Ecuador: descapitalizando la economía

Esta semana, el ex ministro ecuatoriano de Finanzas, Fausto Ortiz, señaló que, de acuerdo a sus proyecciones y si la economía crece a 2% al año y se reduce el déficit global (tomando en cuenta el pago de intereses de la deuda) un punto al año, tardaríamos 7 años en llegar al techo del 40% del PIB.

Cabe consignar que, entre 2000 y 2006, el petróleo registró un precio promedio de alrededor de US$35 por barril, bastante menor al actual. Aún así, durante ese período, distintos gobiernos lograron reducir el endeudamiento público, desde un 76,7% del PIB, hasta situarlo un 28,8%.[1]


Luego de, y no obstante la mayor bonanza petrolera en la historia del país —73% superior a la primera en términos reales-, la deuda pública llegó a 39,1% del PIB en enero de 2017 y, ahora, en mayo de 2018, a 57% del PIB. ¿Qué sucedió?

Una diferencia que salta a la vista es el nivel del gasto público, que casi se duplicó. En el periodo 2000-2006, el gasto público del Sector Público No Financiero (SPNF) como porcentaje del PIB promediaba 23,7% del PIB, mientras que, entre 2007-2016, el Estado ecuatoriano llegó a consumir un promedio de 40,4% del PIB. Y, cuando carecíamos de tanta parafernalia estatal y se reducía el endeudamiento, crecíamos a una tasa promedio superior: 4,2% entre 2000-06 vs. 3,3% entre 2007-2016.[2]


Conforme lo apuntara el ex ministro de Finanzas de la República Argentina, Ricardo López Murphy, esta semana, en oportunidad de una reciente visita a Guayaquil: los déficits públicos constituyen una descapitalización de la economía, derivando en un declive de la productividad y el PIB per cápita de la economía en el mediano y largo plazo. Es, precisamente, la historia de la Argentina, explicaba él. Pero se ha de concluir, en torno al excelente libro acerca de las finanzas públicas del Ecuador entre 1830 y 1940 de Linda Alexander Rodríguez,[3] que también es la historia del Ecuador de antes y de hoy.

Se ha dicho que el crecimiento se vería perjudicado, si se tomara la decisión de recortar el gasto público. Pero, al mismo tiempo, no se explica por qué manteniendo entidades estatales que generan pérdidas, son ineficientes o redundantes en momentos en que el país se enfrenta a una brecha financiera de US$11 mil millones, puede considerarse como algo que estimule el progreso. Convendría adoptar una metodología de presupuesto base cero, en lugar de tomar como punto de partida lo gastado el año anterior.

Otra manera de reducir el gasto consiste en eliminar los ineficientes y regresivos subsidios a los combustibles que consumieron en 2017 US$1.932 millones, de acuerdo al Observatorio de Minas y Petróleo de la UDLA. Esta medida podría ser amortiguada al procederse con la eliminación de los subsidios, al tiempo que se protege a los sectores de ingresos más bajos (identificados con el Bono de Desarrollo Humano), a partir del incremento en el costo del gas para cocinar y del pasaje de transporte público.

Otro método con miras a reducir el gasto estatal remite a la concesión de servicios públicos, como ser la gestión de aguas, el desarrollo y mantenimiento de carreteras, e incluso la distribución de electricidad. Quienes se oponen a estas medidas, han perdido la autoridad moral para demandar que se mantengan estos proyectos en manos del estado debido a la corrupción y el despilfarro. Adicionalmente, lo cierto es que esas voces no disponen de los recursos, y solo podrían hacerlo endeudándose en condiciones onerosas.



Referencias