España: más allá del corto plazo

Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket International Consulting en Madrid, España y académico asociado del Cato Institute.

Es vital tener en cuenta ese objetivo meta económico para dar coherencia a las medidas que se pongan en marcha y para evitar incurrir en inconsistencias. La reducción del binomio deuda-déficit, las reformas estructurales, el saneamiento del sistema financiero etc. han de anclarse en una visión de que tipo de economía y sociedad se desea. Los problemas urgentes no pueden eludir una decisión fundamental, la optar por un modelo con una fuerte presencia del Estado en la economía y en la sociedad o por otro basado en un gobierno limitado que deja el mayor espacio posible a la iniciativa privada.

Esa elección es fundamental porque, ceteris paribus, la consolidación fiscal e incluso la consecución del equilibrio presupuestario no exigen que el gasto público total y los impuestos, en términos absolutos o en su participación en el PIB mantengan un nivel predeterminado. Es posible mantener las cuentas públicas en equilibrio e incluso en superávit con unos niveles de gasto público o de impuestos muy elevado. Así pues, la cuestión esencial no es la introducción de normas o reglas fiscales que conduzcan a la estabilidad financiera del Estado, extremo importante sin duda, sino las funciones asignadas al sector público, esto es, la determinación del peso que se quiere conceder al gobierno en la economía. No es lo mismo un equilibrio presupuestario con tasas de gasto y de impuestos, por ejemplo, del 50 por 100 del PIB que del 25 por 100.

Desde esta perspectiva, el programa de ajuste fiscal del gabinete Rajoy ha de tener como meta no sólo estabilizar las finanzas públicas, tema imprescindible, sino reducir de manera sustancial el papel del sector público en la actividad económica. Este criterio se asienta en dos axiomas básicos: primero, un Estado pequeño centrado en la provisión de bienes públicos puros —seguridad interna y externa—, garante de los derechos de propiedad y del cumplimiento de los contratos y que proporcione una red mínima de seguridad para todas aquellas personas incapaces de obtenerla en el mercado amplía la esfera de libertad individual y además genera tasas de crecimiento y de bienestar superiores a las ofrecidas por sus alternativas.

En este contexto, la agenda gubernamental tiene un amplio campo de actuación. En España se ha construido un modelo de Estado ineficiente y costoso que realiza muchas actividades que podrían ser desempeñadas a menor coste y con mayor o igual calidad por el sector privado y, sin embargo, no es capaz de asegurar aquellas otras en las cuales goza de una ventaja competitiva y que además son fundamentales para el buen funcionamiento de la economía. Estas “ineficiencias” serían desdeñables si no se hubiesen convertido en un fenómeno generalizado.

Sin embargo se ha creado un Estado tentacular —central, autonómico, local— que derrocha el dinero de los contribuyentes y, a través, de un sinfín de empresas públicas, regulaciones, exceso de burocracia etc. estrangula la iniciativa privada, absorbe una cantidad ingente de recursos, lastra el crecimiento y, finalmente, ha conducido a una crisis fiscal. Por otra parte, ese adelgazamiento del Estado es esencial para legitimar la subida de impuestos recientemente acordada por el gabinete. No es aceptable exigir a los individuos un esfuerzo fiscal sin que el Estado se abroche el cinturón. En ese sentido, el margen de actuación es muy amplio.

Mientras la justicia es lenta, la resolución de una causa mercantil puede dilatarse durante años, y los trámites para poner en marcha una compañía privada son de los más largos y costosos de la OCDE existen casi 3.000 empresas y entes públicos, la mayoría de las cuales pierden dinero, carecen de justificación económico-financiera, sólo han servido para generar una descomunal deuda y para crear clientelas políticas. Hay que cerrarlas. El número de empleados públicos, según los últimos datos disponibles, asciende a 2.680.219, un 14,5 por 100 de la población ocupada. De ellos, el 39,3 por 100 no son funcionarios. Hay que reducir el volumen de empleo público. Las muestras podrían ampliarse hasta casi el infinito... El gran-débil Estado que tenemos es financieramente insostenible y, aunque no lo fuese, es un agujero negro de ineficiencias.

Por otra parte, el denominado gasto social se ha convertido en un gigantesco mecanismo de transferencias de rentas entre las clases medias en lugar de concentrar sus esfuerzos en las personas que no podrían acceder a servicios básicos, sanidad o educación, por sus propios medios. La tesis de su “gratuidad” es falsa porque el coste de esos programas los pagan los contribuyentes con sus impuestos y una parte de estos recursos se pierden en un aparato administrativo costoso y, de nuevo, ineficiente. En términos agregados y descontado el gasto farmacéutico, el coste pér cápita medio de la sanidad pública es de 1.040 euros/año frente a un coste per cápita medio de 720 euros/año de una poliza sanitaria en el sector privado con una cartera similar de servicios. Por su parte, el coste per cápita en educación pública es de 5.700 niño/año en la enseñanza obligatoria frente a 4.500 en la privada. ¿Quién dijo que la educación y la sanidad privadas son un privilegio para los ricos? En suma existe un campo muy amplio y sugerente para introducir reformas y ahorrar costes en la prestación de servicios sanitarios y educativos.

El Partido Popular (PP) tiene la capacidad para emprender una profunda reforma social y económica que fomente el crecimiento de la economía y libere las energías asfixiadas en gran parte por un aparato estatal, en el sentido amplio, obsoleto y ruinoso. Es posible y deseable avanzar hacia una economía abierta y competitiva que reduzca el papel del Estado a sus funciones básicas y cubra a aquellos incapaces de valerse por si mismos. Esto requiere coraje pero también imaginación.