SOCIEDAD: POR CARLOS ALBERTO MORAN HIDALGO

Señores magistrados, magistradas y funcionarios de la justicia argentina: las cosas, por su nombre

La absolución del ex presidente argentino Carlos Saúl Menem en la causa por la venta de armas a Croacia y Ecuador ha resucitado la vieja cuestión de la falta de credibilidad de la justicia en el país. La presente carta de lectores -publicada en 2009 en la web Tribuna de Periodistas-, a pesar de su antigüedad, mantiene su vigencia. A criterio de lograr, algún día, una depuración significativa del Poder Judicial en la República Argentina, es preciso poner en tela de juicio su eficacia, en forma recurrente. Sin Justicia, no existe Democracia.

15 de Septiembre de 2011

Señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Señores Ministros de los Tribunales Superiores Provinciales, Señores Jueces integrantes de las Cámaras de apelaciones de todos los fueros, Nacionales y Provinciales, Señores Jueces de las primeras instancias de los diferentes fueros Nacionales y Provinciales, Señores Secretarios Pro Secretarios, Señores Auxiliares;

Señor Procurador General de la Nación, Señores Procuradores Generales Provinciales Señores Fiscales Nacionales y Provinciales de Cámara todos los fueros Señores Fiscales;

Quien suscribe, Carlos Alberto Morán Hidalgo, argentino nativo de 60 años, en un intento desesperado por llamarlos a la reflexión, en la profunda convicción de estar expresando el sentimiento de una amplia mayoría de los argentinos (Casi el 90%) que ya no cree en la justicia de nuestro país. Quiero decirles que son ustedes popularmente considerados en desechable descalificación, como ostentando cobardía y corrupción, así como también son los principales responsables del estado calamitoso -en todos los sentidos- en el que se encuentra la Nación. Son igualmente responsables de la degradación de la sociedad argentina.

Está plenamente comprobado que, en la administración de justicia, todo se ha corrompido: no se trata ya de un juez o un fiscal; se trata de una corrupción estructural donde conviven corruptos activos con corruptos pasivos, pero todos corruptos al fin. Paso a explicar: cuando hablo de corruptos activos, me refiero concretamente a individuos como el ex juez Carlos Branca, a Angel Oscar Sala -integrante de la Sala "E" de la Cámara Nacional de apelaciones-, Javier Ríos, Federico Faggionato Márquez, el Juez Rogelio Massón, Juan José Galeano y Juan Mahdjoubian. Cuento también a Carlos María de la Cruz, el juez salteño José Antonio Solá Torino, el juez Eugenio Alsina -quien ahora se gana la vida como canillita en un puesto de diarios de la esquina de 7 y 42, en La Plata-. Cito al Juez de Instrucción Walter Moreno, Roberto Elio Gareca, Roberto Marquevich,  Guillermo Tiscornia, al Juez de Instrucción de Sáenz Peña (Chaco), a Daniel Freytes -Juez Federal de Reconquista, Santa Fe-, a Eduardo Fariz, ex juez federal de Tucumán, Felipe Federico Terán, al Juez de Instrucción de Esquel José O. Colabelli, a la Jueza de Menores platense Nilda Susana Villamonte, al juez penal de la Rioja Walther Sinesio Moreno, a los ministros de la Corte Suprema Nazareno, López, Vázquez y Moliné O’ Connor.

En Córdoba, el Fiscal de Corral de Bustos, Raúl Moll, el fiscal de Huinca Renancó, Juan Manuel Rocco Colazo, los ex fiscales federales Eamon Mullen y José Barbaccia, el fiscal federal de Reconquista Cristobal Cavanagh, el fiscal Alberto Camargo (Mza)... solo por nombrar algunos. Sin temor a exagerar, diría que puede escribirse un libro señalando a funcionarios corruptos del sistema judicial ya destituídos, y otros tantos tomos más para hacer referencia a funcionarios de la justicia que se encuentran vigentes, pero de los cuales no se puede hablar porque se encuentran protegidos por el entramado político-mafioso del sistema.

Cuales dioses del Olimpo, se perdonan entre corruptos, valga el ejemplo de aquel Senador que juró con un traje prestado. Tras dos mandatos, luego de ser sometido y absuelto en un juicio por enriquecimiento ilícito, vuelve a su provincia como terrateniente, exhibiendo una de las principales fortunas de su distrito (le dirían "cosa juzgada"). Este Senador, acompañado de un puñado de colegas todos ellos honorables -pero la mayoría sospechados de diferentes delitos-, aprovechando la conmoción del atentado de las “Torres Gemelas” (el día 12 de septiembre de 2001), eximieron de juicio político al Juez Federal Norberto Oyarbide. El mencionado, luego de más de dos años de licencia y con varias causas penales (todas ellas graves) en su contra sin resolver, sumadas a un escándalo de prostitución masculina y trata de personas -con una amoralidad más que evidenciada-, hoy nos imparte justicia, pagando su permanencia con favores a los políticos de turno. ¿Es acaso una coincidencia que las causas más polémicas sobre todo las de corrupción gubernamental se tramiten en su juzgado?

Me he referido hasta aquí a una pequeña porción de corruptos judiciales que fueron abandonados a su suerte por sus pares, los corruptos políticos a pesar de que, para éstos, es indispensable tener siempre una abundante reserva de sirvientes judiciales, que se hagan cargo de limpiar sus sucias trayectorias y diluir las responsabilidades de los propios delitos, de sus cómplices económicos y de sus “Fuerzas de Choque” que toman comisarías, municipios y legislaturas, en tanto rompen cabezas y delinquen libremente, con la protección del Poder Ejecutivo y la connivencia vital del Poder Judicial. Me refiero a esos mismos jueces quienes, para complacer a Néstor Kirchner en la aplicación de su justicia tuerta (venganza), no vacilan un instante en avasallar principios jurídicos elementales y universales, como lo son el juzgar dos veces por el mismo delito o aplicar garantías contenidas en los Tratados Internacionales que fueron incorporados a la Constitución en 1994. Siempre ignorando, ex profeso, el principio de irretroactividad de la Ley Penal más grave, o de retroactividad de la Ley Penal más benigna, que es un principio fundamental del derecho penal liberal, y que impide se juzgue en base a leyes dictadas con posterioridad al hecho. La totalidad de estas aberraciones jurídicas sólo se pueden llevar a cabo contando con la complicidad de una justicia corrupta y servil.

¿Acaso tomarán conciencia algún día los Señores Jueces y Fiscales que se creen y se autoproclaman de honestos, que mientras acepten dócilmente convivir y ser pares de individuos de la talla de Norberto Oyarbide no son ni serán merecedores del respeto que se le debe a un magistrado? Que no pueden ni deben seguir defendiendo sus privilegios dinerarios y ensanchando sus traseros en cómodos sillones, mientras la sociedad que le paga sus sueldos es estafada, maltratada, robada, violada, abusada y muerta.

¿Se atreverán alguna vez esos mismos Señores Jueces y Fiscales a cuantificar el daño que le provocaron y siguen provocando a la ciudadanía y a la Nación, resignando en manos de los políticos de turno el Poder de que les otorga la Constitución Nacional vital para guardar el orden y equilibrio social, solo para convertirse en sus felpudos?

El sábado 8 de setiembre de 2007, el diario La Nación publicó:

    “Las encuestas muestran que el 85 por ciento de la población tiene desconfianza en la Justicia y eso se relaciona con que hay un consenso absoluto en que existe una importante demora. Es tarea nuestra revertirla”, dijo la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton, a un auditorio con jueces de todo el país. Sus interlocutores compartían el diagnóstico. LA NACION consultó a 20 magistrados de las distintas provincias y todos coincidieron en que es imperioso acelerar los juicios.

Hoy, a dos años de aquel congreso realizado en Salta, todo sigue peor. No sólo la justicia continúa siendo lenta y servil, prevaleciendo los derechos de los “Pobres Delincuentes” por encima de la vida y los bienes del ciudadano común, del hombre de trabajo, de los pobres jubilados que a diario son asesinados o golpeados ferozmente para despojarlos de magros ahorros, por parte de delincuentes generalmente menores que ustedes devuelven a las calles en pocas horas.

La Unión Iberoamérica de Colegios y Agrupaciones de Abogados (U.I.B.A.) emitió en su oportunidad durísimos dictámenes, producto de estudios y estadísticas serias: la Argentina es el país iberoamericano en donde más duran los juicios civiles y penales y donde la gente menos confía en los magistrados. Sólo los jueces del Ecuador despiertan menos confianza en la gente. La justicia más confiable de Iberoamérica es la de España (47 por ciento de la población cree en ella), seguida por la de Colombia (42%), y Venezuela (40%). En el otro extremo se encuentran Guatemala (20%), la Argentina (11%), y Ecuador (7%). Los poderes judiciales más independientes, calculados sobre un puntaje óptimo de 7, son Uruguay (saca 4,9 puntos), Chile (4,6), Brasil (3,9).Mucho más abajo, en la 14a. posición, la Argentina figura con 1,9 puntos y cierra la lista Venezuela, con 1,2 puntos de independencia.
   
Por supuesto, todas y cada una de estas reuniones contó con la presencia de distinguidos dirigentes de F.A.C.A -la Federación Argentina de Colegios de abogados-, que rubricó todas y cada una de las conclusiones. Estas son las mismas a través de los años pero, en nuestro país, guardan respetuoso silencio en relación a los atropellos del Ejecutivo. Tampoco se conocen importantes medidas punitivas ni grandes críticas por las aberraciones jurídicas cometidas a diario por los jueces, que antes -por cierto- son abogados. Si asimilamos el accionar de los colegios y sus tribunales de ética con los entes de control argentinos, podríamos calificarlos como meros clubes de fans.

Hablar con los abogados argentinos es siempre desalentador: todos tienen asumido de antemano que, por ejemplo, medidas absolutamente lógicas y justas, al solicitarse un juicio contra el Estado, alguna empresa poderosa o alguna ART, el juez o fiscal no le harán lugar. Puede citarse, por caso, el intento de lograr una pericia forense seria yendo contra una ART o contra un sanatorio importante. En la práctica, esto es imposible, por cuanto todo se encuentra "tarifado". Un ejemplo bien claro: el fiscal Pabloski negó el secuestro de una Historia clínica, tal lo pedido por el denunciante, donde estaba perfectamente documentado un caso de mala praxis y ordenó la pericia, prácticamente sin pruebas. Los médicos se prestaron a una payasada equivalente a dictaminar una autopsia sin tener el cadáver. El episodio terminó con el expediente archivado. Consultados numerosos abogados al respecto, la respuesta fue unánime: -No vale la pena; estamos en la Argentina, donde todos están comprados.

Tanta desidia y desprotección está llevando a gran parte de la población a tomar medidas extremas como armarse, enrejar sus viviendas -como si se tratara de cárceles-, y día a día vemos como aumentan los casos de justicia por mano propia. En casi todo el territorio nacional, los ciudadanos sabemos quién vende droga y quién la consume. Pero denunciarlo es por demás riesgoso y equivale -en incontables casos- a la muerte.

Son ya demasiados los policías que, al ser consultados en confianza, aseguran que intentar combatir la droga equivale a quedarse sin trabajo. Se presume que la respuesta es tal pues están complicados en este negocio encumbrados políticos, parte las jefaturas o cúpulas policiales, algunos jueces y fiscales, etc. Por eso, la apatía lleva a algunos policías en muchos casos a obrar como un delincuente más ("Si agarrás un menor de caño, ratero o dealer le sacás el arma o lo que lleva encima, le das una patada en el trasero y lo largás, si lo llevás preso tenés que escribir dos o tres horas. En el juzgado, además de mirarte torcido, lo dejan en libertad en quince minutos: el menor viene más tarde y te raya el auto o te hace cualquier otra maldad. En algunos casos hasta llegan a amenazarte la familia").

Por todo lo expresado -realidad que Ustedes conocen sobradamente-, es vital que dejen de autoproclamarse dioses del Olimpo, llenos de prebendas y privilegios: los ciudadanos argentinos necesitamos que cumplan con su deber, que abandonen esa falta de compromiso que siempre los ha caracterizado. Salgan de sus madrigueras y visiten las cárceles. Háganse cargo de la responsabilidad que les compete y abandonen esa cobardía que los paraliza. Dejen de escudarse en la falta de presupuesto y asentándose en excusas pueriles para frenar los expediente de corrupción gubernamental esperando la prescripción. Terminen ustedes con los encapuchados con palos que se adueñan de las calles y rutas del país. Ocúpense de los menores que ustedes devuelven a las calles, después de que cometieron gravísimos delitos en forma reiterada. No pueden Ustedes, Señores magistrados y demás, seguir mirando desde la comodidad de su hogar y por televisión como un grupo de vándalos destruye el patrimonio nacional de una provincia, de un municipio, cuando no lo hacen en perjuicio de la propiedad privada con las clásicas usurpaciones. Teniendo todos los elementos en sus manos, no pueden seguir ignorando estos hechos que son delitos y, claramente, hacen a su competencia como funcionarios en la administración de justicia.

Señores Magistrados: los ciudadanos exigimos y necesitamos que todo aquel que sienta que el coraje no le alcanza para cumplir con su deber, deje el lugar a quien verdaderamente lo pueda honrar.


Por Carlos A. Morán Hidalgo
Originalmente publicado en la web Tribuna de Periodistas, el 27 de octubre de 2009.
http://www.periodicotribuna.com.ar/

Por Carlos Alberto Morán Hidalgo - Carta publicada en la web Tribuna de Periodistas, el 27 de octubre de 2009