18F: y, después, ¿qué?

Más de medio millón de personas marcharon en todo el país, en homenaje al fiscal Alberto Nisman. La hostilidad del gobierno hacia dicha convocatoria la convirtieron en un acto opositor que, por lo exitoso, terminó horadando políticamente a Cristina Fernández. La Justicia recibió un sólido respaldo popular, erigiéndose en el factor de poder que mayor daño puede obsequiarle hoy al kirchnerismo.

 

Apenas veinticuatro horas después del formidable aval de la sociedad a su accionar independiente del poder político, el Poder Judicial desplegó una ofensiva contra funcionarios del gobierno. La Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou, en la causa Ciccone Calcográfica, ratificando la decisión del Juez Ariel Lijo, de señalarlo como autor de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Asimismo, Alejandro Vandenbroele, presunto testaferro de Boudou, fue detenido esta tarde en Mendoza. El círculo se cierra.

 

El mismo día, la misma sala rechazó la recusación del juez Claudio Bonadio en el caso Hotesur y el juez federal Luis Rodríguez citó a indagatoria a la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, por no adoptar medidas contra el grupo Marsans, que administró de manera fraudulenta la aerolínea de bandera. En el mismo sentido, el fiscal Gerardo Pollicita manifestó que no concurrirá al Congreso, evitando prestarse a un despedazamiento por parte de los diputados kirchneristas, que iban a salir con los tapones de punta contra Alberto Nisman, un mes atrás.

 

Los tiempos políticos entraron en una etapa que ya no tiene retorno: el poder va alejándose de las manos de Cristina Fernández, a la espera de quién será el nuevo Presidente, dentro de apenas diez meses. Ese inevitable proceso de licuación intenta ser evitado como sea por el gobierno, no tanto por un problema de gobernabilidad, sino por la necesidad de garantizar impunidad a sus principales referentes, jaqueados por numerosas causas judiciales.

 

En ese sentido, circula el rumor que se estudian alternativas para suspender las PASO de agosto, realizándose directamente las elecciones generales en octubre, designando los partidos a dedo a sus candidatos, sin participación popular, como lo prevé la Ley Electoral.

 

En este contexto político, las PASO resultan ser un ordenador más funcional a la oposición que al gobierno. Aquélla se muestra fragmentada y con nulas posibilidades de generar por sí misma mecanismos de integración; el gobierno en cambio, se halla monolíticamente alienado tras el liderazgo de la Presidente, más allá de la proliferación de postulantes a la primera magistratura.

 

Eliminar las PASO garantizaría la dispersión opositora, y le permite al gobierno jugar hasta último momento con la posibilidad de ser la mayoría relativa en las elecciones, y de esa manera, asegurarse un lugar en el ballotage, aunque sea para perder frente a cualesquiera de sus potenciales oponentes.

 

De todos modos, distintas encuestas publicadas luego del crimen de Alberto Nisman muestran una caída del nivel de preferencias por Daniel Scioli, quien hoy se halla preso de su estrategia de parecer opositor y ser oficialista. Su silencio frente a un hecho de tanta gravedad institucional, unido a su habitual tibieza y oportunismo a la hora de definir posiciones, están consumiendo su credibilidad.

 

En las últimas semanas se percibe además que la Presidente habría decidido ya su apoyo a Florencio Randazzo, como candidato a sucederla. Los últimos actos públicos, y la insufrible tanda de Fútbol para Todos muestran una indudable predilección por el Ministro de Interior y Transporte, intentando mostrar en él a un decidido ejecutor de políticas públicas.

 

Si se eliminan las PASO, y Cristina elige a Randazzo, Scioli quedaría en una situación extremadamente difícil, ya que no dispondría del sello del PJ, y la mayoría de los gobernadores quizás opten por seguir la orden de Cristina. Habrá que ver cómo evolucionan los hechos políticos en las próximas semanas.

 

Las mismas encuestas mencionadas dan un crecimiento de Sergio Massa y Mauricio Macri tras la muerte violenta de Nisman. Ambos han sido más que prudentes en estos últimos días, evitando dar pasos en falso. En un momento de mucha convulsión política como éste, deberán dar señales de liderazgo claras hacia la sociedad, con firmeza y serenidad a la vez.

 

El gobierno viene actuando reactivamente, respondiendo palo por palo, como los boxeadores que retroceden y pegan a la vez. El 1º de marzo, movilizarán sus huestes de militantes con motivo de la inauguración del período legislativo, en el que Cristina seguramente dará un discurso aún más combativo focalizando su ataque en el Poder Judicial.

 

La relación de fuerzas actual impide que el gobierno materialice todos sus anhelos de colonización judicial, tal como se pudo verificar en el proyecto de ley de reforma judicial y en el intento de nombramiento de fiscales subrrogantes, abortados en distintas instancias.

 

Para un gobierno que se acerca a su final, cuyos principales miembros caerán en el llano, no parece ser la mejor estrategia. Día a día alimentan una escalada que podrá mostrar paridad hasta diciembre, pero cuando el gobierno cambie, los magistrados judiciales seguirán en sus cargos, y el actual oficialismo quedará a la intemperie.

 

Quizás –dada su propia naturaleza política- el gobierno no sepa ya cómo hacer para volver atrás.