Nuestra pobre corrupción

La pregunta, por estas horas, es: ¿Será indagado -y, quizás, procesado- Amado Boudou porque se ha visto elevada la vara moral de la sociedad argentina, que ya no tolera este tipo de corrupción? ¿O será debido a que la mala situación económica (autogenerada) es la que nos hace reaccionar contra esta clase de actos? ¿Estamos, los argentinos, hartos de la corrupción o  de la decadente economía que se explica, en parte, a través de la primera? ¿Nos indignaba la corrupción en la fase uno del ciclo populista, donde crecía el gasto sin todavía percibirse tanto la inflación y todo el mundo parecía feliz? ¿Por qué ni Skanska ni Antonini Wilson derivaron en escándalos mayúsculos? ¿Por qué la Justicia sólo parece animársele al poder político cuando éste se encuentra en sus postrimerías?
 

La situación del Vicepresidente es todo un símbolo de nuestra pobre corrupción, un estado que voluntariamente aceptamos, casi como un sello de argentinidad. Hoy, sin embargo, nos encontramos ante una oportunidad para nada desdeñable. Puede ocurrir que un alto funcionario político pague concretamente sus presuntos hechos de corrupción, lo que sería una situación ejemplar para los otros miles de funcionarios corruptos –de otras jurisdicciones y partidos– que están mirando lo que pasa, todavía en la comodidad que brinda la consabida impunidad criolla. 
 

La idea de corrupción está latente desde que el hombre es hombre. Hace más de dos mil trescientos años, Aristóteles repetía que cuando los funcionarios del gobierno –ya sea una monarquía, aristocracia o democracia– comenzaban a velar por sus propios intereses, el gobierno se desnaturalizaba y pervertía. Mucho más acá, la escuela del “Public Choice” nos enseñó que los funcionarios son, a fin de cuentas, personas tan propensas como todo el mundo a ocuparse primero por su bienestar. Y sólo algunos, sólo en menor medida, y sólo a posteriori, se ocupan del bienestar del resto. Por lo que esperar que se comporten con abnegación general sería un pecado de ingenuidad.

 

Empresarios públicos y Funcionarios privados
 

Pero, amén del escenario general, los países como el nuestro tienen un agregado nocivo. Gunnar Myrdal, economista sueco que en 1974 compartiera el Premio Nobel con Friedrich A. Hayek, sostenía una paradoja que pinta con precisión nuestro pobre escenario nacional. Myrdal decía que, en las naciones subdesarrolladas, el sector privado es estatista porque pide protección y subsidios al Estado. Por su parte, el sector público es privatista porque los motiva el ánimo de lucro individual. La paradoja es que los privados operan en la esfera pública, mientras que los funcionarios públicos operan bajo la lógica del lucro privado. 
 

Los empresarios (o “empresaurios”, al decir de Benegas Lynch) que pululan por oscuros ministerios intentando eliminar a la competencia por decreto o solicitando cotos de caza de consumidores o contribuyentes; junto a los jóvenes funcionarios políticos que pavonean sus recientes fortunas o los peces gordos que pesan el dinero, son botones que verifican el escenario descripto por Myrdal. El gobierno kirchnerista ha funcionado con una precisa lógica privatista. Ha abrevado en los dineros del Estado como si fuesen propios. La intencionada confusión de los conceptos Estado-Gobierno-Partido los llevó a usar los ingresos públicos como si fuesen de uso exclusivo del Frente Para la Victoria. 
 

El gasto, por lo tanto, se ha vuelto insoportablemente grande porque se han amasado fortunas personales, se han enriquecido personas que hasta ayer eran nadie, y han mordido el queso del Estado millones de personas (que por la ridícula “estabilidad del empleo público” nunca lo soltarán). Boudou, entonces, no es más que el símbolo de una década institucionalmente decadente, de la cual parecemos recién haber tomado conciencia, gracias a los tardíos sacudones de la economía. 

 

C = M + D – T 
 

Robert Klitgaard, doctor en Economía de la Universidad de Harvard, y uno de los grandes expertos en materia de corrupción del mundo, desarrolló la siguiente fórmula, C = M + D – T, en donde corrupción es igual a monopolio, más discrecionalidad, menos transparencia. 
 

Siguiendo esta fórmula, es deseable que el gobierno tenga la menor cantidad de monopolios posibles –a contrario sensu de lo que el kirchnerismo sostuvo– y además, debemos velar por la menor cantidad de discrecionalidad en las decisiones, para lo cual resulta imprescindible la división de poderes. Finalmente, es necesario crear y mantener organismos y mecanismos de control de transparencia, desde el más pequeño acto administrativo hasta el más encumbrado acto de gobierno. 
 

Pero -además de la formulación práctica- es necesario hacer reverdecer una ética que brilla por su ausencia desde hace tiempo. En la corrupción también existe la “teoría de la ventana rota". La corrupción generalizada ocurre cuando se permite que eclosionen las pequeñas corrupciones cotidianas sin castigo alguno. La educación y el enforcement legal deben trabajar al unísono para generar una sociedad menos corrupta, que refleje -a su vez- un gobierno menos corrupto. 

 

CONADEP, imprescriptibilidad y juicio de residencia
 

Desde una suerte de CONADEP contra la corrupción, como se plantea desde el espacio FAUNEN; la imprescriptibilidad de las penas en los delitos de corrupción, como propone la Diputada Nacional Patricia Bullrich; o el reestreno del colonial juicio de residencia, que pretende Sergio Massa, la totalidad de los partidos políticos están intentando proponer medidas contra la avanzada de la corrupción. Es de esperar  que la actual épica anticorruptela sea sostenida por los partidos más allá de la batalla contra el kirchnerismo, y –más importante aún– sea defendida cuando el ciclo económico vuelva a sonreírnos. Sólo así, lograremos crecimiento económico y social sostenido, en lugar de continuar amontonando décadas de  ilusión y desencanto.