POLÍTICA ARGENTINA: PABLO PORTALUPPI

Argentina: herramientas en la lucha contra el crimen organizado

El gobierno del Presidente Mauricio Macri acaba de decretar...

21 de Enero de 2016

El gobierno del Presidente Mauricio Macri acaba de decretar la emergencia en materia de seguridad. Se trata, en efecto, de un esperable y necesario primer paso para atacar el problema desde sus raíces. Aunque -como es lógico- las soluciones de carácter más permanente no puedan verse en el corto plazo. Las buenas intenciones de la medida difícilmente podrían cuestionarse, salvo quizás su implementación. Es que la ausencia de legislación complementaria contribuye a exponer más la carencia. Particularmente, en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico.

Los lineamientos más destacables en el flamante decreto del Ejecutivo coinciden con el refuerzo del espacio aéreo, que ahora contempla la eventualidad del derribo de aeronaves sospechosas bajo estrictos protocolos (toda vez que los pilotos se nieguen a identificarse); la convocatoria de personal retirado de las distintas fuerzas de seguridad y fuerzas armadas (provisto que el personal evaluado carezca de antecedentes reprobables en materia de derechos humanos); y la radarización de la frontera norte del país. En una entrevista concedida recientemente a Infobae, el Secretario de Seguridad Eugenio Burzaco explicitó ser consciente de que 'esto no alcanza', aunque se muestra optimista ante la decisión de la Administración de remitir al parlamento sendos proyectos de Ley que contemplen la figura del arrepentido y la llamada 'Extinción de dominio'. Esta última (promocionada por el ex candidato presidencial Sergio Tomás Massa, del Frente Renovador), la pérdida de los derechos sobre activos de individuos involucrados en actividades ilícitas. En el mes de septiembre de 2014, el Senado aprobó un proyecto de esa naturaleza -presentado entonces por, entre otros, Rubén Gustiniani y quien ahora ejerce como Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales-, pero jamás fue promulgado. La Administración Macri busca generar los marcos adecuados para el relanzamiento de esas discusiones.

Gendarme, drogasLa reciente evasión de los hermanos Lanatta y Víctor Schilacci volvió a poner al tráfico de estupefacientes en la agenda nacional. Este flagelo y los actos de corruptela en el seno del Estado son y serán los grandes enemigos a los que el Presidente y su equipo deberán hacer frente en estos próximos cuatro años, y la cuestión no parece ofrecer matices: o bien la contienda resulta victoriosa y se llevan a cabo reformas profundas, o bien Macri pierde el combate por knock-out. Los discursos grandilocuentes y las promesas han quedado atrás; así también lo consignó la ciudadanía, al haber sepultado al kirchnerismo en las urnas.

Desde luego que la problemática del narcotráfico no debe achacársele con exclusividad al derrotado Frente para la Victoria; sí es lícito apuntar que los doce años en que se aferró al poder, hechos y estadísticas corroboran su crecimiento exponencial. El 28 de agosto de 2008, aparecieron los cuerpos de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, en un descampado de la localidad de General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires); los cadáveres habían sido movidos de lugar para ser depositados allí. El tiempo reveló que los occisos se hallaban ligados al tráfico de efedrina, y que el primero de ellos había aportado a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner previo a 2007. En 2004, el total de efedrina importada (utilizada para la elaboración de medicamentos, pero también como precursor en la fabricación de drogas ilegales, como metanfetaminas) fue de 3.500 kilos. En 2007, esa cifra alcanzó los 20 mil: México, sede de los grandes cárteles de la droga, había prohibido la importación de la substancia. El kilo de ese producto valía en el país U$S 100, mientras que en la nación azteca cotizaba a U$S 10 mil. El por entonces Jefe de la Secretaría de la lucha contra el narcotráfico, José Ramón Granero, fue procesado por la magistrada federal María Romilda Servini de Cubría. Durante muchos años, este funcionario y Aníbal Fernández protagonizaron una lucha sorda por el control de la importación de precursores químicos -lo cual se tradujo en una puja marginal por el control de SEDRONAR. Fernández emergió triunfante de la puja.

Es de público conocimiento que el fugado y luego recapturado Martín Lanatta -condenado a prisión perpetua por el homicidio de Forza, Bina y Ferrón- no tuvo empacho en acusar directamente a Aníbal Fernández de ser el ideólogo de las muertes. Ya el 7 de septiembre de 2014, Joaquín Morales Solá escribía en su habitual columna dominical del matutino La Nación: '(...) en las escuchas telefónicas ordenadas por la justicia a los hermanos Lanatta, aparecen menciones que podrían referirse a Aníbal Fernández'. Recientemente, la justicia imputó al ex Secretario de Seguridad kirchnerista, Sergio Berni, el haber brindado protección al prófugo Ibar Pérez Corradi, también sindicado como mentor del triple homicidio. A lo largo de los últimos años, quedó expuesto que el gobierno de Cristina Fernández no invirtió esfuerzos detectables en capturar a Corradi.

Los quince días de correrías de los fugitivos a través del conurbano y luego por parajes bucólicos de la Provincia de Santa Fe puso de manifiesto la inocultable connivencia del narcotráfico con las fuerzas de policía y con -por qué no- con porciones bien identificadas de la dirigencia política. Previo al episodio -meses antes de la cacería humana que concentrara la atención de los medios de todo el país-, Su Santidad Francisco recibió un informe sobre el alcance del tráfico de estupefacientes en el orden local. Elaborado por Jorge Rodríguez -antiguo asesor del Ministerio de Seguridad en tiempos de Nilda Garré-, el reporte escrito incorpora un apartado intitulado 'Estructura de la recaudación policial'. En forma textual, puede leerse: 'Durante décadas, buena parte de la recaudación se originaba en el juego clandestino, prostitución, coimas a vendedores ambulantes, actividades comerciales irregulares y otros ilícitos menores. Pero, en los últimos años, comenzó a desarrollarse en mayor medida una gran recaudación resultante de la producción y comercialización de clorhidrato de cocaína, junto a otros delitos mayores tales como liberar zonas y arreglos con piratas del asfalto'. En otro párrafo, el trabajo se circunscribe a los detalles de la circulación de aquellos fondos: 'Cada comisaría envía plata a la Circunscripción, la que incluye 6 o 7 comisarías (...) Los dineros resultantes de los delitos policiales eran y siguen siendo girados a la Jefatura del Departamento de Policía (...) Una parte de esos fondos terminan en el Ministerio de Seguridad'. Y remata, explicitando: '(...) Estamos en presencia de una situación psicotizante: en la misma Fuerza conviven jefes policiales totalmente corruptos por un lado, y por el otro, miles de policías que se juegan la vida en las calles por sueldos miserables'.

Desde 1970, rige en los Estados Unidos de América el acta -luego promocionada con rango de ley- RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), legislación federal que entiende sobre el combate del crimen organizado. Los ilícitos cuya tipificación son alcanzados por esta norma son el juego clandestino, el soborno, el secuestro de personas, el homicidio, el lavado de activos y, desde luego, el tráfico de drogas (cuyas penas de acuerdo a substancia involucrada y cantidad contrabandeada pueden leerse en: www.dea.gov/druginfo/ftp3.shtml). Uno de los aspectos legales fundamentales de esta ley es que enfoca la reprimenda/condena en todo aquel individuo que haya percibido dinero surgido de actividades ilícitas -de manera directa o indirecta-, como ser el abogado del narcocriminal, cuyos servicios legales suelen ser harto onerosos. A la postre, las penas de referencia recaerán también sobre las personas que, a sabiendas del carácter ilegal de la maniobra, aceptaron invertir en bienes o firmas con dineros malhabido. Escenario a todas luces diferente al argentino, en donde el malhechor recurre a dinero obtenido ilegalmente no solo para contratar servicios legales, sino para aceitar contactos y relaciones con juzgados, dirigencia política y fuerzas de policía.

Si bien RICO ya contemplaba la confiscación y puesta a disposición a posteriori de los bienes adquiridos con fondos surgidos de actividades ilícitas, así como la reparación pecuniaria para damnificados, en el año 1984, el congreso estadounidense sanciona la Ley de Control del Crimen Organizado, creando el Programa de Confiscación de Activos ('Asset forfeiture program'). Allí, se otorgó a los fiscales federales atribuciones complementarias para confiscar activos adquiridos con dinero no lícito. El Programa supo convertirse en una pieza clave en los esfuerzos de Washington al momento de contar con herramientas para combatir la actividad criminal. Adicionalmente -y conforme la diversificación financiera de los delincuentes tiende a heterogeneizarse-, las reparticiones federales ponen cada vez mayor foco en contar con expertos en lavado de activos.

US MarshalEn tal contexto, el Servicio de Alguaciles estadounidense (U.S. Marshal Service) desempeña un rol crítico, gestionando los bienes decomisados por las distintas agencias federales -e informando al público el valor de mercado de tales activos y en qué beneficios son reinvertidos para la ciudadanía (www.usmarshals.gov/assets/). Estos bienes pueden ser bienes inmobiliarios, vehículos, negocios comerciales, joyas, objetos de arte, antigüedades, embarcaciones, aviones, etc. Los ingresos generados por la venta en subasta pública de activos confiscados (www.usmarshals.gov/assets/sales.htm), además de compensar a las posibles víctimas, se destinan a la financiación y apoyo a los programas de lucha contra el delito de los diferentes Estados y pequeñas localidades del país, como también a programas de construcción de viviendas y fomento a la educación.

La complejidad del caso argentino y la manera en que las organizaciones criminales han logrado ampliar su radio de acción -llegando incluso a contaminar áreas clave del Estado Nacional y en gobiernos de las provincias- exige respuestas decididamente frontales. Es la propia ciudadanía la que demanda respuestas concretas.

 

Sobre Pablo Portaluppi

Es Analista en Medios de Comunicación Social y Licenciado en Periodismo. Columnista político en El Ojo Digital, reside en la ciudad de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Su correo electrónico: pabloportaluppi01@gmail.com. Todos los artículos del autor, agrupados en éste link.