Cártel de pollos en Chile: el consumidor, el lado más perjudicado de la moneda

Son las 12 del día, y Bernardita Velozo reparte su primer pedido: “Llevo cuatro años vendiendo pollos a domicilio a dueñas de casas. Le compro a un proveedor de Ariztía y Super Pollo. Cuando comencé a vender, me di cuenta que eran los mejores productos y que el precio era accesible para mí y mis clientas. Podía hacer un buen negocio”.

Y es que en Chile, el pollo no sólo es un alimento apetecido por muchos, sino que es la carne más barata en el mercado y su producción genera millones para las empresas que lo venden, por lo que varios microempresarios ven en la venta de este alimento una oportunidad para generar ganancias e ingresos.

De la misma forma que Bernardita, Gisella Allister, empresaria, sabe lo que la venta de pollo puede generar: “Yo tengo un minimarket con mi hijo en Irarrázaval. Por supuesto, tenemos varías cosas, entre ellas carnes rojas, además de fiambrería y quesos, y te puedo asegurar que uno de los productos que más consume la gente es el pollo. Es rico y económico, por lo que las personas compran bastante”.

Según un estudio publicado en la página de la Asociación de Productores Avícolas de Chile (www.apa.cl) durante el 2010 el consumo de pollo en Chile aumentó un 9%, liderando el consumo de cualquier tipo de carne en el país.

Bernardita cree que ésta fue una de las razones por la cual durante el último año subieron el precio de los productos que ella compraba. “Los precios aumentaron, poco pero aumentaron, lo que significó un reajuste en los precios en los que yo revendía el producto”. Sin embargo, este no fue el único cambio que afectó a Bernardita: “Comencé a notar algo extraño. No sólo en los precios, sino que también en el sabor de este alimento. Varias clientas, cuando las llamaba, me comentaban si es que acaso había cambiado la marca de los pollos o algo, porque la calidad ya no era la misma”, dice.

Cuando Bernardita llamó a su proveedor para comunicarle el cambio que había notado, la respuesta no la dejó conforme: “Me dijeron que harían una prueba. A la semana cuando volví a consultar, me dijeron que no habían notado ningún cambio y que el producto era el mismo. Sin embargo yo y mis clientas no pensamos igual. Pero lo peor es que mi clientela bajó por lo menos un 30%, no por el alza de precios sino porque el feedback que recibí fue que el producto no estaba bueno”.

Nunca supo en qué consistió la “prueba”, pero obligada a mantener su negocio siguió abasteciéndose y vendiendo los productos a las dueñas de casas que seguían consumiendo.


Las consecuencias de los actos y el castigo

Cuando se determina que efectivamente podría existir una colusión entre las empresas de un mismo rubro, no sólo el mercado se ve afectado económicamente, sino que los estándares de calidad cambian. Es un hecho, y no hay competencia para comparar los productos.

Un economista del Banco Estado -quien reserva su nombre dado que la institución no permite a sus empleados dar entrevistas-, al ser consultado respecto de cómo se ve afectado el tema de la calidad de las producciones cuando existe colusión, explica: “Si la producción se concentra en tres empresas grandes, es más fácil el monitoreo por parte de las autoridades de salud, en contraposición a si es que en el mercado hubiesen miles de productores de pollo que son mucho más difíciles de fiscalizar y pueden tener tecnologías en la producción peores. Pero, por otra parte, al haber competencia, evitas medidas como inflar los pollos con agua para aumentar el peso o cosas así, que disminuyen claramente la calidad del producto”.

Gisella no notó un cambio en la calidad, pero sí en el precio. “Cuando te suben el precio de un producto, no te queda otra que subirlo, tienes que generar ganancias si o si con las ventas. Y da rabia porque siempre es la gente la que se ve perjudicada. Los políticos se llenan los bolsillos y los empresarios roban más que los presos en la cárcel de Colina 1”.

Actualmente, en Chile no existe un castigo de cárcel para aquellos empresarios que lleven acabo una colusión. Las sanciones o multas son la condena que deben pagar las empresas a las que se les atribuye este delito.

Ricardo Jugmann, Director Ejecutivo del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica, sostiene: “Hace unos años atrás (en Chile), las sanciones eran bastantes bajas, hoy día pueden llegar a 22 millones de dólares. Las multas, a veces tienen un mínimo y un máximo, pero en la Unión Europea, en Brasil o en otros países, la sanción se establece en relación a lo que vende la empresa, entonces se aplica un porcentaje sobre la venta de esta y de esa manera te aseguras, que realmente, le pegas muy fuerte aquella empresa que infrinja la libre competencia”.

Para Bernardita, esta medida no es suficiente: “Si me preguntas por el castigo que les daría aquellos que comenten estas faltas, te diría cárcel, porque pagar es fácil. Los dueños tienen plata y los medios necesarios para cubrir la multa que la fiscalía o la justicia determinen necesaria, y una vez pagada, nada los priva de volver hacer lo mismo. Un freno más potente creo que sería lo único que puede generar un real cambio en esta práctica. Porque ellos se siguen llenando los bolsillos y nosotros nada”.


La opinión pública

Que los precios suben, que la calidad es mala, que los empresarios se ríen de los chilenos, que siempre pasa lo mismo en nuestro país, son sólo algunos de los reclamos que se han dejado ver en las redes sociales.

Luego del escándalo de la colusión de precios de 3 grandes farmacias el 2010, los chilenos se exhiben intolerantes ante estos hechos de abuso de poder por parte de las empresas.

Ya este año hubo que enfrentar la situación alusiva a las repactaciones de deuda por parte de la multitienda La Polar S.A., como así también el alza de la bencina y los pasajes del transporte público, la lucha por una educación más digna, entre otros.

El tema se dio a conocer en los medio de comunicación durante los primeros días de diciembre y rápidamente se expandió por la redes sociales, donde las personas comunes y corrientes pudieron dar abiertamente su opinión respecto a lo declarado por la Fiscalía Nacional Económica. Y es que el "Cartel de los Pollos" generó un desconcierto nacional.

En el informe mostrado por los medios el Fiscal Nacional Sabas Chahuán presentó una investigación preliminar del Ministerio Público para aclarecer la supuesta colusión de precios entre Súper Pollo, Ariztia y Agrosuper, las tres más importantes cadenas de producción de pollo a nivel nacional.

Las empresas aludidas sostuvieron, por separado, que se encuentran sorprendidos por los dichos de la Fiscalía. Agrosuper declaró: “Como empresa nos sorprende este requerimiento ya que operamos en un mercado extremadamente abierto y competitivo (…) Lamentamos la incorrecta interpretación que hace la fiscalía de las legítimas actividades de APA”.

Por su parte Aristia y Súper Pollo no han dado una declaración oficial sobre lo sucedido.

Gisella, a pesar de que las acusaciones hasta el momento son solo especulaciones, no confía en el actuar de los empresarios y pide al gobierno tener mano dura en asuntos de políticas económicas, ya que son los chilenos con menos ingresos los que se ven afectados “Es fácil decir que harán algo, que darán castigo, sanciones, etc, pero hasta el momento nada. Paso con las farmacias y nadie hizo nada, no sé si ahora tomaran cartas en el asunto”.

Ricardo Jugmann explica que varios factores dependen de un cambio en las legislaciones: “En estos casos, hay mucha reacción política, estos temas son muy sensibles para la gobernación. Pero el sistema que tenemos en Chile ha sido bien reconocido a nivel mundial. El hecho de tener autoridades que son autónomas, que depende del gobierno de turno, ha sido bastante bien recogido. Ahora, eso no quita que tú no puedas mejorar el sistema. Por ejemplo, mejorar el tema de sanciones o multas que existen en Chile es una fórmula; igualmente hay que estudiar si no es necesario, por ejemplo, reponer la pena de cárcel. En fin, acelerar los plazos de investigación de la Fiscalía Nacional Económica".


Y ahora, ¿quién podrá salvarnos?

Los primeros perjudicados son los micro empresarios, aquellas personas que trabajan directamente en el mercado de los pollos, donde su clientela disminuye considerablemente de una día para otro. Nadie los ayuda monetariamente, ni les entrega una explicación, ni mucho menos unas disculpas. “Fuera tongo esto o no de los pollos, ninguna autoridad se ha acercado para darnos una explicación. Los clientes se desquitan con nosotros. Imagínese que el otro día una señora que vive en Las Condes, cuando le fui a dejar su pedido, me dijo que sería la última vez que me iba a comprar porque ya no se sentía a gusto con la calidad del pollo. Me sentí pasada a llevar y culpable, aunque sé que no es mi culpa”, cuenta Bernardita.

Ricardo Jugmann explica que las autoridades toman medidas “El sistema que tenemos en Chile ha sido bien reconocido a nivel mundial. El hecho de tener autoridades que son autónomas, que depende del gobierno de turno, ha sido bastante bien recogido. Ahora, eso no quita que tú no puedas mejorar el sistema”.

Una mejora, eso es lo que exigen persona como Bernardita y Gisella, que desde el otro lado de la vereda se trasforman en las victimas que más sufren con estas medidas. Ya que no son los empresarios, los que tienen que pagar las multas los que peor lo pasan, sino que son las personas comunes y corrientes, verdaderos emprendedores, que ven afectados sus negocios y su economía por culpa de empresarios que llenan sus bolsillos a cuesta de su esfuerzo y sacrificio.


Por Fiona Bonati y María Jesús Galleguillos
Facultad de Comunicación y Letras - Escuela de Periodismo
Universidad Diego Portales
e-Mail: bonati.fiona@gmail.com