Estados Unidos y Edward Snowden: qué hace a un informante

Conforme fuera apropiadamente documentado, pulula por allí un sinnúmero de individuos que no aprecian demasiado a Edward Snowden, algunos de los cuales están preparados para hacer algo al respecto, incluyendo ocuparse de su ejecución sumaria. Sería simplista sugerir que todos se muestran motivados por intereses personales, tales como la preocupación frente a que la falta de apoyo para ciertos programas gubernamentales conduzcan a una pérdida de el propio empleo o los propios ingresos, aunque la seguridad laboral ciertamente podría desempeñar un rol en determinados casos. Otros bien podrían mostrarse irritados por la eventualidad de que ciertas posiciones en la seguridad nacional sean objeto de desdén por parte del público, tal como la Agencia de Seguridad en el Transporte viene siendo castigada periódicamente.

En lo personal, creo que al menos algunos de esos empleados del gobierno que odian a Snowden lo desprecian porque en realidad creen que es un traidor hacia los Estados Unidos de América, que reveló secretos y que debió haberse mantenido fuera de la luz pública, y que su actividad minará la seguridad nacional americana. Algunos críticos gubernamentales de Snowden se muestran particularmente indignados porque él era un 'insider', un empleado que mutó en elemento rebelde y que violó su juramento de no compartir información clasificada a aquellos que tenían restringido el acceso a ésta. Su delito es, por lo tanto, más gravoso que el de un periodista cuyo trabajo es exponer secretos, porque una parte crítica del empleo de Snowden consistía, precisamente, en protegerlos.

Habiendo tenido que firmar acuerdos de confidencialidad un sinnúmero de veces, valoro que la mayoría de los empleados se tomen en serio este compromiso. Aquellos que no creen lo propio, esto es, que la clasificación de información frecuentemente es un modo de eludir responsabilidad e incluso de ocultar un comportamiento criminal, suelen creer que aquellos que revelan tal información no deberían ser castigados, y que deberían ser protegidos bajo algún tipo de legislación sobre informantes. Pero esto, a su vez, remite a la pregunta de qué es exactamente un informante.

El Acta de Protección de Informantes (Whistleblower Protection Act) aprobada originalmente en 1989 es, de hecho, un tanto amplia en su definición sobre qué convierte a una persona en un informante de órbita gubernamental, y aquí reside gran parte del problema, conforme mucho de ello queda sujeto a la interpretación subjetiva. También excluye deliberadamente a categorías enteras de empleados del gobierno en las áreas de la seguridad y la defensa nacional. El acta original, que fuera 'optimizada' por el Congreso en 2012 y adicionalmente a través de una directiva presidencial hacia fines de ese mismo año, bloqueó cualquier respuesta dirigida contra algunos empleados del gobierno federal que revelasen un delito, algún fallo a la hora de atenerse a reglas y regulaciones, corrupción, administración fraudulenta, malversación de dineros oficiales, algún caso de abuso de autoridad, o algún peligro identificable y significativo para la salud o la seguridad públicas.

El mecanismo de protección es complejo, e involucra un consejero especial y dos comités, pero un procentaje abrumador (más del 90%) de empleados que estiman que han sido tratados inapropiadamente y apelan el proceso son rechazados, implicando ésto que el actual sistema de proyección en ocasiones puede ser más nominal que real. Allí donde el revelar ciertos tipos de información está prohibido taxativamente por leyes plasmadas en libros, los tribunales han determinado que eso no está considerado como condición de informante. Los tenedores de accesos de seguridad pueden, por ejemplo, ver que sus accesos terminan siendo revocados, lo cual remite al final de una carrera, sin compensación efectiva. El personal del Congreso constituye un extenso grupo con acceso potencialmente significativo a personas fuera de la ley, pero no pueden, en modo alguno, convertirse en informantes.

En la actualidad, la Corte Suprema está siguiendo el caso de Robert MacLean, un alguacil aéreo que fuera despedido luego de alertar al público ante una decisión de la Agencia de Seguridad de Transporte en 2003 relativa a ahorrar dinero y que terminó cancelando la comisión de los alguaciles en vuelos comerciales de larga duración que requerían estadías hoteleras. McLean estimó que la maniobra era lesiva para la seguridad pública, de tal suerte que se dirigió a su jefe -quien le ordenó se mantuviera en silencio-, y al inspector general del departamento, que respondió de manera similar. MacLean reveló la información a un periodista de la cadena MSNBC, y su caso en la Corte Suprema ahora reposa en la Agencia de Seguridad de Transporte, solo con lineamientos relativos al modo de compartir información y carente de estatutos específicos para respaldarla. Si hubiese una ley contra revelar decisiones de la TSA, entonces McLean no hubiese tenido caso alguno.

La protección a informantes también se ha visto comprometida por el sistema judicial en cada caso en que la información restringida luego liberada reveló carencias en materia de especificidad, o a partir de su naturaleza subjetiva. El gobierno bien podría haber argumentado plausiblemente en el caso MacLean que el contar con alguaciles aéreos en aeronaves es una decisión basada en juicio, y que no necesariamente convierte a los vuelos en más seguros pero, por obvias razones, prefirió no hacerlo. El hecho es que la mayoría de los empleados federales del gobierno que se consideran informantes son, de facto o incluso de jure, reprimidos por sus acciones, y pocos son protegidos. Sibel Edmonds, quien -entre otras cosas- reveló episodios de corruptela de alto calibre en el gobierno estadounidense, fue despedida de su empleo y vio cómo dos órdenes eran interpuestas contra ella por usar el Privilegio de Secretos de Estado para impedirle revelar lo que sabía. Frustrada, eventualmente se dirigió al público en una entrevista concedida al medio The American Conservative en 2009.

La falta de protección para informantes del orden federal sobreviene con una comprensible carencia de predisposición para someterse uno mismo al sistema de justicia criminal. He oído repetidamente de antiguos colegas en el mundo de la seguridad nacional que, mientras Edward Snowden bien podría justificar sus acciones al momento de exponer el programa de espionaje de la NSA, debió haberse limitado a liberar solamente información suficiente como para defender su caso y, tras mudar la información a algún sitio seguro, debió haberse entregado para hacer frente a las consecuencias. De hecho, Snowden se hizo de un estimado de 1.7 million de documentos, muchos de los cuales nada tenían que ver con el programa de la NSA, y luego voló a China, tras lo cual muchos aún lo consideran como un enemigo de los Estados Unidos -en lo que sin lugar a dudas constituyó una maniobra inadecuada en materia de relaciones públicas. Después se dirigió a Rusia como vía hacia Ecuador, pero su pasaporte estadounidense fue revocado a criterio de impedir que completara su periplo, y continúa en Moscú al día de hoy. Hubiese sido mucho mejor para él si le hubiesen aconsejado dirigirse a Quito o a Sao Paulo en primer lugar.

Snowden ha expresado que está dispuesto a regresar a los Estados Unidos para enfrentar un proceso, en tanto se le garantice una audiencia rápida y abierta, similar a la que se hizo con el informante Daniel Ellsberg (del afamado caso de los Papeles del Pentágono). Ellsberg fue juzgado en 1971 y se preparó para ir a prisión, pero eludió la sentencia luego de un grosero acto de malversación gubernamental -que fue probado en relación a la investigación que lo llevó a los tribunales. Snowden, que afirma haber llevado a cabo esfuerzos para conversar con sus superiores en la NSA antes de tomar su decisión, podría estar mostrándose poco sincero en su profesada predisposición para regresar a casa y hacer frente a la música, pero el asunto comporta una naturaleza discutible en cualquier caso -conforme el gobierno americano ha rechazado la posibilidad de acordar, e insistiendo en que juzgará a Snowden bajo el Acta sobre Espionaje de 1917, que permite numerosos atajos para juzgar a individuos. Y Snowden tiene derecho a estar preocupado. El tratamiento del ciudadano estadounidense y sospechosos de terrorismo José Padilla bajo el mote de 'combatiente enemigo' sugiere que cualquier encuentro extracurricular al margen de la justicia podría tener lugar si Snowden se rinde ante las autoridades. Padilla, cuyos delitos reales continúan siendo vagos al día de hoy, fue tan maltratado en prisión que ello terminó volviéndolo incompetente para presentarse a juicio. Más recientemente, el soldado Bradley Manning fue acusado por espionaje y sentenciado a 35 años de confinamiento, luego de ser retenido por más de tres años en una barraca militar.

El caso Manning no comporta parecidos con el de Snowden en lo que hace al hurto de información clasificada y a las carencias de especificidad; por ejemplo, Manning no podría argumentar que se involucró en un acto específico de ilegalidad al descargar y compartir enormes cantidades de información clasificada en crudo. Tampoco puede Snowden llevar adelante esa afirmación, a pesar del hecho de que su hurto de información estaba más focalizado, dado que tomó mucho más material adicional consigo. Esto esencialmente implica que Snowden es inapelablemente culpable bajo el Acta sobre Espionaje, que así lo entiende el implicado, y que bien podría rogar por alguna cuota de decencia en el proceso, con miras a argumentar su caso y salvaguardar su reputación, cosa que claramente el gobierno no se muestra inclinado a garantizar. Un juicio mediático relativo al espionaje del gobierno estadounidense sobre sus ciudadanos no sería bienvenido ni por una Administración Demócrata ni por una Republicana.

Así es que, aún si Snowden fuera un informante completamente legítimo que encajase perfectamente con la definición legal de lo que un informante debería y no debería hacer, no puede necesariamente esperar un tratamiento justo, ni justicia. Pero el genio ha emergido de la botella. Un número creciente de estadounidenses cree ahora que al gobierno federal no se le puede confiar con la verdad. El renovado fervor por la guerra en relación a las atrocidades cometidas por ISIS no debería oscurecer el hecho de que la mayor parte del público comprende que las políticas de los pasados trece años han sido fallidas. Algunos empleados federales no dudarían en asesinar a Snowden, pero otros seguramente han comenzado a pensar sobre los aspectos éticos de lo que hacen, y algún día podrían sentirse compelidos a la acción, revelando nuevos tópicos que versen sobre actos ilegales. Pero deberán, o bien emular a Snowden y trabajar sobre una elaborada ruta de escape, o bien asumir que serán tratados con extrema dureza por el sistema de justicia criminal existente.

Y uno bien podría preguntarse qué tan oscuros secretos quedan allí por exponer. Puedo imaginar dos posibles objetivos. El primero podría remitir al programa de espionaje redux de la NSA, que aún continúa operando bajo reglas sutilmente modificadas, y con escaso control del parlamento. Pero quizás el informe sobre torturas del Senado remita a una historia de mayor revuelo, conforme ya ha empezado a desvanecerse de la memoria colectiva. Recientemente, repasé el resumen de 549 páginas y solo puedo imaginarme qué horrores podría contener el texto completo de 6 mil páginas. Más aún, me he visto sorprendido por el número y la extensión de las redacciones incluídas en el resumen, volviendo al texto ilegible en muchos pasajes. Las redacciones, en apariencia, versan en detalles de quién, qué, cuándo y dónde, que incrementarían de manera importante tanto la comprensión como la credibilidad del documento. Alguien debe tener en sus manos una versión no redactada del texto completo, y sería más que sorprendente si tal texto pudiera filtrarse.


Traducción al español: Matías E. Ruiz | Artículo original en inglés, en http://www.theamericanconservative.com/articles/what-makes-a-whistleblower/ | Traducido y reproducido con permiso de The American Conservative (Estados Unidos)