España: las pensiones deberán reducirse en un 2.8%

La sustentabilidad financiera de cualquier organismo privado o público —también de la Seguridad Social— depende de que a largo plazo sus gastos sean cubiertos por sus ingresos. El déficit permanente es sinónimo de impago, ya sea mediante el repudio de las obligaciones financieras o mediante la dilución inflacionista de su valor. De ahí que garantizar la viabilidad financiera de una organización sea fundamental para su supervivencia: sin un equilibrio entre ingresos y gastos, la organización terminará desmoronándose.

La reforma de las pensiones del año 2013, aprobada por el Gobierno de Rajoy, introdujo dos importantes novedades: el factor de equidad intergeneracional (FEI) y el índice de revalorización de las pensiones (IRP). El objetivo del FEI era tratar equitativamente a las personas que se jubilaran en años distintos: en concreto, que la suma actuarial de las pensiones que van a percibir dos personas que han accedido a la jubilación en idénticas condiciones (salvo por el año de retiro) sea idéntica. En la práctica, el FEI se traducirá en un recorte de las nuevas pensiones en función del incremento de la esperanza de vida.

Por su parte, el índice de revalorización de las pensiones pretende atajar los desequilibrios a largo plazo entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social, de tal manera que las pensiones tiendan a revalorizarse cuando los ingresos superen los gastos y, en cambio, las pensiones tiendan a reducirse cuando los gastos rebasen los ingresos. Como es sabido, hasta 2013, las pensiones se revalorizaban de acuerdo con el IPC al margen de cuál fuera la situación financiera de la Seguridad Social: pues bien, el IRP buscaba sustituir al IPC como criterio de actualización del poder adquisitivo de los pensionistas.

¿Cómo se calcula el IRP? Primero se estima la tasa de crecimiento medio de los ingresos de la Seguridad Social (tomando los registros de los cinco años anteriores y las previsiones de los cinco años posteriores). Segundo, se resta la tasa de crecimiento medio del número de pensionistas (tomando también cinco años pasados y cinco futuros), así como la tasa de variación de la pensión media. En ausencia de un superávit o de un déficit heredados, debería ser obvio que el crecimiento de los ingresos ha de coincidir con el crecimiento de los gastos (los cuales dependen, como hemos indicado, del número de perceptores de una pensión así como del importe medio de esa pensión). Sin embargo, en presencia de un superávit o de un déficit heredado, la coincidencia de tales tasas no garantiza el equilibrio financiero: por eso el IRP también incluye un elemento de ajuste gradual del déficit o superávit heredado (por ejemplo, si los gastos son un 10% superiores a los ingresos y queremos eliminar el déficit heredado en cinco años, habrá que restarle un 2% al IRP).

El IRP puede tomar tanto valores positivos como negativos. Sin embargo, el Gobierno, en su reforma de 2013, prohibió la aplicación de valores negativos sobre las pensiones: como poco, los ingresos de los pensionistas deberán incrementarse un 0,25% cada año, aun cuando ello no contribuya a lograr el equilibrio financiero entre ingresos y gastos. Con todo, y pese a la anterior restricción política del PP, es necesario plantearse cuánto deberíamos ajustar a la baja las pensiones públicas para conseguir equilibrar el sistema a lo largo del próximo lustro. Un grupo de economistas de la Universidad de Valencia han echado las cuentas y la respuesta es que, en 2018, habría que disminuirlas un 2,58%.

En particular, el crecimiento medio, en retrospectiva y prospectiva, de los ingresos es del 2,85% anual; a su vez, el número de pensionistas se expande a una media del 1,1% y la pensión media (como consecuencia de las bajas y altas al sistema) lo hace al 1,51%. Es decir, en ausencia de un déficit heredado de más de 15.000 millones de euros, las pensiones podrían revalorizarse un 0,24% en 2018. Expresándolo aún de otra forma: si el Gobierno se limitara a revalorizar las pensiones el 0,25% fijado como mínimo por ley, el déficit estructural de la Seguridad Social ni menguaría ni se expandiría. Pero evidentemente no podemos obviar ese déficit estructural: por ello, en caso de que queramos eliminarlo en cuatro años, las pensiones deberían recortarse un 2,82%. Combinando ambos efectos, llegamos a la conclusión de que, para ir equilibrando los ingresos y gastos del sistema, deberíamos recortar las pensiones medias en un 2,58% durante el presente ejercicio.

Sin embargo, el Gobierno del PSOE no solo no las reducirá sino que, merced a un pacto electoralista entre el PP y el PNV, las incrementará un 1,6% tanto en 2018 como en 2019. En otras palabras, el déficit estructural de la Seguridad Social no solo no se estabilizará sino que se incrementará (y no, las subidas de impuestos generales que ha postulado el PSOE no servirán a medio plazo para cuadrar un sistema gigantescamente descuadrado). El agujero de la Seguridad Social está ahí, pero ningún partido político quiere reconocerlo ante los votantes: tarde o temprano, empero, la realidad terminará imponiéndose al electoralismo irresponsable.

Más nos vale ser conscientes de la magnitud del quebranto financiero que se avecina.