Argentina: la Hermandad de la Justicia

-Señor Juez, sabrá Usted que, en mi país, tenemos un magistrado federal acostumbrado a resolver en varias causas a favor de la Presidente y de sus socios políticos.
-Inaudito; pero eso, simplemente, no es posible. De seguro existen fiscales atentos a señalar inconsistencias...
-Sucede que los fiscales jamás apelan las decisiones de ese juez, quien también suele movilizarse con numerosos custodios y todas las mañanas se muestra frente a la prensa en la puerta de su domicilio.
-Eso es mentira; ¿para qué necesitaría custodia? Por otro lado, no creo que le esté permitido hacer declaraciones públicas, en su carácter de juez.
-En mi país, esa situación es corriente...
-No puedo creer nada de eso. Usted conoce muy bien el edificio federal en donde me desempeño; allí, solo hay dos personas que se ocupan de la seguridad en todos los pisos. ¿Quién sería tan estúpido para amenazarme, siendo yo un juez de alto calibre en los tribunales federales de este Estado de la Unión?
-Quizás algún político podría comunicarse con Usted por teléfono y amenazarlo, o bien pedirle por una causa determinada...
-[Interrumpe] Ridículo. Aquí, en los Estados Unidos, eso sería una actitud suicida. A nadie podría ocurrírsele. Además, en este país, los magistrados tenemos terminantemente prohibido hacer declaraciones directas ante medios de prensa. Ello no solo es una grave irregularidad, sino que derivaría en una expulsión automática. Todo lo que Usted me cuenta debe ser falso.

El intercambio -de carácter informal- tuvo lugar poco después del año 2012, entre quien esto escribe y un magistrado estadounidense del fuero federal en el Estado de Florida, entendido en delitos de defraudación pública y corrupción. Naturalmente, el juez argentino mencionado era Norberto Oyarbide. Los vericuetos del malfuncionamiento del sistema de justicia argentino se habían colado, de pronto, en la conversación -que, inicialmente, merodeaba el comportamiento fraudulento de corporaciones transnacionales en el mercado americano, y la eventual intervención de la SEC (Securities Exchange Commission) en forma de penalidades económico-financieras contra esas mismas firmas, una vez detectadas acciones lindantes con el soborno a funcionarios públicos en el extranjero.

Pocos meses después, el palique cobraría un cáriz similar, al trocar opiniones con un reconocido analista económico de una fundación veterana del área de Washington (Distrito de Columbia) -quien a duras penas disimulaba su interés por temáticas de Defensa y Seguridad:

Analista: -Ustedes [los argentinos] están desarrollando cohetería de avanzada que comporta potenciales aplicaciones militares, y ni siquiera pueden solucionar sus problemas de distribución eléctrica. ¿Cómo se entiende eso? [el analista se refería, entre otros, a la preparación del lanzamiento del vector Tronador, a la postre, fallido].
M.R.: -Lo cierto es que, por regla general, muchos proyectos de desarrollo ni siquiera superan la etapa de los planos, dado que se arreglan convenientemente para luego redistribuír los presupuestos asignados entre pocos personajes, que terminan quedándose con el dinero. Esto suele darse especialmente en el ámbito de las Fuerzas Armadas, en donde individuos bien identificados tienen por costumbre seguir al pie de la letra ese proceder corrupto. Los sucesivos Ministros de Defensa pueden dar buena cuenta de ello [risas].
Analista: -Pero, ¿Usted me está diciendo que existe una connivencia de tal magnitud en altas esferas del Estado argentino, que los proyectos se planifican, anuncian, y que luego eso nunca da lugar a resultados concretos?
M.R.: -Exactamente; es lo que intento decirle. O bien son anuncios políticos, como lo fue el Plan de Radarización de 2004, o bien se convienen adjudicaciones a contratistas amigos del Estado Nacional, y luego todo se desvanece. Especialmente los fondos...
Analista: -Eso me parece inverosímil. Tiene que haber jueces que se ocupen de denunciarlo.
M.R.: -Es sabido que nuestros jueces suelen acomodar sus fallos y resoluciones conforme a la voluntad del poder político de turno...
Analista: -Lo cierto es que no puedo creerlo. 

No sería necesario recurrir a mayor esfuerzo intelectual para deducir que el hilo conductor entre ambos intercambios epistolares era, a todas luces, la retorcida performance de la administración de justicia en la República Argentina. Desde el funesto modelo de mayoría automática que legara la tristemente célebre 'Corte Suprema menemista', hasta llegar a la versión kirchnerizada del órgano, el vicio ha venido superando holgadamente a la virtud. Por el seno del máximo tribunal han transitado personajes portadores de vidas turbulentas, como Augusto Belluscio (viene a la mente la instantánea de una de sus amantes, estrellándose contra el pavimento parisino tras precipitarse del balcón de un edificio de la capital francesa), individuos que han preferido centrar exclusivamente su carrera en la defensa de los derechos de la delincuencia, como ser Eugenio Raúl Zaffaroni ('El Locador', para sus detractores) o grises y timoratos equilibristas, dignamente representados por el carácter y personalidad de Ricardo Lorenzetti. (de quien este medio se ha ocupado en reiteradas oportunidades: ver Ricardo Lorenzetti y la Corte Suprema: de Hombres y Ratones)

Desde los años noventa hasta la fecha, cualquier ejercicio de taxidermia sobre aquella entelequia institucionalmente conocida por 'Corte Suprema de Justicia de la Nación' remite, necesariamente, a los siguientes caracteres:

a) Su lamentable desempeño -en términos generales-, jamás sujeto a proceso alguno de rendición de cuentas ni a auditorías. Esta ostensible ausencia de contralor, asimismo, aplica a la enajenación de su presupuesto;
b) Los elevadísimos haberes percibidos por sus protagonistas; contrastados con su performance y con el escenario socioeconómico de permanente bancarrota registrado en el país;
c) Los esfuerzos desmedidos de este cuerpo tendientes a cabildear en pos del no pago de impuesto a las Ganancias y otros tributos -lo cual conduce a sus integrantes a jubilarse con el ciento por ciento de su ya de por sí abultado salario, en un país cuya clase pasiva corriente se exhibe condenada a una existencia miserable y abundante en padecimientos; 
d) La insidiosa e impúdica connivencia demostrada para con el poder de turno -derivada del simple hecho de que los postulantes a ocupar puestos en el máximo tribunal son rigurosamente seleccionados por una dirigencia política eminentemente corrupta;
e) Finalmente, la precariedad de los argumentos empleados para respaldar la labor de los jueces del órgano, que generalmente bordean la más abyecta fantasía. Así, pues, la corporación protege a sus integrantes, refiriéndose a la pretendida pulcritud y galardones internacionales supuestamente obtenidos por los elementos cuestionados -llámense Zaffaroni o Lorenzetti-, cuando llega el momento de criticar fallos, resoluciones y/o sentencias que coquetean con la aberración jurídica pura y dura. En tal sentido, Eugenio Raúl Zaffaroni ha incurrido incontables veces en postulados que promocionaban la más abyecta abolición de la propiedad privada -en sintonía con la retórica sociorupturista propugnada por Horacio Verbitsky en el infame Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. Naturalmente: estos siniestros personajes jamás aceptarían entregar sus propios bienes inmobiliarios ni sus tenencias; toda esta construcción merodeaba el propósito poco soterrado de encarnarse ellos en una nomenklatura de neto corte socialista, en la que la cúspide se autoproponía como concentradora de riqueza para, a la postre, distribuír pobreza entre los ciudadanos. Afortunadamente, la inesperada derrota de Daniel Osvaldo Scioli en los comicios presidenciales vino a interrumpir este proceso (en el cual Carlos Zannini, conforme él mismo supo exponerlo en reuniones privadas, oficiaría de activo ariete).

Toda vez que alguno de los puntos de vista de referencia sean explorados en la debida profundidad, no será difícil para cualquier analista bien entrenado en política pública concluír fácilmente que el superior tribunal de la Nación se las ha arreglado para mutar su ADN hasta convertirse, en el más optimista de los escenarios, en una refinada asociación ilícita, torpemente disfrazada de poder independiente. Este conglomerado opera en un andarivel diferente al de sus disfuncionales pares de la órbita de la justicia federal, pero recurre a metodologías igualmente funestas, entre las que se cuentan nepotismo, negociaciones por debajo de la mesa para 'sacar' fallos en tiempos más breves, extorsión, y pactos obscenos en metálico con la dirigencia política y hasta bien identificados personeros en la prensa escrita para edulcorar la imagen de tal o cual magistrado frente a la opinión ciudadana.

La cofradía de los jueces federales, mientras tanto, no coquetea con la mascarada de rectitud que sí portan los Supremos. Cuando no es por rendir culto a sus mandamases en la colosal superestructura de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), muchos magistrados del orbe federal caen bajo la picota, no solo a raíz del reciente Affaire Pastor de Bonafini (el torpe togado Marcelo Martínez de Giorgi le sirvió a la militante cristinista de salvoconducto para la fuga), sino también merced a un accionar conjunto que bordea con una sospechosa ineptitud (Caso Nisman; Daniel Rafecas), un proceder tan desaprensivo como desprolijo (Claudio Bonadío versus Cristina Fernández de Kirchner), y demás etcéteras, a la hora de poner en el banquillo a ex funcionarios y personeros K. Existe, por ejemplo, la palpable sensación de que el delito de intimidación pública (debidamente tipificado en el risible Código Procesal Penal de la República Argentina) cae con todo su peso en tuiteros ignotos que amenazan -online, y con la sola motivación de la novatada- al Presidente Mauricio Macri, mientras jamás le es aplicable a quienes han incurrido en aquél hasta el cansancio. Léase: Hebe Pastor de Bonafini, Fernando Esteche, Luis D'Elía, y tantos otros.

Igual motivo de descrédito pesa sobre los magistrados federales, toda vez que el público desconoce los estridentes estilos de vida que llevan referentes como Eduardo Freiler o Rodolfo Canicoba Corral (poco sutil albacea de la Familia Werthein, si de lo que se trata es de echar mano de eufemismos). Jamás Ricardo Lorenzetti, el propio Zaffaroni o Helena Highton han ofrecido la debida explicación al respecto del origen de los fondos que les han permitido acopiar propiedades valuadas en millones de dólares. Han obviado, en el proceso, que el secretismo se manifiesta como uno de los principales caracteres en cualquier cleptocracia. Son ellos -llevándose por delante el más elemental criterio de idoneidad moral- quienes deciden sobre la libertad de las personas. ¿Qué ciudadano de bien aceptaría ser citado por este consorcio de impostores, que se autopromocionan como elementos probos de un Poder del Estado?

En el epílogo, también el clan de los abogados asociados al crimen organizado desempeña un rol central en el desmerecimiento de la administración de justicia en la Argentina, conforme son la cara visible de la impunidad. En este tren de reflexión, la legislación nacional continúa tolerando que poderosos traficantes de droga adquieran asesoría legal... con dinero obtenido ilícitamente. De otro modo, letrados que exhiben una profunda vinculación política (Mariano Cúneo Libarona, Fernando Burlando, Carlos Broitman) jamás podrían acercarse siquiera los albores de una utilidad financiera que hoy paladean.

Precisamente, el anecdotario más fresco remite a las andanzas del Abogado Broitman (patrocinador legal del narco Ibar Esteban Pérez Corradi y, a la sazón, socio del ex comisario de la Policía Bonaerense, Juan José Ribelli) por los Estados Unidos de América, país en donde negocia con agencias federales el pase de su cliente a WitSec -slang para referirse al Programa Federal de Protección de Testigos americano, regenteado por el Departamento de Justicia y el Servicio de Alguaciles, U.S. Marshals). A su manera, el letrado de Pérez Corradi (habitué del local Pizza Cero, el barrio porteño de Palermo, donde fraterniza con ancianos periodistas clase 'B' como Luis Beldi y otros referentes de ciclos sin valor agregado tales como Intratables o Desayuno Americano), explicita el poco respeto que el sistema de justicia argentino le merece. El formato elegido para sintetizar ese desprecio: consensuar con su patrocinado Corradi un relato fantasioso que, a cuentagotas, es compartido ante María Romilda Servini de Cubría. Magistrada a la que, entre carcajadas, se han decidido a tomar por idiota.