ESTADOS UNIDOS: DAVID INSERRA

EE.UU.: mayor discrecionalidad para contrarrestar la amenaza de 'drones' hostiles

En oportunidad de una audiencia, celebrada el próximo-pasado 6 de junio a criterio de revisar la autorización legal...

14 de Junio de 2018

En oportunidad de una audiencia, celebrada el próximo-pasado 6 de junio a criterio de revisar la autorización legal otorgada para detener a drones o aviones no tripulados que representen peligro, el senador estadounidense Ron Johnson (Republicano, Wisconsin), se preguntó: '¿Acaso esto es lo único que haremos?'. El Acta para Contrarrestar Amenazas Emergentes (Prevent Emerging Threats Act, 2018), presentada por Johnson, fue debatida por el panel que el referido legislador encabeza, esto es, el Comité de Seguridad Interior y Asuntos Gubernamentales del senado estadounidense. Johnson se preguntó si acaso la legislación haría lo suficiente para habilitar a las autoridades con el objetivo de que puedan contrarrestar la amenaza sintetizada en los aviones no tripulados.

La legislación otorgaría a funcionarios federales con funciones en el cumplimiento de la ley, autoridad legal para combatir a drones hostiles, dotando de poder y discrecionalidad al Departamento de Seguridad Interior (DHS) y al Departamento de Justicia a los efectos de identificar, rastrear, interceptar y dañar o destruir (sólo si se decide es necesario) a cualquier o cualesquier drone/s que estén siendo operados con propósitos ilegales. El Departamento de la Defensa y el Departamento de Energía ya cuentan con la autoridad necesaria para proteger ciertos activos militares y nucleares.

Seguridad urbana y dronesPero éste sería un desarrollo de importancia, conforme las autoridades deben lidiar cada vez más periódicamente con el modo de contrarrestar el accionar de drones, entre el rápido crecimiento y difusión de tecnologías en materia de aeronaves no tripuladas. El denominado proyecto de ley, asimismo, toma en consideración un sensato punto de partida, habida cuenta de que Defensa y Energía contabilizan numerosas instalaciones y misiones que exigen a las autoridades contrarrestar el accionar potencialmente hostil de cualquier sistema aéreo no tripulado. Entre los muchos ejemplos existentes, Seguridad Interior protege la línea fronteriza, y el Departamento de Justicia vigila las prisiones.

Pero el legislador Johnson tiene la razón al preocuparse por si acaso el proyecto del comité irá lo suficientemente lejos; el motivo: las autoridades locales y estatales han quedado al margen de la letra. La legislación confiere nueva discrecionalidad para el cumplimiento de la ley a nivel federal, pero fracasa a la hora de otorgar idénticos poderes a gobiernos locales (municipios) y estatales. En lugar de ello, el proyecto solo permitiría que las fuerzas de policía de una comunidad dada requieran asistencia federal para ocuparse de drones hostiles, algo que no siempre la autoridad federal estará en condiciones de hacer.

Las autoridades federales en los Estados Unidos ciertamente no cuentan con los recursos para responder a cada amenaza en cada uno de los cincuenta estados de la Unión; pero sí pueden hacerlo las autoridades locales y estatales. Mientras el congreso explora los modos de combatir el uso malicioso de drones, también debería considerar la manera de dotar de mayor poder a los estados del país. El congreso estadounidense debería modelar su enfoque, tomando como punto de partida al programa 287(g) del Departamento de Seguridad Interior, en el cual los funcionarios de inmigración se entrenan (y asignan funciones a personal extra, cuando es necesario) para reforzar la aplicación de leyes federales, bajo autoridad asignada desde el gobierno federal. A efectos de tomar parte del programa, las autoridades locales deben firmar un memorándum que describirá las limitaciones de la autoridad delegada, e involucrarse en entrenamiento inicial, reiterándolo una vez cada dos años. Las fuerzas de policía estatales y locales podrían constituír idénticos sistemas de participación con Seguridad Interior, cuando el tema tiene vinculación con la discrecionalidad para contrarrestar el accionar de drones.

Un programa piloto como el descripto, otorgaría a los funcionarios locales y estatales la flexibilidad necesaria para hacer frente a un siempre cambiante entorno tecnológico, como ser, por ejemplo, al llevarse a cabo ferias estatales o eventos deportivos universitarios. En simultáneo, este sistema piloto será útil para hacer frente a la necesidad de mayor supervisión federal en tecnologías anti-dron, garantizando que sean utilizadas apropiadamente, sin derivar en daño colateral alguno. 

La pregunta del legislador Johnson —¿Acaso esto será todo lo que haremos?— reviste gran importancia. Conforme los drones se vuelven algo corriente, las comunidades en los Estados Unidos precisarán contar con medios efectivos para la detección, identificación y réplica a a la amenaza de naturaleza potencialmente inminente que pudieren consignar drones hostiles. Un programa similar al 287(g) en estructura y alcance otorgaría a los funcionarios destinados a la aplicación de la ley, el marco de respaldo que precisan para desempeñar adecuadamente sus respectivos trabajos.



Artículo original, en inglés, en éste link

 

 

Sobre David Inserra

Experto en el think tank estadounidense Heritage Foundation (Washington, D.C.), en temas relativos al ciberespacioSeguridad Interior. Publica papers y análisis en el medio estadounidense The Daily Signal.