Días negros para la democracia en Nicaragua
Con su victoria en las elecciones del 6 de noviembre, Daniel Ortega se aseguró su tercer mandato presidencial en Nicaragua. Aunque nadie puede negar la popularidad del líder, en gran parte gracias a la ayuda de la Venezuela de Hugo Chávez, la legitimidad de su cargo ha sido puesta en duda debido a las circunstancias que rodearon su victoria y porque la Constitución nicaragüense permite a los presidentes servir solamente dos mandatos...
Con su victoria en las elecciones del 6 de noviembre, Daniel Ortega se aseguró su tercer mandato presidencial en Nicaragua. Aunque nadie puede negar la popularidad del líder, en gran parte gracias a la ayuda de la Venezuela de Hugo Chávez, la legitimidad de su cargo ha sido puesta en duda debido a las circunstancias que rodearon su victoria y porque la Constitución nicaragüense permite a los presidentes servir solamente dos mandatos.
Debido a la preocupación por la validez de las recientes elecciones, los miembros de ambos lados del espectro político del Congreso de Estados Unidos han pedido un análisis más detenido del proceso político, que se vio empañado por numerosas denuncias de fraude así como de otras irregularidades. Los informes indican que se les negó la entrada a los observadores a ciertos puestos electorales para supervisar la votación y que probablemente los nicaragüenses que apoyaban a la oposición tuvieron problemas para obtener el documento de identidad necesario para votar.
En respuesta a las deficientes votaciones, el senador Marco Rubio (R-FL) y el senador Robert Menéndez (D-NJ) han presentado una resolución para “hacer ver el deterioro del orden constitucional en Nicaragua”. El documento señala que numerosas organizaciones, incluyendo al Departamento de Estado de Estados Unidos, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y la Misión de Acompañamiento Electoral de la Organización de Estados Americanos, reconocieron la falta de transparencia en el procedimiento, dando lugar a dudas sobre la legitimidad de estas elecciones.
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes también ha celebrado una reciente audiencia para investigar esta situación titulada Democracia secuestrada en Nicaragua: Parte I, durante la cual el embajador Jaime Daremblum habló de la necesidad de que la comunidad internacional se levante en contra de este atentado a la democracia en Nicaragua. Afirmó que “al manipular las elecciones, pisotear la Constitución, perseguir a sus opositores políticos e intimidar a los periodistas, [Ortega] ha sentado las bases para otra dictadura sandinista”.
Además testificó en la audiencia el embajador Robert Callahan que se hizo eco de las preocupaciones de Daremblum, diciendo que “la candidatura de Daniel Ortega era ilegal, ilegítima e inconstitucional”. El embajador señaló que lo más revelador es que “los resultados publicados muestran que los nicaragüenses emitieron más de 100,000 votos por candidatos a la Asamblea que por la presidencia, a pesar de que todos los candidatos aparecían en la misma papeleta …. Parecería muy extraño que mucha más gente vote por los legisladores que para un presidente en los mismos comicios”.
Aunque Ortega goce de gran popularidad en Nicaragua, debido en su mayoría a políticas tales como dádivas del gobierno para los pobres, su negativa a respetar la Constitución del país y el haber recurrido a pisotear el proceso electoral es una reminiscencia de las prácticas asociadas con la dictadura de la familia Somoza. Para impedir que Nicaragua vaya por este camino, la comunidad internacional debe presionar a Ortega para que instituya reformas que restablezcan la transparencia, cree un consejo electoral independiente y no partidista, preserve los límites de los mandatos y fortalezca la sociedad civil.