ESTADOS UNIDOS: PHILIP GIRALDI

EE.UU.: qué es lo que está faltando en el informe sobre torturas

La investigación del senado americano podría representar solo la punta del iceberg.

15 de Diciembre de 2014

El meticulosamente documentado informe de 528 páginas del Comité de Inteligencia del Senado sobre el programa secreto de detenciones e interrogación de la CIA es remarcable por su candor. En lenguaje llano, describe los horrores de las prisiones clandestinas y los esfuerzos realizados para hacer hablar a terroristas sospechosos. Efectivamente, consolida dos cuestiones primordiales; primero, que los interrogatorios fueron brutales, peores de lo que cualquiera pudiese haber creído; segundo, que tales interrogatorios no produjeron información que no pudiera haber sido obtenida por otras vías.

En lo que hace a la observancia del programa, el informe declama que la Agencia deliberadamente erró a la hora de asignar valor al programa, y que no informó adecuadamente al congreso sobre qué era lo que estaba haciendo exactamente. Ni siquiera el presidente George W. Bush -que apoyaba a la CIA- recibió información detallada hasta 2006. Uno sospecha que el comité del Senado se muestra, hasta cierto punto, hipócrita, y evitando tomar responsabilidad por lo que se ya se ha convertido en una pelota de fútbol política. Probableemnte, los legisladores no quisieron conocer todos los detalles relativos al programa de interrogación y algunos ciertamente están fingiendo ignorancia frente a lo que fueron informados inicialmente. 'Contraatacar' después del 11 de septiembre fue, después de todo, una iniciativa bipartidista y había amplio consenso nacional respecto de la necesidad de 'hacer algo' sobre el terrorismo en Medio Oriente, hasta el momento en que la ocupación de Irak comenzó a tornarse amarga.

La pesadamente redactada refutación de 136 páginas de la CIA y dirigida frente al informe del Senado opta por ignorar la brutalidad del programa de interrogatorios, aunque el Director en ejercicio, John Brennan, ha descripto algunos procedimientos como 'aborrecibles' y la Agencia concede que se cometieron algunos 'errores'. La refutación ignora los asuntos lindantes con la ética, la Constitución y el Estado de Derecho, en tanto se insiste en que nunca se torturó realmente. Defiende que la actividad desarrollada en los sitios clandestinos fue efectiva, produciendo información que no hubiera podido ser obtenida por otras vías, aunque Brennan ahora declama, con criterio conciliador, que resulta imposible separar a la inteligencia obtenida por interrogación aumentada de otro tipo de información, desarrollada desde la misma fuente pero sin coerción, y tornando en 'desconocida' una evaluación de relativo valor.

Otros defensores de la Agencia han identificado a un número de sospechosos que fueron cuestionados de manera exitosa en modalidad aumentada, incluyendo un enlace clave que ellos dicen condujo eventualmente hacia Osama bin Laden. Insisten, con formato de mantra, que la 'interrogación aumentada' salvó miles de vidas estadounidenses. En efecto, un sitio web que han establecido para argumentar su caso se llama CIASavedLives.com ('La CIA salvó vidas').

El informe del Senado examina aquellas mismas afirmaciones, pero llega a conclusiones opuestas, por ejemplo, que la inteligencia obtenida por tortura nunca fue materia procesable, y que la totalidad de la información de valor era pasible de ser obtenida por medios menos coercitivos. Más adelante, al menos 26 prisioneros fueron 'equivocadamente detenidos', mientras que otros no pudieron ser identificados. Los interrogadores por contrato y sin experiencia en ocasiones comenzaban torturando a los sospechosos sin siquiera haber hecho una pregunta, y muchos prisioneros que cooperaban fueron torturados de todos modos. La ineptitud administrativa derivó en casos como el del funcionario junior que permitió que un prisionero falleciera de hipotermia, y que tiempo después recibió un premio en dinero de US$ 2.500.

La interrogación coercitiva frecuentemente producía inteligencia fabricada o engañosa. Al profundizarse los detalles proporcionados por ambas partes, el Comité del Senado pareciera triunfar en su argumentación, y uno podría notar que esta es la conclusión a la que también arribó el interrogador del FBI, Ali Soufani (que criticó los métodos empleados por la Agencia), y lo propio sucedió con la revisión llevada a cabo por el propio Inspector General de la CIA en 2004.

Otro argumento sostenido desde la CIA es que los interrogatorios fueron legales porque los abogados del gobierno dijeron que así era. Lo cual es similar al argumento de las 'órdenes legales' realizado por la defensa en los tribunales de guerra de Nuremberg y Tokio, muchos de los cuales fueron colgados. En lo personal, entiendo que nadie puede argumentar razonablemente que el repugnante abuso físico detallado en el informe, incluyendo las golpizas, las inmersiones y las penetraciones anales citadas como 'hidratación rectal', amén de las amenazas contra familiares de los detenidos, pueda calificarse de otra manera que no sea tortura. El hecho de que la CIA esté colgando su sombrero en la pretendida legalidad de sus actos que en el mejor de los casos son descriptos como repugnantes y horribles, es un argumento que certifica la propia derrota, y nadie debería siquiera prestar atención a lo que se presenta claramente como un intento de pacotilla por cambiar el eje de la discusión.

Pero, definiciones aparte, existe un defecto de importancia en la investigación del Senado, esto es, que depende por completo de documentación impresa. No se entrevistó a víctimas de los sitios clandestinos, en tanto la CIA rehusó permitir a sus empleados que testifiquen. Algunos defensores de la Agencia ahora objetan consecuentemente que el informe fue preparado sin haber sido entrevistados los participantes del proceso: los administradores de carrera de la CIA que idearon el programa y supervisaron sus operaciones. Los administradores de la Agencia más íntimamente involucrados en el programa fueron los Directores George Tenet y Porter Goss, el Director Adjunto John McLaughlin, El Director Adjunto de Operaciones Jim Pavitt, el Director del Centro de Contraterrorismo (CTC), Cofer Black, y el Adjunto de Black, José Rodríguez, quien luego reemplazó primero a Black y luego a Pavitt. Para los defensores de la Agencia, este es un argumento útil y que comporta considerable resonancia en estos días, dado el frenesí de los medios frente a relatos de violaciones ejecutadas en grupo en numerosas universidades, y en donde los pretendidos violadores fueron juzgados y enviados a prisión por la prensa -sin que aquéllos llegasen a relatar sus propios puntos de vista. Los defensores de la CIA declaman que les hubiera gustado ver a las personas más involucradas refutar las afirmaciones hechas en relación a sus crímenes.

Pero es común que el diablo esté presente en los detalles. Los defensores de la Agencia presumen que Tenet y compañía hubieran estado en posición para levantar la polvareda suficiente como para disimular los cargos contra ellos. En lugar de ello, yo argumentaría que el Senado debió, en rigor, haber consultado a los protagonistas, pero hubiese sido mejor para el parlamento concentrarse en la base de la cadena alimenticia. Los torturadores reales debieron haber sido identificados, citados judicialmente, y forzados a testificar en detalle bajo juramento. De ser necesario, ellos podrían haber testificado bajo alias, con miras a proteger su cubierta. ¿Por qué meterse en todo este problema? Porque, desde mi modo de ver, lo que el Senado ha descubierto podría ser solo la punta del iceberg, en términos de lo que realmente sucedió, y que la presente podría ser la única manera para llegar a la verdad y para alcanzar algún tipo de reconciliación en materia de los errores perpetrados por nuestro gobierno en nuestra representación; la manera sería conversar con los individuos que apretaban las tuercas.

Contra todo consejo legal, José Rodríguez ordenó en 2005 la destrucción de 92 videos de interrogatorios que eran almacenados en un sitio clandestino de detención en Tailandia. Esto remitió a una ofensa federal frente a la cual el Departamento de Justicia decidió no presentar cargos. Rodríguez afirmó haberlo hecho para proteger la identidad de los interrogadores, pero el argumento resulta ridículo. He visto videos de interrogatorios, y el interrogador solo aparece con su voz. El foco de la filmación es el sospechoso, y no el interrogador. Los videos fueron destruídos apenas pocos días después de que el Senador Carl Levin propuso una investigación independiente sobre el programa de interrogatorios. Amén de ello y del contenido de algunos emails internos de la CIA, queda claro que los videos fueron destruídos con el objeto de eliminar evidencia de lo que podría, seguramente, calificarse como crimen de guerra, derivando en el prospecto de cargos criminales contra los perpetradores.

Incluso es seguro asumir que otros registros del programa de interrogatorios fueron o bien destruídos o, más probablemente, nunca registrados en primer lugar. El informe del Senado describe documentación como 'escasa e insuficiente' en ocasiones, e incluso 'inexistente'. Cualquiera que haya servido alguna vez en alguna oficina [station] de la CIA en el extranjero sabe que tales oficinas operan sobre la base de lo que podría describirse como permanente control de daños. Tenga Usted en cuenta que casi todo lo que la CIA hace en el exterior es ilegal. Cualquier cosa que tenga lugar y que sea embarazoso, o bien que pueda dar lugar a consecuencias negativas en Washington, es entresacado, o bien para que desaparezca, o bien para que produzca un resultado que pueda ser interpretado positivamente. El comité del Senado observó que el programa de interrogatorios produjo información que, o bien era falsa, o bien era exagerada. Y esto es exactamente lo que podría esperarse.

La capacidad de perfilar selectivamente la narrativa no implica que ciertos oficiales de la Agencia no se arrepintieran, dado que se mostraban horrorizados por lo que estaba teniendo lugar. Los documentos revelan que muchos cuestionaron el valor del programa pero que fueron ignorados o bien forzados a dar un paso al costado por los administradores de calibre. En enero de 2003, el director de interrogatorios de la CIA se quejó del terrible tratamiento dado a los prisioneros, diciendo que era un accidente ferroviario 'a punto de ocurrir, y mi intención es bajarme del tren antes de que suceda'. Admitió tener 'serias reservas' frente al programa, rehusando continuar y seguir estando involucrado en el asunto 'en modo alguno'. Torturar personas bien pudo haber sido un empuje para la carrera de cualquier en 2003, pero muchos de los participantes del proceso debieron darse cuenta en ese entonces de que el tiro podría salirles por la culata.

De tal suerte que una investigación orientada en base a documentos que versa sobre una organización gubernamental estadounidense de carácter clandestino que cubre sus pistas, solo puede descubrir parte del relato. El otro elemento que necesita ventilarse es la cuestión de la responsabilidad porque, sin responsabilidad, es probable que el lamentable episodio se repita, si es que tiene lugar otro incidente terrorista de importancia en los Estados Unidos. En efecto, es más probable una respuesta en ese sentido, conforme los defensores de la Agencia, incluyendo a la mayoría de los Republicanos en el Congreso, no se muestran arrepentidos; creyendo aquéllos que exponer los mecanismos de tortura del gobierno es algo peor que la tortura en sí misma. Muchos no parecen creer que hubo algo equivocado en lo hecho por la CIA. El ex Vicepresidente, Dick Cheney, ya había dicho: 'Si tuviera que volver a hacerlo todo de nuevo, lo haría'.

En lo que representa un intento por eludir el tema de la responsabilidad, el informe del Senado no culpa, en realidad, a nadie; ni recomienda acción legal contra los funcionarios de carrera de la CIA o de la Casa Blanca que ordenaron las torturas. Como tampoco se responsabiliza a los verdaderos torturadores por lo hecho. El presidente Barack Obama, que admitiera que 'Hemos torturado a algunos muchachos' hace tiempo decidió que no habría cargos criminales, principalmente porque él deseaba evitar chocar con políticas iniciadas por sus predecesores en la Oficina Oval. La Casa Blanca, sin embargo, fue más lejos que eso, buscando recientemente obstaculizar la puesta a disposición del público del documento. Al momento de ser publicado, el presidente extrañamente advirtió que 'Es importante para nosotros no sentirnos demasiado mojigatos en retrospectiva, sobre el duro trabajo que debieron hacer esos muchachos'.

La Administración también debió ser declarada responsable por haber exagerado el peligro que pudiera resultar de la publicación del informe, cuando aconsejó a los ciudadanos estadounidenses que se trasladaban fuera del país y a las misiones diplomáticas que podrían convertirse en objetivos, como si los parámetros del programa de torturas no hubiesen sido bien conocidos por partes interesadas, durante años. La afirmación de que la publicación del informe podría dañar las relaciones con servicios de inteligencia del extranjero fue obedientemente sacada a relucir; se trató de una afirmación plausiblemente creíble, pero errónea, retransmitida después de cada fuga de información desde 1975, cuando se reuniera el Comité Church y el caso del case officer rebelde Philip Agee escribió Inside the Company: A CIA Diary (Dentro de la Compañía: un Diario en la CIA). Las agencias de inteligencia no comparten información porque se agraden entre sí. Lo hacen porque es parte esencial del hacer negocios.

Así es que, si hay un problema con el informe del Senado, el problema es que es incompleto. Alguien debería haber hecho un mejor esfuerzo para entrevistar a las víctimas reales, así como también a los torturadores y a los burócratas que los enviaron por ese feliz camino, a criterio de hallar qué es lo que no fue comprendido en los seis millones de páginas de documentos analizados. Los perpetradores y los facilitadores de la 'interrogación aumentada' deben ser tenidos como responsables por lo que hicieron, y el gobierno de los Estados Unidos de América -colectivamente- debería admitir en lenguaje llano que la tortura en efecto tuvo lugar y que fue y es inaceptable. El ciudadano canadiense -erróneamente detenido- Maher Arar, que fue 'rendido' a Siria torturado, observa que 'La tortura no le dice a Usted nada sobre la persona que está siendo torturada, pero le dice mucho sobre la persona que está ejecutando la tortura'.

La Declaración de la Independencia y la Constitución establecieron el principio de que los Estados Unidos se comportarían como una nación moral en la que sus ciudadanos tuvieran derechos esenciales. Un derecho fundamental es la expectativa de que el gobierno se comportará con observancia de las leyes y con justicia. La Declaración de la Independencia también reconoce 'un respeto decente por las opiniones de la humanidad'. Si acaso los Estados Unidos buscan recuperar alguna vez su lugar honorable entre las naciones, entonces debe reconocer, de manera completa y sin ambigüedades, lo sucedido entre 2002 y 2007, y debe tomar los pasos necesarios para asegurar que tal depravación nunca vuelva a suceder.



Traducción al español: Matías E. Ruiz. Artículo original en inglés, en http://www.theamericanconservative.com/articles/what-the-torture-report-is-missing/ | Traducido y republicado con permiso de The American Conservative

 

Sobre Philip Giraldi

Especialista en contraterrorismo; ex oficial de inteligencia militar de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América (CIA). Se desempeña como columnista en medios de EE.UU., y Director Ejecutivo del Council for the National Interest. Otrora articulista en la revista The American Conservative, Giraldi publica ahora en el sitio web Unz.com. En español, en El Ojo Digital.