ECONOMIA: YAMILA FECCIA & GARRET EDWARDS

La reforma laboral que la Argentina necesita

Hoy por hoy, la cuestión laboral en Argentina se encuentra bajo debate.

30 de Agosto de 2017
Hoy por hoy, la cuestión laboral en Argentina se encuentra bajo debate. Si bien, afortunadamente, comienzan a aparecer hoy algunos indicios de recuperación económica, la nación austral se ha quedado afuera del mercado global debido a sus altísimos costos laborales, convirtiéndose en el menos productivo de toda América. Ante un nivel de desempleo del 9,3%, resulta fundamental avanzar en profundidad en una reforma laboral que juegue a favor del empleo y su sostenibilidad en el largo plazo. Todo indica que urgen modificaciones flexibilizadoras en materia laboral que dinamicen el sistema primarizado hoy vigente, así como lo está haciendo actualmente Brasil.
 
Piqueteros KBrasil sigue la senda de las reformas hechas por Chile, Colombia, México y Perú, y continúa acumulando medidas que optimizan el costo laboral, volviéndose en uno de los países más flexibles y con nivel de productividad más eficiente de la región. Lo cual contribuye a aumentar la brecha entre Argentina y Brasil, y posiciona en desventaja a la primera, ya que podría registrarse un eventual desvío de inversiones hacia su principal socio comercial, teniendo en cuenta que los impuestos al trabajo y los salarios (en dólares) son hasta un 30% más bajos. Ante este escenario, siendo que el mundo del trabajo se modifica hoy de manera veloz y zigzagueante, la Argentina no cuenta hoy con muchas más opciones que articular medidas que aceleren la mejora de la competitividad, ya que el reto en estos tiempos es adaptarse o quedarse afuera.
 
Asimismo, es necesario explicitar el concepto de flexibilización. Y no existe mejor manera de hacerlo que por la negativa: cuando se habla de flexibilización laboral, no se hace referencia, como muchos creen, a precarizar las condiciones de trabajo de los empleados; antes bien, de lo que se trata es de generar marcos propicios para la creación de puestos de trabajo genuinos, sosteniendo los ya existentes. Esto es, poner el foco en una reducción de los asfixiantes costos laborales y de la industria del juicio laboral, que conspiran contra la competitividad y la productividad. Por ende, a los efectos de encauzar el escenario, la Argentina habrá de eliminar la perversa estructura de incentivos vigente. Esta, a través de aventuras jurídicas y mafias judiciales, beneficia —salvo contadas excepciones— a abogados, peritos y múltiples intermediarios de la Justicia, mientras perjudica a trabajadores y empleadores.
 
Yendo más a los detalles, los costos laborales que las organizaciones deben enfrentar en la Argentina no sólo devienen de la opresiva presión tributaria; los costos se incrementan a raíz de la extrema rigidez del mercado laboral nacional, y los perversos incentivos que se decantan de lo previamente mencionado. En conformidad con el Indice de Libertad Económica elaborado por el think tank estadounidense The Heritage Foundation, la Argentina no es simplemente el país con mayor presión fiscal de la región; también se sitúa entre los peores veinte países del mundo en dicha categoría. Adicionalmente, se encuentra entre los países de América Latina con menor libertad laboral, alcanzando a duras penas una puntuación de 46,1, quedando debajo de Ecuador (47,3), El Salvador (54,5), Guatemala (48,2), Costa Rica (53,9), Nicaragua (55,6), Chile (64,3), Brasil (52), Perú (62,8) y Uruguay (62,9), entre otros.
 
Sumado a esto, durante el período 2013-2015, según datos oficiales de la Secretaría de Riesgos de Trabajo a nivel nacional, el monto total de juicios laborales se multiplicó veinticuatro veces, y el índice de litigiosidad aumentó el 2.369%. Sin embargo, al mismo tiempo, desde la entrada en vigencia de la Ley de Riesgos del Trabajo, los siniestros laborales se redujeron, y el número de empleados cubiertos por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo se duplicó. Por su parte, Brasil debió tomar medidas apropiadas, dado que padecía estadísticas similares; es decir, de cada diez trabajadores, tres tenían pleitos laborales. En la Argentina, esa proporción es de dos sobre diez; en México, de uno de cada diez. El resto de América Latina se encuentra por debajo de esos números, como Chile, que registra 0,25 juicios por cada diez empleados. A todas luces, los incentivos han sido alojados de manera incorrecta, en tanto parece ser más beneficioso reclamar ante la Justicia, originando jugosos honorarios de por medio, que jugar todos para el mismo y equipo, empujando hacia el progreso.
 
Párrafo aparte merecen los sindicatos, cuya interacción en Brasil es menor de la mitad que en la Argentina, que está compuesta por 6.400 gremios, y con leyes laborales herederas —y heredadas— del peronismo. Resulta difícil comprender cómo es que aún muchos defienden el ideario romántico de que los sindicatos están para defender a los trabajadores, cuando la realidad indica lo contrario. Los gremios argentinos contribuyen solo con mayor rigidez a la economía formal, fogoneando indirectamente a la economía informal. Se impone la pregunta: ¿estará la Argentina en condiciones de tolerar una reforma del calibre necesario? La respuesta no parece ser sencilla -como tampoco lo son las respuestas oficiales. Declaraciones como las del Ministro de Trabajo a nivel nacional, Jorge Triaca, indicarían que la Argentina no irá por el camino de una reforma laboral a la brasileña. Al mismo tiempo, el Ministro de Hacienda nacional, Nicolás Dujovne, ha dejado entrever la posibilidad de que la negativa a modificaciones de este tipo no sea tan clara. Un horizonte cercano podría llegar a ser el punto de quiebre: los resultados en las elecciones de medio término de octubre de 2017. La consolidación de los números obtenidos en las primarias generales de agosto de este año terminaría siendo el puntal de sostén para tomar las medidas que hoy tanto hacen falta.
 
Productividad, crecimiento, competitividad, e incentivos. Términos que se han ido perdiendo en el ocaso argentino. Debacle que debería tomar el ejemplo brasileño como norte, a criterio de que la República Argentina pueda contar con mecanismos útiles desde los cuales contratar nuevos empleados por tiempos cortos, en vistas de un potencial blanqueo laboral que evite y disminuya el trabajo clandestino, con procedimientos de desvinculación sencillos y de bajo coste, con rebaja de los aportes patronales y mayores sanciones para aquellas conductas laborales que compliquen el funcionamiento normal de las empresas, y con la chance de permitir negociaciones paritarias descentralizadas y por empresa y/o sectores. Todas ellas son variables críticas para el despegue.

Se impone la necesidad de remover el anclaje que representa el rancio sistema laboral argentino y que el país pueda encaminarse hacia una reforma flexibilizadora, antes de que sea demasiado tarde.

 
Sobre Garret Edwards

Es Abogado (Universidad Nacional de Rosario, Argentina), y Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Investigador de Fundación Libertad.

Sobre Yamila Feccia

Es Economista en la Fundación Libertad (Argentina). Sus artículos también son publicados en el sitio web en español del sitio web del think tank estadounidense The Cato Institute (Washington, D.C.).