El espejismo del Producto Bruto Interno

Manuel Suárez-Mier es Profesor de Economía de American University en Washington, D.C.

Varios de mis amables lectores me hicieron algunas observaciones sobre mi artículo de la semana pasada en el que intenté resumir los puntos centrales de las presentaciones que hizo Enrique Peña Nieto en su reciente visita a EE.UU.

Por lo que se refiere a su propuesta de adoptar un plan de seguridad social universal y desvinculado de la situación laboral de los beneficiados, financiado con impuestos genéricos y no con gravámenes sobre la nómina como hoy sucede con las contribuciones de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), los incentivos respecto a la creación de empleo formal son contradictorios.

Por una parte, el costo de generar nuevas fuentes de trabajo en el sector formal disminuye al eliminarse los impuestos sobre las nóminas, lo que actúa como un incentivo para tener una más dinámica creación de trabajos en el sector formal de la economía.

Sin embargo, extender la cobertura de la seguridad social a todos los mexicanos por el sólo hecho de serlo, representaría un incentivo contrario a la creación de empleos en el sector formal de la economía pues ya no sería necesario tener un trabajo en él para acceder a tales prestaciones. No queda claro de antemano cuál de estos incentivos contrarios dominaría.

La objeción de fondo a ésta y otras propuestas de Peña Nieto de hacer efectivos los derechos que la Constitución otorga a los ciudadanos y que siempre han sido letra muerta, es la del descomunal costo fiscal que tendría, pues un cálculo grueso sugiere que sería necesario recaudar un 20% del PIB adicional.

En un país en el que ha sido imposible eliminar unas excepciones al IVA que disminuyen notablemente su eficacia recaudatoria, y dónde aumentar uno o dos puntos porcentuales en su tasa ha enfrentado dificultades enormes, me parece poco probable que se pueda generar una recaudación adicional de más del doble de lo que se cobra en impuestos hoy, alrededor de 12% del PIB.

La primera prioridad del decálogo de Peña Nieto, preservar la estabilidad macroeconómica que realmente ha sido el logro más notable que ha alcanzado la economía mexicana en los últimos quince años, fue objeto de alabanzas de una fuente insólita, el Fondo Monetario Internacional.

Resulta que por primera vez desde la creación de esa organización multilateral, el FMI pidió recursos a los países latinoamericanos que visitó —además de México, Perú y Brasil— y puso como el ejemplo a seguir en Europa la envidiable situación de las finanzas públicas de nuestros países.

Como es evidente que los recursos con los que cuenta el FMI no son suficientes para contrarrestar la crisis financiera de la zona del euro, que enfrentará la próxima semana momentos definitorios, la institución está tratando de ampliar el capital a su disposición recurriendo a países que cuentan con abundantes reservas de divisas, empezando por China.

Sin embargo, no es probable que tales naciones estén dispuestas a ampliar sus contribuciones al FMI en las actuales circunstancias en las que el control efectivo de la institución está en manos de EE.UU. y los países europeos, que son los que tienen problemas de endeudamiento excesivo que amenazan al mundo.

La única forma en la que el euro se puede salvar es si los dirigentes europeos anuncian en su próxima reunión en la cumbre del jueves y viernes próximos, que el Banco Central Europeo (BCE) está dispuesto a comprar cantidades ilimitadas de los instrumentos de deuda de sus países miembros.

A cambio de ello, los alemanes demandarán una unión fiscal que permita a una autoridad central manejar las finanzas públicas de la región, lo que representaría una pérdida de soberanía no prevista en los tratados que le dieron vida a la Unión Europea y a su zona monetaria común.

El tercer ingrediente indispensable para asegurar la sobrevivencia del euro, es la posibilidad de emitir bonos europeos de deuda plenamente respaldados por Alemania, la potencia económica indiscutible del área, y por el BCE, lo que tampoco está previsto en los arreglos institucionales vigentes.

Sin embargo, la modificación de tales leyes e instituciones demanda del voto popular de los países involucrados, los 17 miembros del euro, pero también los 27 integrantes de la UE, lo que enfrenta frontalmente los caros principios democráticos de Europa con la posibilidad técnica de salvar el euro y la Unión.

Como lo dijo Milton Friedman en un debate que sostuvo con Robert Mundell, el padre del euro, hace una década, “el verdadero talón de Aquiles (del euro) probará ser político; un sistema en el que las fronteras políticas y monetarias no son las mismas, será necesariamente inestable”.