Ley mordaza en Ecuador

Gabriela Calderón es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista del periódico El Universo (Ecuador).

 

Uno no puede vivir, ni mucho menos lograr el “buen vivir” sin pan. Para vivir en democracia, un ciudadano -amén de estar bien informado y de poder expresarse- debe estar bien alimentado, preferiblemente con un pan de buena calidad. Para asegurar esto, el derecho a la alimentación amparado en la Constitución no solo es el derecho a buscar la libre de la coerción de otros sino, últimamente, el derecho al pan concretamente. Y, como dicen, si un derecho no es declarado servicio público, este no sería más que una declaración de papel. Para ser consecuentes con esta corriente de pensamiento, el gobierno debería crear una ley para regular la industria del pan (y muchas otras), evitando que esta esté "al servicio del capital" y logrando que los panaderos y demás empresarios involucrados en ella tengan responsabilidad ulterior y coadyuvante desde sus actos.

 

Para empezar, se crearían panaderías públicas con los hornos más modernos de Latinoamérica, que harían el pan más nutritivo que se le pueda imaginar al gobierno. Si, más tarde, estas panaderías generan pérdidas porque a la gente resulta que prefiere pagar por otro tipo de pan, poco interesa. Tendrán el dinero de todos los ecuatorianos (vía impuestos y petróleo) para regalarlo y seguir operando las "Panaderías del Buen Vivir".

 

El problema es que los irresponsables panaderos y molineros al servicio del capital -en su afán de lucrar- seguirán ofreciendo lo que a la gente le gusta. Para eso se crearía una Ley Orgánica del Pan (porque el pan más concordante con el buen vivir es aquel producido con trigo totalmente orgánico, por supuesto). Esta ley crearía un Consejo de Regulación del Pan y una Superintendencia del Pan. Además, exigiría que cada panadería y molino tenga en su lugar de trabajo un "Defensor del Consumidor de Pan" designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo destacado por su independencia del Ejecutivo (¿?).

 

La ley también requeriría que no solo todos tengamos acceso al pan sino que todos los que tienen vocación de molineros y panaderos lo logren. De manera que la legislación exigiría que, al menos, un 80% del trigo utilizado para hacer pan en el país sea cultivado en el Ecuador, desalentando así la importación de trigo más barato de otros países. Además, se promovería el talento y la cultura nacional, exigiendo que al menos un 50% de los panes vendidos en las panaderías sean autóctonos. Esto, a su vez, desalentaría la producción de croissants, donuts, y cualquier otra amenaza a la cultura nacional del pan.

 

Absurdo, ¿no es así? Afortunadamente, no hemos llegado a esos extremos en la industria del pan. Lamentablemente, ya lo hicimos con la industria de la comunicación. No debería sorprender que, luego de un ataque sistemático contra los medios de comunicación privados durante más de siete años -coronados con una ley tremendamente punitiva y sesgada en contra del periodismo independiente-, el negocio de la comunicación dejara de ser atractivo y asistamos a un pluralismo en descenso en la prensa ecuatoriana. Tampoco debería sorprender que los espacios para opinar libremente se vean reducidos ahora que el gobierno, mediante esta ley, ha descentralizado la censura previa, con aquello de la "responsabilidad solidaria de los medios de comunicación".

 

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 19 de julio de 2013.

 

Referencias

 

1 Jurado Vargas, Romel Gustavo. "Comunicación: derecho y servicio público". El Universo. 11 de julio de 2013.