¿Quién en la Casa Blanca decidió intervenir comunicaciones de Manafort?

El presidente estadounidense Donald Trump, acostumbrado a la exageración frecuente, pudo tener razón cuando se refirió a los intentos de la Administración Obama de derribar su campaña. CNN, una fuente de noticias hostil, que previamente había denunciado las afirmaciones de Trump a respecto de que el actual jefe de Estado había sido espiado en la Torre Trump, informó a fines del pasado lunes que el ex director de campaña de Trump, Paul Manafort, fue, de hecho, intervenido por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Dependiendo de las inclinaciones políticas de los periodistas que cubrieron la historia, el relato, o bien fue enmarcado como una reivindicación de las afirmaciones en general exageradas de Trump sobre el gobierno de Obama, o como otra pieza de evidencia que demuestra que el equipo de Trump se conjuntó con los rusos en un esfuerzo para influenciar los resultados de la elección presidencial de 2016.

 

A pesar de la falta de información proporcionada por el gobierno, la narrativa en torno de Manafort parece resumirse en lo siguiente: Manafort es un consultor político de vieja data. A comienzos de 2004, y durante una década, Manafort sirvió como consejero de primera línea para el ex presidente ucraniano -pro-Rusia- Viktor Yanukovich, y trabajó junto a un número de otros consultores con base en Washington, D.C. De alguna manera, su involucramiento llamó la atención del FBI en 2014, posiblemente debido a las afirmaciones de que Yanukovich había robado millones de dólares, para luego ocultarlos en alguna parte, acaso con asistencia de sus consultores extranjeros. Como consecuencia de ello, una orden secreta del tipo FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act, Acta de Vigilancia sobre Inteligencia Extranjera) fue requerida por el FBI, la cual luego sería emitida para autorizar la intervención telefónica y de comunicaciones (junto con otros métodos investigativos) para determinar si se habían quebrantado leyes estadounidenses sobre lobby y lavado de dinero. La pesquisa inicial fue, eventualmente, permitida; quedando luego al margen por 'falta de evidencia'.

 

De acuerdo a información en apariencia novedosa y obtenida por el FBI, una segunda orden fue obtenida hacia el verano americano de 2016, presuntamente cuando Manafort era el jefe de campaña de Trump. Sin embargo, la línea de tiempo no está del todo clara. Manafort fue intervenido, acaso para incluir su residencia en la Torre Trump, y el monitoreo continuó hasta comienzos de 2017, aún cuando Trump ya había jurado en el cargo. Según se informara, Manafort habló con Trump en ese lapso, aun que no ha sido revelado si acaso Trump -ya como presidente- fue grabado en persona.

 

La investigación que versaba sobre el Rusiagate se aceleró, desde el nombramiento de Robert Mueller como consejero especial en mayo, con porciones de la investigación enfocada en Manafort, y si acaso su relación con Ucrania violó el Acta de Registración de Agentes del Extranjero (FARA) de 1938. Se sospecha que Manafort pudo haber actuado bajo auspicios del gobierno de Kiev, exigiendo registración, o si de alguna manera se involucró posiblemente en lavado de dinero o irregularidades en su declaración de impuestos. El foco principal, sin embargo, ha reposado en la posibilidad de que Manafort se complotó de manera activa con el gobierno ruso para influenciar en la elección estadounidense. Para tal fin, Manafort ha sido inquirido por un gran jurado, y su domicilio en Alexandria fue allanado por agentes del FBI en la mañana del 26 de julio, mientras él y su familia se encontraban durmiendo. El cerrojo de la puerta de su hogar fue accedido, para habilitarse el ingreso. Sus discos rígidos fueron copiados, se llevaron archivos, e incluso sus trajes fueron fotografiados, a los efectos de proporcionar evidencia de que su ropa era 'cara'. A continuación, los fiscales informaron a Manafort que planeaban acusarlo.

 

Basándose uno en lo que se ha informado, así como también en información escasa disponible, es posible echar mano de los numerosos informes de prensa y, eventualmente, seleccionar el 'significado' del affaire Manafort. O bien Trump es reivindicado, o bien él y su equipo electoral se conjuntó con los rusos. Aquellos que portan consigo mayores dosis de cautela podrían verse compelidos a aumentar sus apuestas, coligiendo que ambas interpretaciones son parcialmente correctas. La Torre Trump bien pudo no ser el objetivo del monitoreo de comunicaciones, y Manafort bien pudo haberse comportado de manera poco discreta y en violación de FARA -pero él jamás hubiese intentado interferir con la elección. De tal suerte que todos pudieron, en algún modo, equivocarse o acertar, y la investigación sigue hoy su curso.

 

Desde luego que es interesante ponderar lo que pudo haber ocurrido, pero jamás conoceremos la naturaleza de la verdad, hasta tanto el gobierno federal dé a conocer mayor evidencia en relación a lo que motorizó ambos pedidos del FBI, en primer lugar. Y, en este punto, el análisis carece de consideraciones importantes. Primero que nada, alguien en la Administración Obama debió tomar la decisión -extremadamente sensible desde lo político- de investigar en secreto al jefe de campaña del nominado por el Partido Republicano, cuando los permisos de vigilancia fueron autorizados en el verano de 2016. Obama ha negado haber hecho tal cosa, y una investigación del Departamento de Justicia ha afirmado que no existía evidencia de que se hubiesen intervenido las comunicaciones en la Torre Trump. Pero se sugire hacer a un lado el idioma leguleyo y, en tal instancia, queda claro que, mientras Obama pudo no haber aprobado en persona el monitoreo, alguien en su Casa Blanca de seguro lo hizo. En lo que respecta al Departamento de Justicia, la evidencia puede, fácilmente, ser destruída o eliminada -como también pudo jamás haber sido registrada y almacenada debidamente.

 

Se ha afirmado también que las órdenes FISA solo son emitidas cuando existe una causa probable significativa, al respecto de que un delito se cometió; lo cual implica que Manafort 'debió haber hecho algo', pero el hecho es que casi la totalidad de los pedidos de órdenes FISA son aprobados, y pocos de ellos terminan en una investigación judicial concreta. Las órdenes FISA, de igual manera, son altamente secretas, y el exponerlas es un delito menor. El hecho de que los detalles del involucramiento FISA con Manafort vis-à-vis Ucrania se hayan filtrado a los medios de comunicación poco después de que la investigación se reabriera en 2016, es cuando menos sugerente. Eventualmente, ello forzó a Manafort a renunciar, avergonzando a Trump. Y el hecho de que los relatos que hacen daño a Donald Trump se respaldan en información clasificada y que sigan apareciendo en los medios es otro indicativo de que la guerra de filtraciones contra la actual Administración sigue su curso. Desde que filtradores y otros funcionarios gubernamentales fueron citados como fuentes anónimas, los alegatos de inocencia o culpabilidad deberían ser ponderados con mayor escepticismo.

 

Finalmente -y quizás más importante-, el caso Manafort, de principio a fin, demuestra una vez más que el concepto ejecutivo unitarista que ha prevalecido en la Casa Blanca desde 2001 goza de buena salud. Un equipo de la Casa Blanca dedicado a lograr que su candidato sea elegido puede (y de seguro lo hará) recurrir a todo mecanismo de poder disponible para consolidar esa meta, incluyendo monitoreos, vigilancia y el desenterrar cosas desagradables sobre un oponente político. El posible uso malintencionado del FBI y la corte FISA es, en más de un sentido, peor que el caso Watergate que involucró a Richard Nixon, conforme Nixon se aprovechó de recursos no-gubernamentales para corromper el proceso, mientras que la investigación sobre Manafort ha potenciado el factor de la corruptela, empleándose a agencias federales que actuaron en secreto, en medio de una muy comentada campaña electoral.

 

La corrupción del proceso político estadounidense es obvio, si las presunciones sobre el rol de la Casa Blanca en la intervención y el monitoreo de las actividades de Manafort terminan siendo ciertas. ¿Acaso alguien que se presenta como candidato para el puesto más importante desearía, en el futuro, ser confrontado por un poder ejecutivo que actúa secretamente a través de las agencias del orden y los servicios de inteligencia para desacreditarlos a él o a ella, y exponerse a que le suceda lo mismo a su familia y círculo íntimo de colaboradores? Se trata de un proceso hostil ante el cual muchos candidatos potencialmente buenos podrían preferir no soportar. Asimismo, se asiste a un abuso manifiesto de poder. Algunos creen que Mueller está llevando adelante una suerte de caza de brujas y que, en esencia, se muestra políticamente motivado. De ser cierto, ello eventualmente quedará expuesto. Mientras tanto, Manafort, quien ha cooperado en plenitud con las investigaciones y su involucramiento en el Rusiagate, ha de ser percibido como inocente, hasta tanto se pruebe su culpabilidad.


Artículo original en inglés, en http://www.theamericanconservative.com/articles/who-in-the-white-house-trump-decided-to-wiretap-manafort/