La competitividad de la Argentina del 2011
La Señora Presidente, al ser investida nuevamente para un segundo mandato el 10 de diciembre pasado, se refirió a la creación de una Subsecretaría de la Competitividad, poniendo de manifiesto la importancia que reviste el tema para su gobierno (“…es el gran desafío que vamos a tener en esta etapa que viene: mejorar la competitividad…”).
Pablo Guido es Dorctor en Economía, profesor de economía en la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala) y Director Académico de la Fundación Progreso y Libertad.
Según el Reporte Global de Competitividad, publicado anualmente por el Foro Económico Mundial (WEF, sus siglas en inglés), la competitividad es “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. En el libro The Power of Productivity, William Lewis define a la productividad como “…la relación del valor de los bienes y servicios que los consumidores proveen y el monto de tiempo trabajado y capital usado para producir dichos bienes y servicios. Si una empresa produce más bienes y servicios por el mismo esfuerzo o si produce la misma cantidad de bienes y servicios con mejor esfuerzo, su rentabilidad se incrementa”. Simplificando, podríamos afirmar que una empresa competitiva es una empresa que ha logrado alcanzar, mediante un proceso de mejora de su productividad, un nivel de rentabilidad que le permite mantenerse en el mercado.
¿Cuál es la situación del país en lo que respecta a la competitividad? Según el Foro Económico Mundial (WEF) la Argentina, entre un ranking de competitividad global de 142 países, ocupa la posición 85. Los países latinoamericanos mejor posicionados son Chile (31), Panamá (49), Brasil (53), México (58), Uruguay (63), Perú (67) y Colombia (68). Los países más competitivos del planeta son Suiza, Singapur, Suecia, Finlandia, EE.UU., Alemania, Holanda, Dinamarca, Japón y Reino Unido. Ninguno de estos países tiene un ingreso per cápita menor a los $50.000 anuales, quintuplicando el nivel argentino que apenas llega a los $10.600 para este año 2011. Según el reporte del WEF, la Argentina está peor calificada (por debajo del puesto 100) en derechos de propiedad, independencia de la justicia, favoritismo político, despilfarro del gasto público, en ciertos aspectos de la infraestructura, en la evolución de la inflación, en las regulaciones a los mercados de bienes y servicios, la carga tributaria, las barreras comerciales a las exportaciones e importaciones, las regulaciones y costos de los mercados laborales y financieros, entre los factores más relevantes.
Otro informe, Haciendo Negocios, que publica anualmente el Banco Mundial, mide la facilidad de hacer negocios que tienen los empresarios en un país. Los variables relevadas por el Banco Mundial son la apertura de una empresa, el registro de propiedades, obtención de créditos, protección de inversores, cumplimiento de contratos, pago de impuestos, comercio internacional y resolución de la insolvencia, entre las más importantes. En definitiva se miden y analizan las regulaciones que tiene que enfrentar un emprendedor para iniciar, permanecer y salirse de un negocio. Entre una muestra total de 183 países la Argentina se ubica en el puesto 113. Los países de menores trabas al emprendedor son Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, EE.UU., Dinamarca, Noruega, Reino Unido y Corea del Sur. De nuevo, son países cuyos habitantes alcanzan niveles de ingresos de los más elevados del planeta. Los países latinoamericanos mejor ubicados son Chile (39), Perú (41), Colombia (42), México (53), Panamá (61) y Uruguay (90). La Argentina sufre peores calificaciones en lo que respecta a las regulaciones para iniciar un negocio (cantidad y costos de trámites, días de demora, requisitos mínimos de capital), el registro de la propiedad (procedimientos para transferir un título de propiedad, el tiempo y el costo de cada procedimiento), la protección al inversor (divulgación y responsabilidad en transacciones entre partes vinculadas), el pago de impuestos (pagos, tiempo y tasa de impuesto total) y el comercio internacional (documentos, tiempo y costos).
Por lo tanto, a través de estas dos mediciones podemos observar aproximadamente cuáles son las dificultades que enfrenta un empresario en Argentina. Tanto desde el punto de vista del contexto institucional macro (derechos de propiedad, infraestructura, gasto público, etc.) y las regulaciones que a nivel microeconómico impactan también sobre la empresa. Ambas áreas, el contexto institucional y las regulaciones a nivel empresarial y/o sectorial, son tomadas en cuenta al momento de tomar decisiones en términos de inversiones para una empresa que ya se encuentra instalada o para los que están pensando en ingresar al mercado.
El reporte del Foro Económico Mundial así se refiere a la situación argentina, en términos de competitividad: “El extraordinario potencial competitivo del país…se mantiene sin cumplir por una falta de confianza en sus instituciones y en las grandes ineficiencias en la asignación de sus bienes, como así también en los mercados laborales y financieros”. Quizás la preocupación de muchos emprendedores argentinos no sólo resida en la falta de respuesta de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales en términos de “hacerle la vida” menos difícil a las empresas sino fundamentalmente en la definición que la presidenta hizo de lo que había que hacer en términos de mejora de la competitividad: “…no puede haber reglas generales para todas las empresas ni para todos los empresarios…vamos a ir empresario por empresa, actividad por actividad”. No observamos en esta definición un objetivo de reducir o simplificar todas aquellas regulaciones, costos, trámites que el Estado les genera a los emprendedores privados para de esa manera tener más incentivos a invertir en el país y mejorar así la productividad y competitividad. Lo que se intuye es que los funcionarios a cargo del área de competitividad seguirán actuando de manera discrecional y arbitraria, sin aplicar la necesaria igualdad ante las leyes por parte de los empresarios ni del imperio de la ley por encima de la persona que circunstancialmente ocupe un cargo público. La percepción que generan las palabras presidenciales, para la mayoría de los empresarios del país, es que la competitividad de las empresas argentinas se “resolverá” mediante controles de precios y costos (“…la competitividad exigirá que examinemos en forma conjunta utilidades y rentabilidades..."). No es una manera eficaz de atraer las inversiones que esta etapa de la economía argentina demanda.