Obama y la transparencia en la Operación "Rápido y Furioso"

El presidente Obama se acogió al  privilegio ejecutivo para impedir una mayor supervisión por parte del Congreso sobre la Operación Rápido y Furioso del Departamento de Justicia (DOJ) el mismo día que este se lamentaba de la supuesta falta de transparencia entre algunas entidades conservadoras sin ánimo de lucro.

Jim Messina, el director de la campaña de 2012 de Obama, promocionó en la página web de la campaña las iniciativas para conseguir que la Crossroads GPS (Estrategia para Política de Bases), un súper PAC (Conferencia de Acción Política) conservador, revelase los nombres de sus donantes. Pero mientras Messina estaba explotando el tema de la transparencia política, el mismísimo Obama estaba asegurando que haya opacidad en uno de los más controvertidos programas de su Departamento de Justicia.

En la mañana del miércoles, el presidente optó por poner trabas a las iniciativas del Comité de Reformas del Gobierno y Supervisión de la Cámara de Representantes para obtener documentos relacionados con la Operación Rápido y Furioso, que facilitó el transporte de miles de armas de fuego a través de la frontera sur, donde fueron traspasadas a los cárteles de la droga mexicanos con el conocimiento previo de algunos altos cargos del DOJ.

Algunos miembros del comité se quedaron perplejos. “Es una total conmoción”, comentó el presidente del Comité Darrell Issa (R-CA). “¿Cómo es que se pudo establecer privilegio ejecutivo ahora cuando ni siquiera se había planteado en los últimos 18 meses y tampoco se hizo anoche?”

Este movimiento de última hora “implica que los altos cargos de la Casa Blanca o bien estaban involucrados en la Operación Rápido y Furioso o bien en el encubrimiento que la siguió”, comentó Brendan Buck, un vocero del presidente de la Cámara de Representantes John Boehner (R-OH), “La administración siempre ha insistido en que ese no era el caso. ¿Estaban mintiendo o están ahora retorciendo la ley para ocultar la verdad?”

El analista de la Fundación Heritage Todd Gaziano observó el miércoles que “en absoluto se puede acoger al privilegio ejecutivo si el propósito es defender una mala conducta”, según la sentencia de la Corte Suprema en el caso Estados Unidos vs. Nixon.

“Existen razones para sospechar que este podría ser el caso del encubrimiento de Rápido y Furioso, así como la iniciativa de poner trabas”, añade Gaziano. “El Congreso necesita llegar al fondo de la cuestión para impedir un acogimiento ilegal al privilegio ejecutivo y posteriores abusos de poder”.

El mismo Obama acusó a la administración Bush de “intentar ocultarse detrás del privilegio ejecutivo cada vez que algo dudoso está teniendo lugar” durante una entrevista en 2007.

“El mero hecho de que se tenga el poder legal para mantener algo en secreto no significa que se deba utilizar”, afirmó posteriormente Obama un día después de asumir la presidencia.

Pero sí que lo utilizó. Aunque el uso del privilegio ejecutivo no es algo nuevo, la forma de utilizarlo a la vez que se está pidiendo transparencia política ese mismo día, no otorga precisamente un aire de sinceridad a ninguna de las iniciativas.

De hecho, por mucho que parezca que Obama ha cambiado radicalmente su posición sobre el privilegio ejecutivo, la petición de Messina para la revelación de los donantes del súper PAC excluía de manera llamativa los nombres de cualquier tipo de grupo que favorezca la reelección del presidente. Y además, el presidente ha permitido al menos a cuatro de sus secretarios de gabinete que acudan a eventos de tipo súper PAC para la recaudación de fondos, incluso después de etiquetar a dichos grupos como una “amenaza para la democracia”.

La versión en inglés de este artículo está en Heritage.org.

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