México: desarrollo estabilizador

En la carta que la semana pasada López Obrador dirigió a los inversionistas, misma que se publicó en El Financiero, señaló que el modelo económico que propone es "semejante al que se aplicó en el país en el periodo denominado del Desarrollo Estabilizador". Apuntó que no es la intención de "revivir el modelo del pasado y aplicarlo de manera mecánica" sino ajustarlo tomando en consideración "la inserción de México en la globalidad, el surgimiento de una nueva generación de derechos individuales y sociales y una vertiginosa transformación tecnológica". ¿Qué quiso decir? Vaya usted a saber.

Al analizarse el período referido, que corresponde a la década de los sesenta del siglo pasado, hay dos grandes vertientes: la estabilidad macroeconómica y la política de desarrollo económico.

Por lo que toca a la estabilidad macroeconómica, tanto Antonio Ortiz Mena (Secretario de Hacienda) como Rodrigo Gómez (Director del Banco de México), tenían perfectamente claro que una de las condiciones indispensables para lograr un proceso de desarrollo económico sostenido era la estabilidad de precios, por lo que el ejercicio de las políticas fiscal y monetaria fue compatible con el objetivo de mantener el tipo de cambio fijo. De ahí que en general, durante el periodo referido, no se generaron presiones fiscales significativas que requiriesen del financiamiento primario del Banco de México. Durante este periodo el déficit fiscal (equivalente al hoy agregado Requerimientos Financieros del Sector Público) representó en promedio 1,6% del PIB, financiado en su mayor parte con crédito de la banca comercial (dada la política de encaje legal que estableció cómo asignar entre el gobierno y el sector privado el financiamiento bancario). El resultado de esta política macroeconómica fue que la tasa de inflación promedio en la década fue de 3,1%.

Para analizar el manejo de las políticas fiscal y monetaria mexicanas durante la década de los sesenta, es importante señalar que en esos años regía el acuerdo de Bretton Woods que estableció un sistema mundial de tipos de cambio fijos basados en un sistema fiduciario de patrón oro en el cual EE.UU. mantenía fijo el tipo de cambio del dólar frente al metal (40 dólares por onza con total convertibilidad) y todos los países a su vez una paridad constante frente al dólar con esta moneda como reserva internacional. Obviamente, para mantener fijo el tipo de cambio del peso frente al dólar, no se podían generar presiones fiscales que requiriesen del financiamiento del banco central, lo cual se hizo.

Otra consideración importante es que en esos años no existía un mercado internacional de capitales. Para efectos prácticos, los únicos flujos de capital que cualquier país recibía eran inversión extranjera directa y financiamiento por parte de organismos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual representaba una restricción adicional a una política fiscal deficitaria (al final de la década el saldo de la deuda externa ascendió a un poco más de 4,000 millones de dólares). El mundo actual es totalmente diferente: los tipos de cambio son flexibles y existe un mercado internacional de capitales muy desarrollado con casi perfecta movilidad de los mismos.

Así, durante el periodo analizado el manejo de la política fiscal y monetaria claramente fue exitosa al haber dotado a la economía de un marco macroeconómico de estabilidad que permitió el crecimiento acelerado de la economía. Por su parte, la política de desarrollo económico se sustentó en dos grandes instrumentos de política: proteccionismo comercial y subsidios.

En la carta que López Obrador dirigió a los inversionistas, señaló que el modelo económico que plantea es similar al que rigió durante el desarrollo estabilizador. La semana pasada analicé la parte de la estabilidad macroeconómica y en este artículo analizo la parte del desarrollo.

La Segunda Guerra Mundial, y en menor grado la Guerra de Corea, otorgaron al incipiente sector industrial mexicano cierto grado de protección que favoreció su crecimiento, pero no fue sino hasta finales de la década de los cincuenta y principios de la de los sesenta que explícitamente se instrumentó en México una política de desarrollo económico basada en el impulso a este sector.

La política de industrialización se basó principalmente en tres instrumentos: la protección comercial, subsidios al capital (fiscales, financieros y al precio de insumos como agua y energía) y el control del precio de los alimentos para evitar presiones sobre los salarios urbanos. El resultado fue obviamente impulsar el crecimiento de este sector (en los sesenta, mientras el PIB total creció al 7% promedio anual, el PIB industrial lo hizo al 11,5%). Visto así la política fue un éxito, sin embargo se generaron significativas distorsiones con un costo muy elevado.

Primero, la protección comercial al sector manufacturero actuó, implícitamente, como un impuesto al sector agrícola (castigado adicionalmente por los controles de precios a los alimentos y la reforma agraria), el cual expulsó factores de la producción, principalmente mano de obra que migró a las ciudades. Sin embargo, dado que la expansión de la industria estaba limitada por el tamaño del mercado interno, dado el sesgo naturalmente antiexportador de la protección y que este sector, por los subsidios era relativamente intensivo en capital, el influjo de mano de obra se empleó mayoritariamente en el sector servicios, principalmente el comercio, actividad de bajo valor agregado.

Segundo, dado que el mercado relevante para el manufacturero era el interno, existió el incentivo para que las empresas productoras de bienes de consumo, así como sus proveedores de insumos, se situarán en o cerca de los principales centros poblacionales, lo que generó un patrón de desarrollo regional centrado en tres grandes metrópolis (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, imanes para la migración rural - urbana). Esto también indujo para que las vías de comunicación (principalmente carreteras) se construyeran con un diseño troncal centrado en estas tres ciudades.

Tercero, la tecnología de producción fue mayormente importada y obsoleta. La dependencia para allegarse tecnologías desarrolladas en el exterior, se reflejó en la estructura de la matrícula universitaria: un fuerte desincentivo para estudiar disciplinas relacionadas con la ciencia y el desarrollo tecnológico.

Finalmente, la protección a las empresas manufactureras, al enfrentarse a un mercado interno cautivo, les permitió apropiarse de rentas a costa del bienestar de los consumidores, quienes enfrentaron precios de los bienes por arriba de los internacionales, así como una menor calidad y diversidad de los mismos.

¿Es a esto a lo que quiere regresar López Obrador, un modelo agotado e ineficiente y tirar por la borda lo que se ha avanzado en las últimas tres décadas? Hoy tenemos un sector manufacturero dinámico, moderno tecnológicamente e integrado a los mercados internacionales (México es uno de los principales países del mundo en exportaciones manufactureras), con un desarrollo regional que refleja esta integración y, además, se eliminó el sesgo en contra de la agricultura. Finalmente, el gran beneficiado ha sido el consumidor: menores precios, mayor diversidad y mayor calidad.

Que no se nos olvide: independientemente de nuestra fuente de ingresos todos somos consumidores. Regresar al proteccionismo de los sesenta es lo que menos nos conviene.