La mentalidad mafiosa en América Latina

Hana Fischer es analista política uruguaya.

 

Hace algunos años, se publicó un estudio sobre la mentalidad del "capo" mafioso, realizado por psiquiatras italianos. Se describen como intensamente antisociales, pues desprecian los valores ajenos, mientras alaban su propio "espíritu honorable, omnipotente, justo y necesario". Se reconocen por la forma en que ejercen el poder, y porque se especializan en manipular a los demás. La cultura mafiosa proviene de una realidad distorsionada, pero los capos y sus acólitos viven con cierta normalidad, y todas sus energías están concentradas en la misión asignada.

 

Ese tipo de comportamiento abunda en América Latina. La cordura y la mesura no son rasgos distintivos de las autoridades latinoamericanas, pero los actuales excesos alcanzan dimensiones que rayan en lo patológico.

 

Una muestra: el gobierno uruguayo se está enfrentando a una escalada de hostilidad de su par argentino. La Administración de Cristina Fernández de Kirchner hace todo lo que está a su alcance, ya sea en el área comercial, financiera o diplomática, para perjudicar al Uruguay.

 

Esta actitud de Cristina en particular, y la “patota” o pandilla Kirchner en general, no es novedosa. La sufren, en primer lugar, los propios argentinos. Y acrecienta su irracionalidad en épocas electorales. Ocurre hoy al igual que hace unos años. Para los uruguayos, es un “déjà vu”.

 

Hagamos un poco de historia: En el 2009, el ex presidente argentino Néstor Kirchner aspiraba a ser el presidente de la recientemente creada Unión Suramericana de Naciones (Unasur). Ese puesto le otorgaría inmunidad legal y, simultáneamente, jugosos ingresos. Algo que la pareja presidencial necesitaba urgentemente, dado que estaban empezando a surgir investigaciones judiciales en Argentina por posibles actos de corrupción.

 

Pero esa pretensión se vio frustrada por el voto negativo del Uruguay. El presidente uruguayo de aquel momento, Tabaré Vázquez, había expresado que mientras activistas argentinos siguieran cortando el acceso de bienes y personas por los puentes que unen sobre el río Uruguay a ambos países, se mantendría firme en su posición. Y la respuesta argentina fue un clima de hostigamiento en todos los frentes posibles, incluida una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por una supuesta contaminación de la aguas del río limítrofe. Además, los gobernantes argentinos pretendían que la planta de celulosa ubicada en ciudad Fray Bentos, zona fronteriza entre ambos países, fuera traslada a otro lugar más alejado. Y eso ocurrió “ayer”, al igual que está ocurriendo hoy.

 

Pero no pensemos que los gobernantes uruguayos actúan en forma muy diferente. Por el contrario, también en este país existen manifestaciones parecidas. Por ejemplo, varios especialistas y jueces han cuestionado la gestión que la Dirección General Impositiva (DGI) hace de las denuncias de fraude fiscal. Se señala que la DGI utiliza esa herramienta para amedrentar y escarmentar a los contribuyentes.

 

También existen numerosos interrogantes sobre cuál es el criterio utilizado para perseguir a unos, pero no a otros. Un caso que en el pasado causó mucha sorpresa fue el de Umissa, empresa que fabrica y exporta casas de materiales livianos a Venezuela, en el marco del "Fondo Artigas-Bolívar". Ese es un fideicomiso que fue creado, con el objetivo de profundizar los vínculos comerciales entre ambos países. Hay sospechas de que ese negocio fue la fachada para el lavado de dinero. El contacto principal era Guido Alejandro Antonini Wilson, el "hombre de la valija". El mismo que se hizo mundialmente famoso al intentar ingresar a Argentina 800.000 dólares provenientes del gobierno venezolano, durante la campaña electoral de 2007, en la cual Cristina Fernández fue electa presidente.

 

En palabras de un empresario: "llamó la atención porque uno ve que por montos mucho más bajos la DGI presentó denuncia penal y en este caso, tratándose de cifras millonarias, no lo hizo". Y las asociaciones de prensa denuncian que las inspecciones de la DGI se hacen para presionar y acallar a la prensa independiente.

 

Lamentablemente, esa mentalidad mafiosa se está extendiendo en la región.