Garantismo: el absurdo como regla

Pocos días atrás, nos escandalizábamos cuando dos fiscales, Alejandro Alagia y Javier de Luca, fiscal general y fiscal de Casación respectivamente, en el marco de la Feria del Libro y en defensa de la reforma al Código Penal que  impulsa el gobierno, llamaron 'conflictos sociales' a los delitos, minimizaron el daño a la vida y a la propiedad y afirmaban que 'el castigo es una solución irracional'.

 

Por cierto, nada nuevo bajo el sol -parafraseando a la Presidente-, ya que en esta misma línea vienen declamando y actuando en consecuencia numerosos funcionarios judiciales enrolados en la corriente denominada “Justicia Legítima”; que pareciera que de justicia y de legítima mucho no tiene.

 

Existe la sensación de que el Gobierno Nacional se esfuerza en hacer del absurdo la regla. Bajo un falso garantismo, se invierten los roles de victima y victimario, despreocupándose por la suerte y destino de los primeros, y sólo abogando por eximir de toda responsabilidad a aquellos que infringen la ley. Confusión que ha alcanzado al propio Papa Francisco quien, en su afán de llevar misericordia a todos “sus hijos”, pareciera olvidarse de las víctimas que sufren a mano de sus victimarios y confundir “penas” con “venganza”.

 

En este escenario, quien emerge aportando un poco de claridad ante tanta confusión, es el Secretario de Seguridad Sergio Berni, quien se muestra contrariado y asombrado con el proceder de muchos de estos jueces que hacen del tribunal una puerta giratoria; justo es reconocer que este funcionario, no menor en el gobierno, no ahorra críticas contra estos jueces y fiscales. Creo que es también un deber admitir, que es una suerte que dentro de un gobierno de estas características, exista un Berni que aporte sansatez y sentido común; no quisiera pensar cuál sería la situación si, en lugar de Berni, estuviese alguno de estos funcionarios que consideran que el delito es inexistente…

 

Dentro de esta confusión que destaco y describo, quien también aportó para poner límite a tanto “absurdo” fue el Diputado Nacional Sergio Massa, quién -rápido de reflejos- impidió que la reforma al Código Penal avanzara callada y sigilosamente hacia un destino que hubiera sido irreversible para todos los argentinos de bien. Una de las curiosidades de esta reforma es que ha sido encargada a quienes no creen ni en la existencia del delito, ni en las penas. Algo así como encargarle al Gordo Valor la custodia de caudales. El principal mentor de este garantismo que encuentra en la reforma su punto cúlmine, -me refiero al Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni-. El citado, al ver cómo se desmoronaba su proyecto (ni bien la ciudadanía tomó nota y conocimiento del mismo; -ya hay más de dos millones de firmas en contra), no encontró mejor método para defenderlo y denostar a su oponente, que mandar al legislador a “estudiar de nuevo”. Lo paradójico es que, en ocasión de un fallo reciente, el máximo Tribunal que el propio Doctor Zaffaroni integra, reconoció la constitucionalidad y legitimidad de la figura de la reincidencia. Cual silogismo, pareciera ser que la Corte Suprema de Justicia mandó al único de sus integrantes que no firmó la referida sentencia a estudiar nuevamente, poniendo las cosas en su lugar.

 

Pero no todo es 'garantismo' puro. A la sombra de una ideología supuestamente preocupada por volver a obtener la apertura de cárceles y abolir todo rezago de orden y castigo al delincuente, se cobija un alto grado de corrupción, en el que se entremezclan política y justicia. Hoy, la destitución  del fiscal Campagnoli es quizás uno de los hechos mas  elocuente en este sentido. Pero podemos repasar otros hechos no menos graves, como lo actuado respecto del ex Procurador Esteban Righi, o del Juez Daniel Rafecas, o  el fiscal Carlos Rívolo o lo que se habría intentado respecto del magistrado Ariel Lijo, en relación a las causas que involucran a Lázaro Báez y el vicepresidente Amado Boudou. En este último caso, el Diputado Carlos Kunkel (Frente Para la Victoria) disparó sin pudor, hace unas pocas horas, una advertencia a Lijo: “Si no actúa correctamente, será investigado”…

 

Incluso se registran destituciones que no se limitan ciertamente a causas por corrupción, sino que se hacen extensivas también a otras tantas que contrarían “políticas” del gobierno, como lo que sucede con los jueces Luis René Herrero y Emilio Fernández, integrantes de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, que deben tolerar un pedido de juicio político por fallar en favor de los intereses de los castigados jubilados argentinos. La contracara de estas destituciones, es la defensa encendida que se hace desde el gobierno respecto de otros jueces, muy cuestionados por la ciudadanía, como es el caso, verbigracia, de Norberto Oyarbide.

 

Quizás donde se pueda visualizar con mayor precisión este escenario que se describe, donde el absurdo es la regla y lo absurdo es la excepción, es lo que sucede con la Sala II de la Cámara Federal de Casación, integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Pedro David (aunque este último, vale aclarar, suele votar en disidencia). De acuerdo a una investigación realizada por Infobae, el 95% de los acusados por causas de drogas que llegan a esta Sala, tienen muchas chances de ser liberados y regresar a su actividad preferida: el delito. Al respecto, recomiendo ver la citada investigación y el cuadro que acompaña la nota, que ofrece un muestrario amplio de las resoluciones de esa Sala sobre causas de narcotráfico, que terminan en nulidad y absolución gracias a los tecnicismos a los que recurre el tribunal.

 

En síntesis, y contrariamente a lo que debiera suceder en cualquier sociedad organizada donde priman el orden, el respeto y el apego a la ley, para la Administración kirchnerista, solo importa la defensa del victimario, en claro detrimento de la víctima. Se trata de un gobierno que promociona no creer en el delito ni en las penas, mientras que muchos de sus integrantes y/o allegados se enriquecen de manera escandalosa y eluden su responsabilidad, acomodando las circunstancias a sus necesidades.

 

El Derecho Penal está incorporado a las sociedades a los efectos de regular la convivencia; sus normas deben ser disuasorias, y de ninguna manera alentar al delito. No pueden sembrar la confusión, que muchos jueces y funcionarios hoy pregonan a partir de conductas y decisiones poco claras.



Lectura complementaria

El tribunal que prefieren los narcotraficantes (Infobae): http://www.infobae.com/2014/06/01/1569247-el-tribunal-que-prefieren-los-narcotraficantes


Foto de portada: Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Pedro David (suele votar en disidencia). Crédito: Infobae.com