Argentina: deterioro institucional

Martín Krause es Académico Asociado del Cato Institute y Profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Cristina Fernández de Kirchner inicia este 10 de diciembre su segundo mandato. Al inicio del primero señaló su compromiso por mejorar las instituciones. En el discurso de investidura del 10 de diciembre de 2007 decía: “Pero quiero en esta tarde y en este lugar en el que estuve tantos años, reflexionar con ustedes acerca de lo que para mí son los cuatro capítulos fundamentales de este proceso que hemos iniciado el 25 de mayo de 2003 y que tiene en las instituciones, en la sociedad, en un modelo económico de acumulación con matriz diversificada e inclusión social y en nuestra inserción en el mundo, los cuatro ítems fundamentales: las instituciones”.

Luego de cuatro años, aparentemente es lo que el gobierno entiende que ha realizado. Así, por ejemplo, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, señalaba el pasado 11 de Octubre: “Si hay alguien que ha honrado las instituciones es Cristina Kirchner”.

Sin embargo, tal vez por su formación de abogada, la presidenta tiene una visión restringida del concepto de “instituciones”, refiriendo éstas solamente a los órganos del poder político de la Nación. Así, por ejemplo, en el mismo discurso se refería a éstos de la siguiente forma: “Y en esta tarea de reconstruir institucionalidad, sistema democrático constitucional, creo que también ambos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y también la Corte Suprema de Justicia, los tres poderes del Estado…”.

A lo sumo se hace referencia a otras “organizaciones”: “Creo también que no solo las instituciones del Estado en sus tres poderes deben abordar la reconstrucción de este nuestro país, creo que también otros estamentos de la sociedad, empresariales, dirigenciales, medios de comunicación deben saber que el hecho de no integrar el espacio público gubernamental, no los exime también de la tarea y de la responsabilidad que a cada uno de aquellos argentinos que tiene un poco más de poder, bastante más poder —diría yo— que el resto de los ciudadanos, tienen también obligación moral de construir un país distinto”.

Pero el concepto moderno de instituciones es diferente. Se trata del conjunto de normas, formales e informales, que permiten coordinar las acciones de los individuos en sociedad de forma tal que cada uno de ellos pueda intentar alcanzar aquellos objetivos que se haya planteado como fines. En este sentido, son tanto las normas dentro de las que funciona la política como los mercados.

Es que los individuos tienen dos caminos para satisfacer sus necesidades. Una de ellas es el mercado: ofrecemos ciertos bienes o servicios y con lo que recibimos compramos aquellas cosas que necesitamos. La otra es la política: algunos bienes y servicios los recibimos del Estado.  Para que tanto uno como otro funcionen correctamente se necesitan adecuados marcos institucionales.

En este sentido, las instituciones en la Argentina han sufrido un claro deterioro durante los últimos años. El Índice de Calidad Institucional (ICI) nos muestra a la Argentina en la posición 125º, sobre un total de 194 países, cayendo 32 posiciones desde el año 2007, como muestra el cuadro siguiente:

El indicador muestra que un 62% de los países del mundo obtiene una calificación superior a la Argentina en términos de calidad institucional. En las primeras posiciones de América Latina se encuentran Chile, Costa Rica y Uruguay. Argentina está cercana a Nicaragua, Paraguay, Bolivia y Ecuador. Las últimas posiciones son para Cuba, Haití y Venezuela.  Dentro de los componentes que forman este índice, las peores calificaciones se obtienen en el ámbito de la libertad económica, el funcionamiento de los mercados y la estabilidad monetaria. Luego sigue el Estado de Derecho.

Es comprensible; cuando un funcionario gubernamental decide según su criterio si se puede importar o no, cuando ordena acciones a empresas con meras amenazas telefónicas, cuando fija precios sin siquiera dictar resoluciones, entonces se deterioran al mismo tiempo la libertad económica y el estado de derecho. La discrecionalidad es el opuesto exacto de la institucionalidad.

Es también el opuesto a la seguridad jurídica, lo que impacta de lleno sobre las inversiones. Argentina era el país que más inversión extranjera recibiera en América Latina a fines del siglo XIX y principios del XX; durante el cual pasara a ocupar el tercer lugar detrás de Brasil y México. Ahora ocupa una pobre sexta posición detrás de esos países y también Chile, Colombia y Perú. Y si los inversores externos desechan a la Argentina como destino de sus inversiones, también es lo que hacen los locales: luego de varios años de gozar de una de las mayores bonanzas externas de la historia debido a los altos precios de los productos exportables, la salida de capitales es una constante.

El deterioro institucional tiene un costo elevado. No solamente económico, también en calidad de vida. Gracias a su desarrollo pasado, Argentina ocupó siempre el primer lugar en el Índice de Desarrollo Humano que elabora PNUD, integrado por variables relacionadas con la educación, la salud y el ingreso per cápita. Desde hace un par de años ese puesto lo ocupa Chile, país que antes de realizar sus grandes reformas se encontraba muy por detrás.

En definitiva, la calidad institucional es una promesa no cumplida y una materia prioritaria en el futuro argentino. Si ésta no mejora, la bonanza externa se va por el drenaje y la calidad de vida apenas mejora. El país se pierde una gran oportunidad y los argentinos cuentan con menos o peores oportunidades para alcanzar los objetivos pretendan conseguir.