INTERNACIONALES: ANA ROSA QUINTANA

Venezuela: esperada medida de Trump

El pasado domingo, el presidente estadounidense puso en marcha una medida...
27 de Septiembre de 2017

El pasado domingo, el presidente estadounidense puso en marcha una medida largamente esperada, al interponer restricciones de traslado a un número de funcionarios venezolanos de alto perfil. Como parte de esa prohibición, que pone en la mira a ocho naciones, sus representantes y familiares ya no podrán obtener un visado turístico o de negocios para trasladarse hacia los Estados Unidos de América.

Maduro, El AissamiLa iniciativa no debería ser interpretada como una prohibición contra ciudadanos venezolanos. Más bien, al contrario: las sanciones recaen directamente contra funcionarios corruptos del régimen represivo de Caracas. Al suspenderse su capacidad para trasladarse a EE.UU., Washington no solo mantiene alejado de territorio estadounidense a un peligroso elemento, sino que compromete su capacidad para continuar enriqueciéndose a partir del sistema financiero americano.

La nueva política de Donald Trump prohibe, de manera específica, el otorgar visas de negocios y turismo (B-1 y B-2) a funcionarios de las siguientes agencias:

 

  • Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz.
  • Servicio Administrativo de Identificación, Migración e Inmigración.
  • Cuerpos de Servicio Científico, Penal y Criminal.
  • Servicio de Inteligencia Nacional Bolivariano.
  • Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

Asimismo, la nueva política impide el otorgamiento de visados a parientes de tales funcionarios. El anuncio oficial sobreviene luego de conocerse el discurso de Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde denunció al régimen socialista de Nicolás Maduro por 'haber impuesto una ideología fallida' contra el pueblo venezolano, y por 'robar el poder' de la mano de sus funcionarios electivos.

El mandatario estadounidense también prometió continuar la presión contra la dictadura venezolana y, en oportunidad de mantener una cena con líderes latinoamericanos, afirmó que Estados Unidos 'tomará más medidas' para lidiar con la recurrente dictadura. Los funcionarios corruptos del gobierno de Venezuela han representado, durante mucho tiempo, una amenaza para la seguridad pública de los EE.UU. Docenas de altos funcionarios retirados y en ejercicio hoy en el Gabinete bolivariano a quienes ahora se les han suspendido los visados, han sido sancionados por el gobierno estadounidense por dedicarse al tráfico de drogas, por respaldar al terrorismo, y por constituírse en violadores de derechos humanos.

El caso del vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, es particularmente alarmante.

A comienzos de este año, una investigación de la cadena CNN reveló cómo la embajada venezolana en Irak comerció pasaportes y visas a individuos con conexiones probadas con el terrorismo. Un ex diplomático venezolano y consejero legal en la sede diplomática ayudó a encubrir información que vinculaba a El Aissame a 173 pasaportes y cédulas de identidad venezolanos en el tiempo en que se desempeñó como ministro de poder popular para Interior. De igual manera, El Aissami ha sido vinculado con el facilitamiento de respaldo financiero para dignatarios del grupo terrorista libanés Hezbolá.

Su asociado más cercano y funcionario oficial de Venezuela, Ghazi Nasr al Din, también ha sido objetivo de sanciones estadounidenses desde 2008, por respaldar a recaudadores de fondos de Hezbolá en América Latina. En su oportunidad, sirvió como representante en jefe de la embajada de Venezuela en Damasco, Siria, para luego ser designado en la embajada venezolana en el Líbano, como director de asuntos políticos.

En las primeras semanas de la Administración Trump, el Departamento del Tesoro oficialmente ubicó a El Aissami y a su socio más cercano bajo la etiqueta de 'traficantes de narcótico especialmente designados', en conformidad con lo tipificado por el Acta relativa a Cabecillas de Organizaciones de Narcotráfico (Narcotics Kingpin Act). Numerosos desertores del gobierno venezolano, incluyendo a simpatizantes de Hugo Chávez, afirman que la red de narcotráfico de El Aissami se extiende a través de los cárteles de la droga latinoamericanos, en donde destaca el violento espectro de Los Zetas (México).

Las estimaciones iniciales refieren que las tenencias financieras de El Aissami en los Estados Unidos ascienden a decenas de millones de dólares. Al día de la fecha, Estados Unidos ha confiscado un aproximado de US$ 500 millones en dinero de origen ilícito y activos relacionados con El Aissami. El sucesor del mencionado, hoy Ministro del Interior y Comandante de la Guardia Nacional, Néstor Reverol, también hace frente a una acusación federal en los Estados Unidos de América por narcotráfico.

Hasta el momento, la Administración Trump ha puesto en marcha un sistema de sanciones específicas contra 40 funcionarios venezolanos. La reciente suspensión para traslados y negocios es la consecuencia natural de la sólida política oficial americana hacia Venezuela. La dictadura de Maduro está conduciendo al país al desastre, y la Casa Blanca trabaja para poner punto final a ese problema. En tal sentido, y a partir de tales acciones, la Administración Trump ha de ser congratulada.


Artículo original en inglés, en http://dailysignal.com/2017/09/26/trumps-decision-ban-venezuelan-government-officials-long-overdue/

 

Sobre Ana Rosa Quintana

Es Investigadora Asociada sobre Asuntos Hemisféricos y Latinoamérica en la Fundación Heritage, Washington, D.C. Más puntualmente, se desempeña en el Centro Douglas y Sarah Alison para Políticas de Seguridad Nacional y Exterior -división del Instituto Shelby Cullom Davis para Estudios Internacionales