La 'DEA argentina' de José Manuel De la Sota
En línea con la propuesta hecha pública recientemente por el gobernador cordobés, al respecto de la necesidad de la creación una suerte de 'DEA nacional'...
18 de Abril de 2014
En línea con la propuesta hecha pública recientemente por el gobernador cordobés, al respecto de la necesidad de la creación una suerte de 'DEA nacional', el Diputado Carlos Caserio (a la sazón, jefe del Bloque Unión por Córdoba y que responde políticamente a De la Sota) tiene entre manos un Proyecto de Ley en tal sentido. De lo que trata la iniciativa es de sentar los cimientos para un "Departamento de Lucha Contra el Narcotráfico", que funcionaría bajo de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, teniendo representación en todas las provincias del país. Asimismo, trascendiendo las fronteras argentinas, propone la creación de un "Centro Regional de Inteligencia Criminal Contra el Narcotráfico", articulando esfuerzos con otros países de la región, en especial con aquellos en donde los estupefacientes -particularmente la cocaína- circulan en grandes volúmenes, como ser Bolivia, Perú y Colombia.
[Links para acceder al Proyecto: http://bit.ly/1qWrxii y http://bit.ly/1hULhAE]
En sus fundamentos, el proyecto remite al criterio de "prevenir, conjurar e investigar el narcotráfico en todas sus modalidades", definiendo a esta categoría de delito como uno "de carácter transnacional", para oponerle una "respuesta organizada, profesional y coordinada". Si bien en dicho Proyecto no se hace referencia directa a la agencia antinarcóticos estadounidense, se cita que es menester "crear una nueva fuerza, altamente preparada y capacitada, como las que funcionan actualmente en Francia, Alemania y EE.UU.". Acaso en la porción más polémica de la iniciativa -conforme se presume entrará en rumbo de colisión con el Gobierno Nacional-, el Proyecto de Ley define a la Argentina como un "territorio de elaboración y distribución de narcóticos"; admite que el narcotráfico es una actividad "muy difícil de combatir", y que posee una penetración particularmente sólida en "sectores de mayor marginalidad social". El proyecto caserista-delasotista no se vale de eufemismos al referir que, en el país, existe "exclusión social". Finalmente, y en una suerte de sutil guiño a gobernadores y elementos de las Fuerzas de Seguridad, destaca "el esfuerzo de las provincias en el combate al narcotráfico". Segmento en que sirve recordar que numerosos gobernadores de provincia -entre ellos, el santafesino Antonio Bonfatti- han solicitado expresamente colaboración técnica al Departamento de Estado americano -a la postre, extensión del gobierno estadounidense desde donde se designa el modo de cooperación del FBI o la propia DEA en el extranjero- para combatir el flagelo.
Por cierto, una de las dudas que el proyecto permite interponer a primera vista tiene relación directa con la preparación tanto de los potenciales agentes como de los administrativos y jerárquicos del mencionado Departamento. La propuesta del Diputado Nacional Caserio se aferra a la puesta en marcha de una "Academia de formación del Agente", reclutando a jóvenes probos y con estudios secundarios completos. A posteriori, elabora sobre términos algo ambiguos, cuando no demasiado abstractos: capacidad ética de los elementos que constituirán la fuerza, "dedicación" y "esfuerzo". Acaso uno de los pasajes que comporta mayor fragilidad de la propuesta.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la dependencia a ser creada observará control parlamentario, desde la conformación de una "comisión bicameral". Al margen de la veterana expresión de Juan Domingo Perón y la utilidad de las comisiones, la opinión pública conoce de primera mano la infinidad de proyectos legislativos de interés que, luego de arribar a alguna de las Cámaras, las imposturas ideológicas y las connivencias se ocuparon oportunamente de devaluar.
En otro orden, el Departamento contará con un Director General designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación, y que exhibirá rango de Secretario de Estado -como sucede con quien actualmente encabeza SEDRONAR-. El Director permanecerá en su cargo por cinco (5) años, y deberá comparecer ante la Cámara Alta una vez por año calendario. Asimismo, tanto los directores como los agentes que se desempeñen en la Agencia serán controlados por un Tribunal de Conducta, a su vez compuesto por tres miembros, cada uno designado por los tres Poderes del Estado.
Complementariamente, el Proyecto aclara que el Departamento Federal (...) "no tendrá la tarea de juzgar delitos, sino de efectuar arrestos, incautaciones e interdicciones, brindando a la Justicia apoyo analítico, de Inteligencia y la elaboración de informes, como así también de planes y programas para la lucha contra el narcotráfico". Se encontrará dentro de sus potestades el desmantelamiento de laboratorios clandestinos ("cocinas", en la expresión popular) y podría proceder también a la persecución y detección del "blanqueo de activos financieros". En criollo, el Departamento se ocupará de combatir el lavado de dinero, aún cuando los lineamientos de la iniciativa debieran profundizar en el aspecto de la inteligencia financiera (considerándose que la complejidad de las estructuras destinadas al lavado de activos suele caracterizarse por una complejidad extrema).
La aparente nueva fuerza de seguridad dividiría al país en ocho (8) áreas operacionales, en tanto cada provincia designará un Delegado. En declaraciones concedidas recientemente a los medios de comunicación, De la Sota subrayó que, en Córdoba, ya está creando una fuerza policial antinarcotráfico, "con 250 efectivos y gente experimentada, con título universitario, vinculados a la materia". El cuerpo citado por el Gobernador depende del Ministerio Público, y es supervisado por un Fiscal General. No sería difícil rastrear las motivaciones de José Manuel De la Sota a la hora de 'apurar' la creación de estructuras que combatan al tráfico de drogas: numerosos analistas coinciden en que los incidentes del pasado verano -que condujeron luego a violentos saqueos y ataques a comercios- fueron fogoneados y sus consecuencias convenientemente explotadas por altos comisarios de la Policía de Córdoba comprometidos con actividades ilícitas.
Decir que el Proyecto del bloque de legisladores mediterráneos quedará fuera de discusión de aquí al final del ciclo kirchnerista remite a verdad de perogrullo. Sin embargo, y amén de una serie de aspectos positivos, la iniciativa se promociona algo escueta y abundante en ambigüedad, teniéndose en especial consideración que pone el foco sobre una de las actividades más complejas del mundo y que involucra variables tanto sociales, como judiciales, políticas y de seguridad. No existe traficante de drogas que vea crecer su poder sin la inestimable asistencia (o invalorable omisión) de funcionarios, legisladores y magistrados.
No faltará quienes aduzcan que la propuesta delasotista en algo podría remitir a los "gallos" y la "medianoche": es la oportunidad lo que la ciudadanía mide en estos tiempos, en tanto la dirigencia política suele llegar ostensiblemente tarde a la escena del crimen. ¿Es la agenda política de un candidato lo que está en juego en este Proyecto de Ley? ¿O se trata, en rigor, de una iniciativa creíble y que persigue buenas intenciones? La respuesta de la política parece orientarse con exclusividad a la generación de comisiones, ministerios y secretarías para hacer frente a los problemas. Salvo contadísimas excepciones, solo se consigue incrementar el plantel estatal, con su perturbador y destructivo correlato en el aumento del gasto público y, por ende, de la corrupción estatal.
La Argentina de hoy debate acaloradamente sobre la "inseguridad", pero termina haciéndole el juego: proliferan jueces extremadamente permeables a la tendencia política del momento, policías corruptos que hacen su agosto desde el peaje y la extorsión, y dirigentes a quienes, con poco, se les puede endilgar la permanencia "detrás del telón" cuando del delito se trata. La idea del "Departamento Federal Antinarcóticos" bordea la eterna preocupación de los argentinos: ¿no se estará designando al lobo como cuidador del gallinero?
Aunque quizás sea necesario abandonar la perspicacia. En todo caso, la promoción del Proyecto de referencia representa, cuando menos, un primer paso en pos de la lucha contra una actividad deleznable, conocida por provocar estragos en el tejido social de cualquier nación. Sendero por el cual continuará transitando la Argentina, hasta tanto su dirigencia política no preste oído sincero al problema.
[Links para acceder al Proyecto: http://bit.ly/1qWrxii y http://bit.ly/1hULhAE]
En sus fundamentos, el proyecto remite al criterio de "prevenir, conjurar e investigar el narcotráfico en todas sus modalidades", definiendo a esta categoría de delito como uno "de carácter transnacional", para oponerle una "respuesta organizada, profesional y coordinada". Si bien en dicho Proyecto no se hace referencia directa a la agencia antinarcóticos estadounidense, se cita que es menester "crear una nueva fuerza, altamente preparada y capacitada, como las que funcionan actualmente en Francia, Alemania y EE.UU.". Acaso en la porción más polémica de la iniciativa -conforme se presume entrará en rumbo de colisión con el Gobierno Nacional-, el Proyecto de Ley define a la Argentina como un "territorio de elaboración y distribución de narcóticos"; admite que el narcotráfico es una actividad "muy difícil de combatir", y que posee una penetración particularmente sólida en "sectores de mayor marginalidad social". El proyecto caserista-delasotista no se vale de eufemismos al referir que, en el país, existe "exclusión social". Finalmente, y en una suerte de sutil guiño a gobernadores y elementos de las Fuerzas de Seguridad, destaca "el esfuerzo de las provincias en el combate al narcotráfico". Segmento en que sirve recordar que numerosos gobernadores de provincia -entre ellos, el santafesino Antonio Bonfatti- han solicitado expresamente colaboración técnica al Departamento de Estado americano -a la postre, extensión del gobierno estadounidense desde donde se designa el modo de cooperación del FBI o la propia DEA en el extranjero- para combatir el flagelo.
Por cierto, una de las dudas que el proyecto permite interponer a primera vista tiene relación directa con la preparación tanto de los potenciales agentes como de los administrativos y jerárquicos del mencionado Departamento. La propuesta del Diputado Nacional Caserio se aferra a la puesta en marcha de una "Academia de formación del Agente", reclutando a jóvenes probos y con estudios secundarios completos. A posteriori, elabora sobre términos algo ambiguos, cuando no demasiado abstractos: capacidad ética de los elementos que constituirán la fuerza, "dedicación" y "esfuerzo". Acaso uno de los pasajes que comporta mayor fragilidad de la propuesta.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la dependencia a ser creada observará control parlamentario, desde la conformación de una "comisión bicameral". Al margen de la veterana expresión de Juan Domingo Perón y la utilidad de las comisiones, la opinión pública conoce de primera mano la infinidad de proyectos legislativos de interés que, luego de arribar a alguna de las Cámaras, las imposturas ideológicas y las connivencias se ocuparon oportunamente de devaluar.
En otro orden, el Departamento contará con un Director General designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación, y que exhibirá rango de Secretario de Estado -como sucede con quien actualmente encabeza SEDRONAR-. El Director permanecerá en su cargo por cinco (5) años, y deberá comparecer ante la Cámara Alta una vez por año calendario. Asimismo, tanto los directores como los agentes que se desempeñen en la Agencia serán controlados por un Tribunal de Conducta, a su vez compuesto por tres miembros, cada uno designado por los tres Poderes del Estado.
Complementariamente, el Proyecto aclara que el Departamento Federal (...) "no tendrá la tarea de juzgar delitos, sino de efectuar arrestos, incautaciones e interdicciones, brindando a la Justicia apoyo analítico, de Inteligencia y la elaboración de informes, como así también de planes y programas para la lucha contra el narcotráfico". Se encontrará dentro de sus potestades el desmantelamiento de laboratorios clandestinos ("cocinas", en la expresión popular) y podría proceder también a la persecución y detección del "blanqueo de activos financieros". En criollo, el Departamento se ocupará de combatir el lavado de dinero, aún cuando los lineamientos de la iniciativa debieran profundizar en el aspecto de la inteligencia financiera (considerándose que la complejidad de las estructuras destinadas al lavado de activos suele caracterizarse por una complejidad extrema).
La aparente nueva fuerza de seguridad dividiría al país en ocho (8) áreas operacionales, en tanto cada provincia designará un Delegado. En declaraciones concedidas recientemente a los medios de comunicación, De la Sota subrayó que, en Córdoba, ya está creando una fuerza policial antinarcotráfico, "con 250 efectivos y gente experimentada, con título universitario, vinculados a la materia". El cuerpo citado por el Gobernador depende del Ministerio Público, y es supervisado por un Fiscal General. No sería difícil rastrear las motivaciones de José Manuel De la Sota a la hora de 'apurar' la creación de estructuras que combatan al tráfico de drogas: numerosos analistas coinciden en que los incidentes del pasado verano -que condujeron luego a violentos saqueos y ataques a comercios- fueron fogoneados y sus consecuencias convenientemente explotadas por altos comisarios de la Policía de Córdoba comprometidos con actividades ilícitas.
Decir que el Proyecto del bloque de legisladores mediterráneos quedará fuera de discusión de aquí al final del ciclo kirchnerista remite a verdad de perogrullo. Sin embargo, y amén de una serie de aspectos positivos, la iniciativa se promociona algo escueta y abundante en ambigüedad, teniéndose en especial consideración que pone el foco sobre una de las actividades más complejas del mundo y que involucra variables tanto sociales, como judiciales, políticas y de seguridad. No existe traficante de drogas que vea crecer su poder sin la inestimable asistencia (o invalorable omisión) de funcionarios, legisladores y magistrados.
No faltará quienes aduzcan que la propuesta delasotista en algo podría remitir a los "gallos" y la "medianoche": es la oportunidad lo que la ciudadanía mide en estos tiempos, en tanto la dirigencia política suele llegar ostensiblemente tarde a la escena del crimen. ¿Es la agenda política de un candidato lo que está en juego en este Proyecto de Ley? ¿O se trata, en rigor, de una iniciativa creíble y que persigue buenas intenciones? La respuesta de la política parece orientarse con exclusividad a la generación de comisiones, ministerios y secretarías para hacer frente a los problemas. Salvo contadísimas excepciones, solo se consigue incrementar el plantel estatal, con su perturbador y destructivo correlato en el aumento del gasto público y, por ende, de la corrupción estatal.
La Argentina de hoy debate acaloradamente sobre la "inseguridad", pero termina haciéndole el juego: proliferan jueces extremadamente permeables a la tendencia política del momento, policías corruptos que hacen su agosto desde el peaje y la extorsión, y dirigentes a quienes, con poco, se les puede endilgar la permanencia "detrás del telón" cuando del delito se trata. La idea del "Departamento Federal Antinarcóticos" bordea la eterna preocupación de los argentinos: ¿no se estará designando al lobo como cuidador del gallinero?
Aunque quizás sea necesario abandonar la perspicacia. En todo caso, la promoción del Proyecto de referencia representa, cuando menos, un primer paso en pos de la lucha contra una actividad deleznable, conocida por provocar estragos en el tejido social de cualquier nación. Sendero por el cual continuará transitando la Argentina, hasta tanto su dirigencia política no preste oído sincero al problema.
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@PortaluppiPablo
Sobre Pablo Portaluppi
Es Analista en Medios de Comunicación Social y Licenciado en Periodismo. Columnista político en El Ojo Digital, reside en la ciudad de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Su correo electrónico: pabloportaluppi01@gmail.com. Todos los artículos del autor, agrupados en éste link.