Desacato y futuro
Por regla general, el ciudadano de a pie desconoce la identidad de quién preside otro país; mucho menos el de sus funcionarios...
27 de Julio de 2014
Por regla general, el ciudadano de a pie desconoce la identidad de quién preside otro país; mucho menos el de sus funcionarios de segunda línea. Pasarán los años, y el mundo no recordará el nombre de Cristina Fernández de Kirchner, ni el de Axel Kicillof, ni mucho menos el de la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, o el del subprocurador, Javier Pargament. Lo propio podría decirse del nombre del secretario de Finanzas, Pablo López o el del secretario legal y administrativo, Federico Thea. A la postre, responsables (la totalidad de los mencionados) de llevar adelante la negociación con los holdouts y el Special Master, Dan Pollack.
No obstante, lo que el mundo de seguro no olvidará - de suceder, claro está- es que la República Argentina, una vez más, habrá manchado su propia historia, ingresando en cesación de pagos o default.
Sorprende que funcionarios tomen tan a la ligera el agravio a un juez extranjero -o, peor aún, a todo un sistema judicial-, optando por desobedecer una sentencia, por el simple hecho de haberse resuelto en la contienda en contra de su posición e intereses. Quizás debieran recordar estos servidores públicos que la jurisdicción de los tribunales de la ciudad Nueva York no le fue impuesta al país, sino que fue elegida por el propio gobierno que hoy tanto la fustiga. Tras el default que obligara a proceder a la reestructuración de la deuda, la falta de confianza en la justicia argentina se vio profundizada, y se tornó una exigencia habitual para cualquier convención internacional -pública o entre privados- el establecer una jurisdicción distinta a la de nuestro país. Es manifiesto que ningún ahorrista hubiese aceptado el canje si así no se hubiera propuesto. Lo propio sucede hoy con los acuerdos con la República Popular China, en cuya letra se fijó la jurisdicción de los tribunales de Londres ante la eventualidad de cualquier diferendo que pudiera suscitarse en el futuro. Una vez más, la alternativa de resolver interdictos en el ámbito de la justicia argentina fue descartada.
Por desgracia, al momento de contemplar lo acontecido en años recientes con causas judiciales que involucraron a funcionarios o personas allegadas al Gobierno Nacional, y la suerte que han corrido magistrados y fiscales a los que les ha tocado intervenir, cabe concluir que corresponde darles 'la derecha' a quienes exigen dirimir las contiendas en otra jurisdicción.
No es novedad -ni tampoco sería la primera vez- que el gobierno argentino desacata y prefiere incumplir una sentencia. Ya ha ocurrido verbigracia con la que dispusiera en su momento la restitución del Procurador de Santa Cruz (resolución que jamás se cumplió), o con las sentencias que ordenan resarcir a jubilados (que continúan siendo ignoradas por ANSES y la Casa Rosada). De tal suerte que tampoco representa novedad alguna que los jueces que fallan en contrario a los intereses de Balcarce 50 terminan siendo perseguidos, o bien destituídos. Basta remitirse a los casos de Esteban Righi, Daniel Rafecas, Carlos Rívolo o José María Campagnoli.
El conjunto de estas irregularidades y arbitrariedades solían limitarse estrictamente al orden local. Esta condena contra jueces no potables para el poder no había trascendido nuestras fronteras -como ahora se observa con Thomas Griesa-; menos hubiese alguien podido anticipar que se arengara a desoir y a entrar en desacato con fallos en el extranjero. Lo grave de esta novedad es que, si acaso el gobierno finalmente se pronuncia por desobedecer lo decidido por el tribunal estadounidense de referencia, en el futuro ni siquiera alcanzará con pactar una jurisdicción foránea para los contratos entre el Gobierno Nacional y terceros. Nadie querrá negociar con la República Argentina dado que, aún pactándose la resolución de diferendos en ámbitos judiciales de otros países, la certeza de que la Argentina cumplirá con lo dispuesto por ese tribunal -cualquiera que fuere- brillará por su ausencia, si le toca perder.
A la postre, el mundo no diferenciará ni recordará que fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner quien decidió desentenderse de lo pactado; lo que el concierto internacional guardará en su memoria es que, en rigor, fue la República Argentina la que no solo no honró sus deudas, sino que tampoco honró ni aceptó la decisión judicial de un tribunal al que libremente ofreció someterse.
Es de esperarse no se llegue a tal extremo.
No obstante, lo que el mundo de seguro no olvidará - de suceder, claro está- es que la República Argentina, una vez más, habrá manchado su propia historia, ingresando en cesación de pagos o default.
Sorprende que funcionarios tomen tan a la ligera el agravio a un juez extranjero -o, peor aún, a todo un sistema judicial-, optando por desobedecer una sentencia, por el simple hecho de haberse resuelto en la contienda en contra de su posición e intereses. Quizás debieran recordar estos servidores públicos que la jurisdicción de los tribunales de la ciudad Nueva York no le fue impuesta al país, sino que fue elegida por el propio gobierno que hoy tanto la fustiga. Tras el default que obligara a proceder a la reestructuración de la deuda, la falta de confianza en la justicia argentina se vio profundizada, y se tornó una exigencia habitual para cualquier convención internacional -pública o entre privados- el establecer una jurisdicción distinta a la de nuestro país. Es manifiesto que ningún ahorrista hubiese aceptado el canje si así no se hubiera propuesto. Lo propio sucede hoy con los acuerdos con la República Popular China, en cuya letra se fijó la jurisdicción de los tribunales de Londres ante la eventualidad de cualquier diferendo que pudiera suscitarse en el futuro. Una vez más, la alternativa de resolver interdictos en el ámbito de la justicia argentina fue descartada.
Por desgracia, al momento de contemplar lo acontecido en años recientes con causas judiciales que involucraron a funcionarios o personas allegadas al Gobierno Nacional, y la suerte que han corrido magistrados y fiscales a los que les ha tocado intervenir, cabe concluir que corresponde darles 'la derecha' a quienes exigen dirimir las contiendas en otra jurisdicción.
No es novedad -ni tampoco sería la primera vez- que el gobierno argentino desacata y prefiere incumplir una sentencia. Ya ha ocurrido verbigracia con la que dispusiera en su momento la restitución del Procurador de Santa Cruz (resolución que jamás se cumplió), o con las sentencias que ordenan resarcir a jubilados (que continúan siendo ignoradas por ANSES y la Casa Rosada). De tal suerte que tampoco representa novedad alguna que los jueces que fallan en contrario a los intereses de Balcarce 50 terminan siendo perseguidos, o bien destituídos. Basta remitirse a los casos de Esteban Righi, Daniel Rafecas, Carlos Rívolo o José María Campagnoli.
El conjunto de estas irregularidades y arbitrariedades solían limitarse estrictamente al orden local. Esta condena contra jueces no potables para el poder no había trascendido nuestras fronteras -como ahora se observa con Thomas Griesa-; menos hubiese alguien podido anticipar que se arengara a desoir y a entrar en desacato con fallos en el extranjero. Lo grave de esta novedad es que, si acaso el gobierno finalmente se pronuncia por desobedecer lo decidido por el tribunal estadounidense de referencia, en el futuro ni siquiera alcanzará con pactar una jurisdicción foránea para los contratos entre el Gobierno Nacional y terceros. Nadie querrá negociar con la República Argentina dado que, aún pactándose la resolución de diferendos en ámbitos judiciales de otros países, la certeza de que la Argentina cumplirá con lo dispuesto por ese tribunal -cualquiera que fuere- brillará por su ausencia, si le toca perder.
A la postre, el mundo no diferenciará ni recordará que fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner quien decidió desentenderse de lo pactado; lo que el concierto internacional guardará en su memoria es que, en rigor, fue la República Argentina la que no solo no honró sus deudas, sino que tampoco honró ni aceptó la decisión judicial de un tribunal al que libremente ofreció someterse.
Es de esperarse no se llegue a tal extremo.
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@DrRobertoJ
Sobre Roberto Porcel
Es Abogado en la República Argentina, especialista en Derecho Comercial y experto en temas relativos a la falsificación marcaria. Socio en el Estudio Doctores Porcel, fundado en 1921. Los textos del autor en El Ojo Digital pueden consultarse en http://www.elojodigital.com/categoria/tags/roberto-porcel.