de 2012, el sector privado creó solo 117 mil nuevos puestos de trabajo. En idéntico período, el empleo público (nación, provincias y municipios) aumentó en 622.400 puestos de trabajo. Casi el 50% del 1,3 millones de nuevos puestos de trabajo (incluyendo monotributos, monotributo social, autónomos, etc.), son explicables a partir del incremento en el empleo público.

Si tomamos el período de Cambiemos, comparando junio 2018 contra noviembre 2015, el empleo privado en relación de dependencia cayó el 0,7%, y el empleo público aumentó el 1,7 por ciento.

Considerando el exceso de personal en el Estado, en los tres niveles de la Administración, es posible concluír que el 9,6% de desocupados es un dato "mentiroso", pero no porque el INDEC carezca de seriedad. Por el contrario, ha recuperado su prestigio con Cambiemos y con Jorge Todesca en su dirección; sino porque se está computando a personas que figuran como ocupada en el sector público pero que, en rigor, no producen nada que sea útil para la población.

Dicho en otras palabras, se esconde en el sector público a parte de la desocupación.

Al observarse detenidamente los datos de empleo (agradeciendo, de paso, a Eliana Scialabba, por sus aclaraciones), todo parece ilustrar que el incremento del desempleo se explica, antes que por la destrucción de puestos de trabajo, por más personas que buscan empleo.

Comparando el promedio de puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2018 con el mismo período de 2017, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, no se observan caídas en ninguno de los rubros que integran los puestos de trabajo totales en blanco

¿Qué se observa en los datos de INDEC? Pues, un incremento en la población económicamente activa de 398 mil personas, comparándose ambos trimestres. La razón para explicarlo es que un número de jóvenes se incorporan al mercado laboral, o bien porque existen más personas que hoy componen ese universo.

En otras palabras, es posible que la desocupación esté creciendo, porque existe hoy más gente en edad de trabajar, y/o porque personas que antes no buscaban trabajo, ahora han comenzado a buscarlo. En simultáneo, el sector privado no crea más puestos de trabajo debido a la ausencia de inversiones, o bien ciertamente no está creándolos al ritmo que ese trabajo es demandado. Si existen más personas buscando trabajo (y que antes no lo buscaba), esto puede indicar que el ajuste padecido por el sector privado fuerza a una parte de la familia a buscar trabajo para, de esa manera, sostener su nivel de consumo. 

Puesto en otras palabras, las escasas familias que producen en el sector privado se ven hoy obligadas a buscar más trabajo, para sostener a los 21 millones que todos los meses se acercan a las ventanillas del Estado para buscar su cheque. Como ya se dijo, el sector público no ha hecho el más mínimo esfuerzo por reducir la sobrepoblación estatal, al punto que en el período de Cambiemos, el empleo estatal aumentó el 1,7% con una baja del 0,7% en el sector privado asalariado.

A junio del corriente, de los 12,3 millones de puestos de trabajo informados por la Secretaría de Trabajo, el 26% correspondían al sector público.


Algunos ajustan; otros, no

De lo anterior, se desprende lo siguiente: los hipergradualistas argumentan que no es posible reducir el empleo público hasta tanto el sector privado no cree más puestos de trabajo. ¿Qué hacemos, entonces, con la gente que queda desocupada del sector público? Devuelvo, pues, la pregunta; y digo a los hipergradualistas: ¿qué hacemos con todas las personas del sector privado que quedan desocupadas o buscan trabajo para mantener a planeros, empleados públicos y jubilados? ¿Acaso estas personas no tienen derechos? ¿No se trata de seres humanos? ¿Son meras máquinas cuyo fin es abastecer al fisco?

Utilicemos otro formato para explicarlo: ¿acaso no resulta inhumano que un grupo de personas del sector privado se vea forzada a tolerar una carga cercana a la esclavitud, sosteniendo a millones de personas que viven del fruto del trabajo ajeno? 

Nos topamos aquí con un círculo vicioso. Mientras no se reduzca el gasto público (incluído, por cierto, el empleo estatal), mientras no se reduzca la carga impositiva y no se cuente con una legislación laboral adecuada que evite espantar a las empresas a la hora de contratar personal, la economía no atraerá mayores inversiones, no se crearán suficientes puestos de trabajo, y el peso del Estado sobre el sector privado será cada vez mayor -dado el achicamiento del sector privado. 

La ausencia de estímulos para producir resulta cada vez mayor, dada la voracidad impositiva estatal y la legión de planeros y empleados públicos que deben ser mantenidos. En tales condiciones, no se verificará la tesis gubernamental, que reza que la economía crecerá, que el gasto público se va a congelar y que, por lo tanto, el peso del Estado sobre el sector privado será cada vez menor. 

En rigor, tiene lugar el escenario exactamente inverso, dada la negativa a bajar el gasto público: el sector privado se achica, y el peso del Estado se incrementa, al punto que el gobierno acaba de disponer un aumento de la carga impositiva para tratar de cerrar la brecha fiscal. La teoría del gobierno que la brecha fiscal se iba a cerrar por mayor crecimiento no se verificó, conforme era previsible. 

Por el contrario, la brecha fiscal intenta cerrarse, expoliándose cada vez más al sector privado, de la mano de una mayor presión impositiva, y postergando rebajas de impuestos anunciadas oportunamente.

En tales condiciones y el actual escenario, uno en el cual la dirigencia política insiste en no reducir el gasto público, lo único certero es que el sector privado estará condenado a perecer, dada la esclavitud impositiva, hasta que llegue un punto en que no exista nadie más en el sector privado disponible para mantener a planeros, empleados públicos y jubilados.